La política científica nacional, en el fondo inexistente y más bien regida por ``las veleidades de funcionarios y no coordinados por un plan rector'', como bien señaló Díaz Arciniega en esta sección el pasado 5 de enero, ha afectado enormemente al desarrollo de la investigación agropecuaria. Esta importantísima actividad ha sido desdeñada no sólo por la Secretaría de Agricultura y sus instituciones asociadas, sino también por la propia comunidad científica, que no toma en cuenta las necesidades particulares de la disciplina. En el primer caso, seguramente las políticas neoliberales e intereses económicos derivados del TLC han hecho que se privilegie a sectores que obtienen ganancias a través de importaciones, en lugar de apoyar al largo y difícil trayecto de fomentar e impulsar la soberanía nacional alimentaria. En el segundo caso, la soberbia de la frecuentemente llamada excelencia académica dificulta el acceso de investigadores agropecuarios a los sistemas que intercambian productividad por sueldos. La normatividad en relación con esto último ignora por completo las características particulares de esos grupos de investigación agropecuaria, y muchas veces son evaluados a través de una información muy deficiente acerca del verdadero valor de ese trabajo. La demanda de que la investigación agropecuaria y sus participantes sea evaluada por pares reales que conozcan el asunto es no sólo razonable sino muy importante, pues México requiere vitalizar al máximo posible esa disciplina, si no, hasta nuestro sustento diario va a depender de fuerzas externas cuyo interés es meramente la sumisión técnica y económica.