ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, dijo a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), al explicar algunas de las razones por las cuales el Ejército Mexicano guarda determinadas posiciones en la zona del conflicto de Chiapas, que: ``...hay que añadir la situación de descomposición de las fuerzas locales. La única seguridad que tienen muchas comunidades es la presencia del Ejército. No es que el Ejército haga funciones de policía, pero sólo su presencia es ya disuasiva de actos delictivos''.

Las palabras del conductor de la política interior del país están consignadas en la página 79 -del informe de 169- que hizo la CCIODH luego de la visita que del 16 al 28 de febrero del presente año realizaron 210 personas provenientes de 11 países, para dialogar y conocer directamente el estado de los derechos humanos en Chiapas.

Si estudiaras...

Durante la reunión con los observadores internacionales, el secretario de Gobernación fue auxiliado por Adolfo Orive, coordinador de asesores; Emilio Rabasa, coordinador para la negociación y el diálogo, y Fernando Solís Cámara, subsecretario de asuntos migratorios.

La transcripción de las pláticas permite asomarse a los cerrados escenarios de la interlocución que se da en Bucareli. Por ejemplo, frente a los observadores internacionales, Orive llevó la parte de la confrontación directa.

Así, por ejemplo, cuando uno de éstos preguntaba la razón de las situaciones de violencia y de un clima general de conflicto paramilitar en la zona de Venustiano Carranza, que no es área de conflicto y donde no hay presencia ni del EZLN ni del Ejército Mexicano, la respuesta de Orive fue: ``Si estudiaras la historia de Chiapas, sabrías que se trata de la cuna de un movimiento clandestino terrorista presente en los años 70, que se llamaba la Liga 23 de Septiembre. Lo que estás haciendo es correlacionar dos eventos que no tienen relaciones causales...''

Los observadores replicaron que las denuncias recibidas no correspondían a los años 70, sino a hechos ocurridos en 1998.

Orive: ``Sí, pero hay conflictos que surgen con anterioridad. En Venustiano Carranza existe una organización clandestina terrorista que se llama EPR, que no tiene nada que ver con el EZLN ni con el conflicto. No se puede relacionar. Es como si yo me fuera a su país y dijera, `hay violencia aquí, hay violencia allá, hay violencia en las calles...' Sí hay, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra''.

Así dialogan los duros

Cuando el secretario Labastida abandonó la reunión de ese 24 de febrero ``para atender otros compromisos'', el tono de los funcionarios que se quedaron con los observadores fue más directo. Hubo una pregunta que incomodó al coordinador de asesores de Gobernación, en el sentido de si el gobierno no está usando al Ejército como ``moneda de cambio'', al decir Labastida Ochoa que si el EZLN regresara a la mesa del diálogo se podría pensar en reubicar al Ejército.

Orive reviró: ``Con toda sinceridad, con toda honestidad, me sorprende que viniendo ustedes a investigar los derechos humanos hagan preguntas que no tienen nada que ver con derechos humanos''.

Los observadores advirtieron que respetaban la opinión de Orive pero no la compartían, y que parte de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que habían recibido se relacionaban con la presencia del Ejército Mexicano, que estaría ``agravando la de por sí precaria situación de los derechos humanos en la zona, e incidiendo negativamente en las posibilidades de desarrollo de sus actividades cotidianas, su libertad de circulación, de trabajo...''

Orive: Pero eso, ¿qué tiene que ver con el EZLN?

Observadores: No con el EZLN, pero sí con el Ejército y los derechos humanos.

Orive: Pero usted hizo una pregunta relacionada con el EZLN.

Observadores: Con la presencia del Ejército.

Orive: Y con el EZLN. Usted lo mencionó, no yo.

Observadores: El EZLN sólo fue mencionado respecto a las declaraciones del señor Labastida.

Orive: Sí, pero el reposicionamiento no tiene qué ver con las comunidades que ustedes visitaron. El reposicionamiento tiene que ver con las comunidades del municipio de Ocosingo. Ustedes no pueden confundir la zona de conflicto.

Observadores: Visitamos esas comunidades.

Orive: No creo que hayan ido a Las Cañadas.

Observadores: Precisamente allí es donde fuimos.

Otras perlas gubernamentales

En posteriores entrevistas también se produjeron expresiones interesantes. Por ejemplo, Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró que la campaña xenófoba desatada en las semanas recientes en México era producto de los medios, quienes ya no sólo transmiten la noticia, sino que la crean.

De la reunión con Emilio Rabasa Gamboa, el informe menciona: ``El señor Rabasa no supo dar respuesta a las preguntas de la CCIODH sobre la evidente contradicción (de) que una iniciativa de ley promovida de forma unánime por un organismo como la Cocopa, de la cual forman parte todos los partidos políticos, incluso el PRI, fue rechazada por un gobierno formado por el mismo partido''.

Los observadores también le preguntaron respecto a su situación jurídica de ``coordinador'' y no de ``comisionado'', a lo cual Rabasa respondió asegurando que él coordinaba los esfuerzos de distintas entidades gubernamentales.

Si así es, se le preguntó, por qué el secretario de la Defensa Nacional había hablado de aplicar la ley de armas de fuego y explosivos a todos los grupos, incluyendo a los zapatistas. Rabasa explicó que hay ``civiles armados'' zapatistas, distintos de las ``tropas regulares'' del EZLN. Además, los acuerdos de San Andrés, violados por el mismo EZLN, no preveían la impunidad de todos los zapatistas armados, sino sólo su libre circulación hasta la sede de las negociaciones, y que el darles una interpretación más amplia era una concesión del gobierno. También dijo que había ``dos leyes simultáneas'' (la de armas de fuego y explosivos y la de concordia y pacificación) y que ``nos encontramos en una doble situación''.

Jorge Madrazo, procurador federal de justicia, respondió así a la pregunta relacionada con la presunta existencia de un puesto de militares cercano a Acteal desde donde pudieron haber escuchado los disparos de la masacre:

``No existía tal puesto. Hay que recordar que de la zona de Chenalhó son originarios bastantes soldados, y que es posible que algunos estuvieran en sus casas, de visita, y eso pueda haber ocasionado alguna confusión.''

Roberto Albores Guillén, gobernador de Chiapas, recibió la siguiente pregunta: ``Al hablar de liberación de líderes sociales, ¿reconoce entonces que hay presos políticos''. Y el mandatario respondió: ``Hay un atavismo en Chiapas: si existen presos políticos vamos a liberarlos''.

Conocidos los tonos y los contenidos de las respuestas de diversos funcionarios a la comisión de observadores internacionales, ¿a quién podría sorprender esa trampilla infantiloide (de no otorgar el visado FM3) con la que el gobierno pretende confinar a los representantes de esa comisión al estado migratorio de ``turistas'' para, así, con ese genial pretexto, negarse a recibir oficialmente el informe de la visita y, en dado caso, expulsar a tales representantes por ``violar'' las leyes del ramo?

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