Iván Restrepo
La agenda ambiental, otro olvido en Chiapas
Recientemente se informó en la Secretaría de Gobernación que el gobierno federal destinará millonaria suma a fin de resolver en parte los graves problemas económicos y sociales de Chiapas. La idea es combatir el atraso y la desigualdad imperantes en dicha entidad y que se revelaron a nivel mundial gracias al levantamiento de los indígenas zapatistas. Una vez más, el gobierno federal promete saldar injusticias acumuladas durante décadas. Sin embargo, extrañan los olvidos que tuvo al anunciar sus acciones.
En efecto, además de la nula participación de la población en el diseño de los programas dirigidos a ella, se ignoró el aspecto ecológico. Destacamos esta última ausencia pues la burocracia oficial repite por doquier la importancia que para el medio ambiente y el futuro de México tiene Chiapas. Gracias a su envidiable diversidad climática, posee una enorme y todavía poco conocida riqueza natural que es básica para cualquier verdadero programa de desarrollo. Algunos datos recabados por diversos centros de investigación ilustran, por ejemplo, su variada vegetación (18 tipos diferentes con más de 8 mil especies catalogadas); que allí se encuentra la tercera parte de los reptiles existentes en México, y un por ciento semejante de anfibios, al igual que el 80 por ciento de las especies de árboles tropicales del país. En fin, una fauna y una flora de incalculable valor.
Pero si es urgente utilizar racionalmente tan preciado patrimonio, no menos cierto es que durante décadas ha estado sometido a la más despiadada destrucción. De ésta se han beneficiado grandes intereses económicos y políticos que, por su forma de actuar, han creado numerosos conflictos sociales no exentos de violencia y represión. No solamente se trata de los cientos de miles de hectáreas de selva y bosque que han sucumbido por los programas oficiales para impulsar la ganadería extensiva y líneas de cultivo ``modernas'', sino también de la ocupación y uso inadecuado de tierras por grupos indígenas locales o colonizadores provenientes de otras partes del país, que buscan sobrevivir a cualquier costo. Igualmente, por la aplicación de insumos agrícolas que afectan la salud de la población expuesta y contaminan y deterioran la tierra y el agua. Es el caso de los agroquímicos aplicados indiscriminadamente en plantaciones del Soconusco.
La selva Lacandona (que reúne cerca de la mitad de la superficie forestal del estado) destaca por los daños que ha sufrido al perder cerca de un millón de hectáreas. Aún así, nadie duda de la importancia que todavía tiene, ni de los intereses que influyen en ella y en áreas cercanas: desde ganaderos y madereros, hasta Pemex y las trasnacionales interesadas en dominar el mercado mundial de productos derivados de la biodiversidad existente allí y en el resto de la entidad.
Son numerosas las llamadas de alerta a fin de evitar lo peor tanto en la Lacandona como en las demás áreas naturales, protegidas o no. En primer término, para detener el despojo y el agotamiento de la base material de que son víctimas las comunidades indígenas. Y en cambio, con ellas, buscar el desarrollo sostenible, la justa distribución de la riqueza. Pero la burocracia olvida lo anterior y cada sexenio repite errores que tanto han costado a la nación. Parece que así ocurre ahora con los nuevos programas millonarios que marginan la agenda ambiental y tienen a la población como convidada de piedra en la definición de acciones que la afectan más que a nadie, y pese a ser la más interesada en conservar y utilizar racionalmente un patrimonio histórico que conoce bien y es la base de su futuro.