Transferencias y nuevos proyectos, áreas a sacrificar

Elizabeth Velasco Ť Senadores y diputados del PRI sostienen reuniones privadas con autoridades del poder Ejecutivo, particularmente de Hacienda, para definir el monto de las participaciones federales y la postergación de proyectos en Pemex,

CFE, SCT, como consecuencia de que el país dejará de percibir 19 mil 690 millones de pesos por la baja en el precio del petróleo.

Fuentes priístas filtraron que las participaciones federales a los estados, programadas en 113 mil millones de pesos, tendrán una reducción de mil 700 millones de pesos por la disminución en la captación de los impuestos.

Por su parte, el gobierno federal cargará con el peso de la reducción de los ingresos, mediante un recorte en áreas no estratégicas, previsto en alrededor de 1.25 por ciento del presupuesto destinado a cada una de las dependencias gubernamentales.

En las empresas paraestatales se tendrá que posponer diversos proyectos de infraestructura (construcción de carreteras, refinadores, obras eléctricas y otras), aun cuando son necesarios. Según las proyecciones de los legisladores y funcionarios, en Pemex habrá una reducción del orden de 5 mil millones de pesos; en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 4 mil millones, y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ``a diferencia de lo que dice la oposición, se trata de un recorte doloroso, porque se posponen obras de infraestructura necesarias; sin embargo, toda la parte social se respeta, así como los proyectos que fomentan la generación de empleos''. Indicaron, asimismo, que las autoridades hacendarias prevén que, ``a partir del segundo semestre de este año, el escenario económico será más favorable''.

Trascendió que en las reuniones privadas, en las cuales se excluye a los legisladores de oposición, participan los presidentes y secretarios, entre otros, de las comisiones Permanente y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Senado y la Cámara de Diputados, autoridades del Poder Ejecutivo, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.