La Jornada 27 de diciembre de 1997

El resultado de la PGR, maniobra de Gobernación: López Obrador

Roberto Garduño E. Ť El resultado a que llegó la investigación de la PGR ``es una maniobra de Emilio Chuayffet'' que demuestra que las autoridades federales y estatales están detrás del baño de sangre de Acteal, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

``Es absurdo, es el colmo, es el cinismo y demuestra que en México impera la impunidad; este es un país de impunidades'', dijo. Recordó que Jorge Madrazo, como ombudsman, fue el primero en eximir a Rubén Figueroa de la matanza en Aguas Blancas.


Ayuno en el Angel. Foto: Duilio Rodríguez

``Es una maniobra de Chauyffet; Madrazo hace lo que Chuayffet indica, exactamente como lo hizo con Aguas Blancas. El secretario de Gobernación le dio el guión al entonces presidente de la CNDH y éste lo siguió al pie de la letra, por lo que eximió a (Rubén) Figueroa; es grave e indignante...''

Por eso, abundó, el secretario de Gobernación debe renunciar a su cargo, porque ha obstruido la posibilidad de un diálogo en Chiapas, expuso. El líder nacional del PRD advierte que el gobierno federal auspicia una guerra cuya intensidad crece a diario y ya desborda los límites geográficos y sociales de la zona de conflicto.

Los acontecimientos de Acteal propiciaron que el dirigente perredista propusiera un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para que se apruebe la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

En conversación con La Jornada, López Obrador adujo que de lo ocurrido en el municipio de Chenalhó se desprende la responsabilidad de las autoridades estatales, por lo que se precisa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que ordene la desaparición de poderes en Chiapas.

Sobre la postura que adopta el gobierno federal opinó: ``Como en otros graves y grandes problemas nacionales, el gobierno responde a las demandas de justicia y democracia con sus tácticas de siempre, de simulación, apostando al desgaste y del empantanamiento de la crisis''.

La actitud gubernamental, dijo, obedece a que se actúa con políticas viejas para resolver problemas recientes. ``Ha cambiado la realidad pero no la política que aplica el gobierno, la divisa de esa actitud es la cerrazón elitista''.

Desde el encuentro que sostuvo con el presidente Ernesto Zedillo, recuerda López Obrador, se propuso abrir canales de solución en Chiapas, ``pero nada fue atendido'', se quejó. ``Deprime y subleva saber que a diario asesinan y encarcelan a campesinos e indígenas sin que alguien los defienda y obligue a sancionar a los responsables''.

La primera respuesta del gobierno tendrá que redundar en el castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, pero deberá haber otras; ``tiene que haber señales de que va ha cambiar la política del gobierno y una de esas señales debe ser la salida del secretario de Gobernación, porque ha venido obstruyendo la posibilidad de un diálogo con compromisos en Chiapas''.

--¿Qué propone su partido? ¿Qué hacer?

--Es imprescindible un cambio en la política del gobierno para generar un ambiente propicio de diálogo efectivo con resultados satisfactorios para las partes.

--Los desplazados de Chenalhó se dicen perredistas...

--Lo que sucedió es parte del ambiente de intolerancia y de autoritarismo que impera en Chiapas. Es por su simpatía con el PRD, con el zapatismo o forma parte del cristianismo comprometido y que los escucha. Los indígenas en el estado se encuentran necesitados de justicia, pero en el fondo lo que quieren es liberarse y buscan un instrumento; esa posibilidad se llama PRD, zapatismo e Iglesia comprometida, y se convierten en su referente.

La reacción oficial, fuera de la realidad

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD informó, a través de un comunicado de prensa, que las medidas adoptadas por el gobierno federal en relación con los hechos de sangre de Acteal ``no corresponden a la extrema gravedad de la situación''. El castigo a los autores materiales y a algunos funcionarios locales sólo perpetúa la impunidad:

``Hay pruebas contundentes sobre la complicidad del gobernador de Chiapas con las bandas paramilitares, tal como lo hemos advertido reiteradamente desde hace tiempo al gobierno federal y a la opinión pública, de la misma manera que muchas otras organizaciones y personalidades. Exigimos al Presidente de la República que inicie inmediatamente el procedimiento de desaparición de poderes en el estado de Chiapas''.

La dirección perredista exige al gobierno federal que si confirma su decisión de respetar los acuerdos de San Andrés, ``le corresponde dar su aval a la propuesta de ley elaborada por la Cocopa, que ya fue aceptada por el EZLN. El secretario de Gobernación debe estar plenamente consciente que ésta es la medida que permitiría abrir el camino para reiniciar el diálogo para la paz con dignidad y justicia en Chiapas''.

El PRD demandó también que el despliegue del Ejército Mexicano no sea utilizado para agredir a las comunidades indígenas, violar garantías y derechos individuales o encubrir a bandas paramilitares.