La Jornada 21 de agosto de 1996

La presión estadunidense se agrega a la cuantiosa deuda de la empresa con Cuba

Juan Balboa, enviado/I, La Habana Ť El grupo mexicano Domos, la principal empresa extranjera en Cuba por sus compromisos de inversión, es una de las 20 firmas mexicanas que forman parte de la lista negra de la ley Helms-Burton, y es la segunda después de la canadiense Sherrit International, que recibió una carta de advertencia por parte de Washington.

La corporación de Javier Garza Calderón se encuentra entre la espada y la pared: presionada, por un lado, por sus incumplimientos de más de 300 millones de dólares en el pago de sus pasivos al gobierno cubano y, por el otro, en la mira de la Helms-Burton.

De la larga lista de empresas mexicanas que podrían ser sancionadas por esta legislación, se menciona en especial a cinco que participan en el mercado cubano impulsadas, la mayoría, por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari: Grupo Domos, International Textiles Corp., Cubacell Enterprises y Cemex. Esta última anunció su retiro de la isla, aunque el gobierno cubano asegura que nunca invirtió en la producción de cemento.

Los empresarios de Monterrey, conocidos en la Habana como ``pragmáticos'', y calificados por los funcionarios cubanos como ``emprendedores y visionarios'', capitalizaron en los últimos tres años del sexenio del ex presidente Salinas industrias arcaicas de propiedad estadunidense antes del triunfo de la Revolución, y que fueron paralizadas por la desaparición de los países socialistas de Europa del Este.

Las inversiones de los regiomontanos comprometidas en Cuba abarcaban, hasta 1995, telefonía, turismo, cemento, textiles, níquel, producción y exportación de energía eléctrica, y hasta un parque industrial. La mayoría de ellas se conformaron como empresas mixtas (joint ventures).

De todas las firmas mexicanas, pero principalmente regiomontanas, tres se mantienen en la actualidad con grandes inversiones en el mercado cubano y con ambiciosos proyectos en el turismo. Las tres se encuentran en la lista de las que serán sancionadas por Estados Unidos.

Al finalizar el sexenio salinista, el Grupo Domos Internacional, encabezado por Javier Garza Calderón, suscribió con el gobierno de Fidel Castro la empresa más ambiciosa de todas las que se han formado en la isla y emergió, por monto de inversión y dimensión del proyecto, como la firma extranjera más importante de Cuba. Garza Calderón obtuvo en ese entonces el 49 por ciento de la caduca Empresa Telefónica de Cuba, y la nueva firma se constituyó en diciembre de 1994 con una concesión de un cuarto de siglo.

Según datos oficiales obtenidos en La Habana, la inversión inicial comprometida era de 200 millones de dólares, y en siete años el capital debería ascender a los 700 millones. En el 2019 la empresa habría invertido en la isla mil 500 millones de dólares. Entre sus planes pretendía entrar de lleno al sector de servicios.

La empresa regiomontana, por medio de su filial Corporación Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), recibió la concesión para modernizar las redes telefónicas cubanas. En la firma de la concesión a Domos, el 13 de junio de 1994, estuvieron presentes los presidentes Fidel Castro y Carlos Salinas de Gortari, y el último confirmó que la operación había sido financiada en parte por el gobierno mexicano, que permitió así a Cuba cancelar su deuda con México que ascendía a poco más de 300 millones de dólares.

La empresa mexicana es una de las que mayor presión reciben de parte de los grupos anticastristas, porque se apoderó del jugoso mercado de las telecomunicaciones y frenó el deterioro de la red de telefonía en Cuba: en dos años logró sustituir el 60 por ciento de los aparatos inservibles y aumentó las llamadas completas en 32 por ciento.

De acuerdo con informaciones de funcionarios cubanos y empresarios mexicanos, el Grupo Domos sufre un grave problema de liquidez desde fines del año pasado y ha incumplido con los pagos comprometidos con el gobierno de Castro. Según empresarios mexicanos radicados en la isla, el grupo debe más de 300 millones de dólares al gobierno de La Habana.