El escenario político actual está definido por una intensa lucha por el poder --para preservarlo, para acceder a él, para disfrutarlo-- conforme a nuevas reglas. En el debate aparece la democracia como un fin y no como un medio (para construir una sociedad justa) y la transición como un valor en sí mismo, sin sopesar que sólo es camino para llegar a un régimen con nuevas condiciones. Partidos y personalidades no han logrado concebir que el momento actual exige un nuevo arreglo social y no un acuerdo de élites.

A lo largo de nuestra historia, la Constitución nos ha dado las bases para obtener importantes conquistas sociales al convertir la letra en política pública. Ahora, en su nombre, se impulsa o frena el avance democrático.

Aspiración y proyecto nacional, arranque y llegada, principio y fin, todo y al mismo tiempo, las Constituciones no son sino el acuerdo fundacional que una nación se da a sí misma para convertirse en el país que quiere ser, en el que ha decidido ser.

A más de ocho décadas de haber sido promulgada y con más de 400 reformas, nuestra Constitución espera recibir ese nuevo acuerdo social --plural e incluyente-- que defina, de una vez y sin demora, el perfil de la nación que queremos ser.

Y es que el proceso de reforma del Estado tiene traducciones concretas: redimensionar el peso y la relación entre los poderes de la Unión, construir un federalismo auténtico --sin trampas ni candados--, sentar las bases de una pronta y eficaz procuración de justicia, sustentar la reforma social --donde la educación es pieza decisiva--, dotar a la ciudadanía de mejores espacios de participación política, reconocer el mosaico de identidades culturales que nos conforman... de tal manera que los poderes se limiten unos a otros y se instaure un equilibrio democrático en las formas de gobierno, de representación, de participación, de justicia. Se requiere repensar el país.

Pero para empezar, como lo creyeron los constitucionalistas de 1917, tenemos que dar fin a la violencia --de cualquier signo-- y confiar en los oficios de la política: que genere condiciones mínimas para un acuerdo social mayor. ``Si los hombres conocen la historia no se repetirá'', escribía convencido Brunschvigg.

El presente tiene siempre algo de pasado; por eso hay que recordar, con Octavio Paz, que ``la Revolución Mexicana fue como un estallido de la realidad: una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano''.

Por tanto, la discusión sobre los contenidos de la Constitución en el marco de la reforma del Estado debe orientarse, entre otras cosas, a la transformación del presidencialismo, rasgo sui generis que don Daniel Cosío Villegas describió al referirse al sistema político mexicano, en el que uno de los pilares que lo sostenían era un amplio, excesivo y legalmente reconocido Poder Ejecutivo, con facultades extraordinarias y con un Poder Legislativo que le estaba subordinado.

Cosío Villegas añadía que las atribuciones extraordinarias detentadas por el Ejecutivo provenían básicamente de las leyes, que propician que México sea gobernado por una autoridad verdaderamente centralizada: país de un solo hombre.

Los nuevos tiempos han estado imponiendo, paso por paso y a cuenta gotas, la revisión y la reforma del andamiaje jurídico que no corresponde cabalmente al México que somos y al que queremos ser.

Pero, quizás, estamos frente al momento de dejar de hacer retoques y ajustes y de atrevernos a imaginar y consensuar, como nunca se ha hecho en el pasado --el ``proyecto nacional'' ha sido, con frecuencia, el de la fracción triunfante--, las bases constitucionales para el nuevo milenio.

Si no logramos hacer de la reforma del Estado, un ejercicio superior para un desarrollo incluyente con participación social muy rica y amplia (más allá de partidos y legisladores)...

Si dejamos escapar la oportunidad, estaremos condenados a reproducir desequilibrios, rezagos, contrastes económicos, políticos, sociales y culturales, que atentan contra la razón de ser de un Estado nacional.

No se trata de caer, como lo advierte Silva-Herzog Márquez, en el utopismo constitucional: ``... una tendencia a ver en la norma una poción mágica que todo lo resuelve''.

Más que resolver o consumar la transición, debemos garantizar que no la detenga, que no entorpezca el avance democrático.

Hoy el reto es hacer una Constitución para el nuevo tiempo mexicano, una Constitución que sea resultado de un nuevo arreglo social.

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