La Jornada 30 de agosto de 1997

El presidente del Grupo Abaco, bajo arraigo

Gustavo Castillo, Roberto González Amador y David Carrizales, corresponsal Ť Un grupo de agentes federales arrestó ayer en la ciudad de México a Jorge Lankenau Rocha, quien hasta hace tres días presidía Abaco Grupo Financiero, y sobre quien pesa la sospecha de haber cometido un fraude en perjuicio de 250 personas por un monto de 170 millones de dólares. Por orden de un juez del Distrito Federal, el banquero fue trasladado a Monterrey, donde permanecerá bajo arraigo domiciliario.

La detención ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el edificio que alberga las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al sur de la capital, después de que Lankenau Rocha se entrevistó con el presidente de ese organismo gubernamental, Eduardo Fernández García.

Lankeanau Rocha, también presidente del equipo de futbol Monterrey, fue trasladado en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal a Monterrey, donde quedó bajo arraigo domiciliario.

Aun cuando la detención del empresario regiomontano ocurrió poco antes de las 15:00 horas, la PGR no informó del hecho, sino hasta cinco horas después, a través de un comunicado de prensa.

Mientras tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, encargada de investigar los delitos cometidos en el sistema financiero, confirmó que después de escuchar las opiniones de la CNBV presentó el pasado jueves una querella por la comisión de conductas presuntamente irregulares llevadas a cabo por Lankenau Rocha.

El miércoles pasado, el gobierno federal decidió decretar la intervención gerencial de Abaco Grupo Financiero, así como de sus subsidiarias Banca Confía y Abaco Casa de Bolsa. La determinación, según la CNBV, no estuvo relacionada con el posible fraude cometido por Lankenau Rocha contra un grupo de 250 inversionistas, cuyos fondos fueron depositados por la casa de bolsa en operaciones off-shore en las Islas Caimán y Paraguay, dos países que, según las leyes nacionales, son considerados como paraísos fiscales.

Al tiempo que decretó la intervención, la CNBV decidió vender Banca Confía al banco estadunidense Citibank, institución que rechazó el jueves que la adjudicación estuviera relacionada con las operaciones presuntamente ilegales realizadas por Lankenau Rocha.

La PGR solicitó este viernes al juez séptimo de distrito en materia penal del Distrito Federal una solicitud para que fuera arraigado Jorge Lankenau Rocha. Esa petición obedeció a las denuncias presentadas el miércoles pasado por un grupo de inversionistas regiomontanos, con motivo del incumplimiento de obligaciones a cargo de la Casa de Bolsa Abaco.

Como resultado de las denuncias presentadas tanto por inversionistas como por la Procuraduría Fiscal, el juez federal decidió arraigar en Monterrey a Lankenau Rocha, con el propósito de integrar debidamente la averiguación ``para estar en aptitud, en caso de que proceda, de presentar la respectiva consignación por los ilícitos que se generen''.

En Monterrey, Arturo Quintero Treviño, representante legal de 45 inversionistas defraudados por la Casa de Bolsa Abaco, interpuso ayer por la tarde una tercera demanda contra el presidente y principal accionista de esta institución financiera, Jorge Lankenau.

Quintero Treviño dijo a la agencia Notimex que la demanda presentada ante el fuero común corresponde a actividades pesuntamente ilegales realizadas por el empresario Agustín Valdés Alonso, socio de Lankenau, quien colocó capital de esa firma desde 1992 en naciones consideradas como paraísos fiscales.

El expediente de demanda está integrado con declaraciones de promotores bursátiles, quienes se niegan a pagar el monto de las inversiones a los ahorradores y donde se señala que todas las operaciones fueron realizadas en oficinas de Abaco Casa de Bolsa.

Asimismo, dijo a la agencia de noticias que la próxima semana presentará otras 20 o 30 demandas penales, que en conjunto abarcan más de 10 millones de dólares, contra Lankenau Rocha y sus socios.

El abogado aseguró que el banquero regiomontano convenció a los inversionistas para colocar capital en una firma de las llamadas off-shore en las islas Caimán, para eludir el pago de impuestos, y sin autorización envió el dinero a otra off-shore en Paraguay.