En Oaxaca, cacería de ``eperristas''

José Gil Olmos, enviado /I, Los Loxichas, Oax., 26 de diciembre Ť Empotrado en el filo de la Sierra Madre del Sur, desde hace tres meses este municipio zapoteco de extrema pobreza, gobernado por el PRI, se ha convertido en uno de los principales focos de atención de los gobiernos federal y estatal en la búsqueda de las fuerzas del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Hasta el momento, 38 personas, la mayoría zapotecos, han sido detenidos en 8 incursiones en las que intervinieron policías judiciales estatal y federal, además de tropas del Ejército Mexicano. Veintincinco están encerrados en una minúscula celda del Centro Penitenciario de Readaptación Social (Cereso) de Ixcotel, a las afueras de la ciudad de Oaxaca --cinco hablan sólo zapoteco pero firmaron declaraciones en español--, y 13 en reclusorios de la ciudad de México y de Tula, Hidalgo.

Todos están acusados de 14 delitos, entre ellos homicidio, terrorismo, rebelión, acopio de armas y conspiración, presuntamente por haber participado en el operativo del EPR el 28 de agosto en Tlaxiaco y el 29 en La Crucecita, Huatulco, en el que murieron cuatro marinos, tres policías y un comerciante.

Además de esos dos operativos, las fuerzas eperristas sólo han efectuado otro, el 31 de octubre en el puente de Macuilxóchitl, Tlacolula, donde también murieron cinco policías preventivos.

Entre los detenidos acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario se encuentran autoridades municipales como el alcalde de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia; el suplente Isaías Ambrosio Ambrosio; el secretario municipal Manuel Nicandro Ambrosio José; los policías municipales Pedro Ruiz Sebastián y Venancio Antonio Santiago; el agente municipal de San Francisco Loxicha, Emiliano José Martínez, y su suplente, Benito Matías.

Con helicópteros y avionetas militares, tropas de soldados y cientos de judiciales fuertemente armados, se han efectuado los operativos para localizar las bases del EPR en este municipio escondido entre la zona serrana, comunicado sólo por un camino de terracería que termina en San Agustín Loxicha.

El procurador de Justicia estatal, Roberto Pedro Martínez Ortiz, explica que los operativos comenzaron a partir del descubrimiento del cuerpo del regidor de hacienda de San Agustín Lixchica, Fidel Martínez Martínez, quien habría participado en el ataque de La Crucecita, y también por la detención de Ricardo Martínez Henríquez y Félix Pedro Hernández, habitantes de este municipio, que presuntamente actuaron en ese operativo del EPR.

Sin embargo, el abogado defensor del grupo, Israel Ochoa, asegura que hasta el momento las autoridades no han comprobado esta acusación porque no presentaron ningún acopio de armas ni comprobaron las afirmaciones de que en esa zona había centros de adiestramiento del EPR.

Los Loxichas, municipio priísta acusado de ser base del EPR

En la microrregión de Los Loxichas, cercana a las costas de Puerto Escondido, viven cerca de 35 mil habitantes en 32 comunidades y cientos de poblados diseminados en las montañas, muchos de ellos incomunicados.

Dedicados a cultivar maíz y café, principalmente, los zapotecos de Los Loxichas habitan en casas de bejuco, sin drenaje, escasos servicios de luz y agua, y con 52 escuelas rurales en las cuales se han suspendido clases desde hace dos meses porque algunos maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están señalados como miembros del EPR. Incluso, nueve de ellos han sido encarcelados, y el ex líder de esa sección del magisterio, Erangelio Mendoza, ha sido identificado como uno de los dirigentes eperristas.

Declarados como simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y participantes del Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), los habitantes de este municipio que forma parte del distrito de Pochutla dicen sentirse ``lastimados'' por el gobierno por el que ellos votaron.

Manuel Valencia Santiago, de la comunidad de Loma Bonita, donde supuestamente se encontraba uno de los campamentos del EPR, fue detenido por los judiciales el primero de diciembre y puesto en libertad dos días después. ``Sí, somos priístas, y eso le decía yo a los judiciales. ¿Por qué nos golpea el gobierno si nosotros votamos por ellos. Así nos pagan?'', dice lacónico mientras recuerda los maltratos que le propinaron los judiciales cuando, esposado, lo sacaron de su casa.

La queja se repite entre las mujeres del poblado de La Magdalena del municipio de San Agustín Loxicha, donde han sido detenidos ocho indígenas, dos de ellos autoridades de la agencia municipal --Bulmaro José Juárez y Celso Almaraz Martínez--. Las mujeres replican: ``Votamos por el PRI y esta es la recompensa que recibimos. En vez de que nos ayude el gobierno nos quita al marido. Dicen que somos eperredistas y zapatistas, pero nosotros no sabemos nada''.

Los vecinos de Loxicha reiteran que el PRI es la única fuerza en la región, pero también reconocen que Antorcha Campesina ha trabajado en algunas comunidades como Tobalá Copalita, Barrio del Portillo, San Vicente Yogodoy, Río Lindavista, La Paz Obispo y San Agustín. Sin embargo, dicen que ninguno de los detenidos pertenece a Antorcha Campesina.

Medio siglo de conflictos

Para algunos de los habitantes de San Agustín las detenciones que han sufrido sus autoridades y compañeros es parte de la historia de persecuciones que vivieron a finales de la década de los setenta, cuando se buscó a las comunidades que apoyaban al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), y todavía más atrás, desde mediados de siglo, en la lucha por la posesión de las tierras de San Francisco Loxicha, por la cual han resultado muertas más de 350 personas en los últimos 20 años.

Según la coordinadora de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), Angélica Ayala, desde que apareció el Procup en la década de los setenta la región de Los Loxichas ha vivido una constante persecución militar y judicial. Desde entonces ahí se ha buscado la existencia de grupos armados. A partir de 1994, cuando apareció el EZLN, nuevamente los zapotecos de esta zona de la Sierra Madre del Sur fueron ``hostigados'', y más todavía con el surgimiento del EPR, el 28 de agosto pasado.

Sin embargo, también ha entrado en el conflicto la lucha por la posesión de las tierras de San Francisco Loxicha --de donde son algunos de los acusados de formar parte del EPR--, por la cual entre 1978 y 1980 fueron expulsadas mil 350 personas que habitaban el lugar y que son descendientes de los que llegaron a esta zona a partir de 1940 procedentes desde Coatecas Altas, distrito de Ajutla de Crespo, para comerciar con maíz, café y frijol, principalmente.

De acuerdo con la versión de las autoridades de San Francisco, las familias que descienden de Manuel Martínez Vázquez y de Cirilo Antonio Santiago formaron un cacicazgo comercial desde que llegaron, y aprovechando su fuerza se apoderaron de algunas propiedades de la comunidad. Según un documento de las autoridades municipales, esas personas cometieron asesinatos, violaciones y amenazaron con tomar bajo su control la agencia municipal, por lo que fueron expulsadas.

Reconocido desde este año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el viejo conflicto tuvo un acuerdo desde 1994 que no fue aceptado por las autoridades de la comunidad: el retorno de 600 personas de las mil 300 expulsadas. Estas últimas pedían la separación de San Francisco del municipio de San Agustín Loxicha y pertenecer a Pochutla, bajo el argumento de que serían víctimas de la venganza de ``grupos armados'' que operaban en esa región.

De acuerdo con la versión de los presos que se encuentran en el Cereso de Ixcotel acusados de formar parte del EPR, algunos expulsados aprovecharon la situación para implicarlos en este grupo armado. Aseguran que, embozados en máscaras blancas, algunos de ellos acompañaban a los judiciales e iban señalando a los presuntos eperristas.

De esta forma, la conjunción de intereses sobre las tierras y las versiones de que en Los Loxichas existen grupos armados ha provocado que aquí se viva una situación muy tensa.

La presidencia municipal se encuentra abandonada desde hace varias semanas. Los habitantes de la región temen hablar con extraños y aseguran que nada saben del EPR ni de otro grupo armado.

A un costado del palacio municipal, en una de las caras de la montaña pintada de blanco, una enorme leyenda del pensamiento de Benito Juárez refleja parte de esta situación: ``Malditos aquellos que con sus palabras apoyan al pueblo y con los hechos lo traicionan''.