Ayer, las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados --luego de que la dirigencia de Acción Nacional llegara a un acuerdo con el gobierno federal-- acordaron enviar al pleno la iniciativa de ley para crear el Instituto de Seguro de Depósitos Bancarios que, de aprobarse, significaría la legitimación de la conversión en deuda pública de los pasivos de la banca en poder del Fobaproa.

Aunque el presidente del CEN panista, Felipe Calderón, afirmó que el acuerdo significa una victoria para su partido y una medida benéfica para el país, lo cierto es que, en los hechos, no es ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, aunque la iniciativa del PAN modifica algunos de los puntos de la propuesta original enviada por el Ejecutivo, los ciudadanos tendrán que pagar el costo del rescate bancario, pues el gobierno deberá destinar cuantiosos recursos fiscales para cubrir el agujero abierto por el Fobaproa. Además, en el entendido de que la debacle bancaria fue originada por una errática y deficiente conducción económica gubernamental y por las operaciones irregulares, e incluso delictivas, cometidas en numerosas instituciones bancarias, el acuerdo entre el PAN y el gobierno implica, de traducirse finalmente en ley, hacer pagar a la sociedad por las equivocaciones, la malas prácticas administrativas y hasta por delitos cometidos, según sea el caso, por autoridades o banqueros.

Por otra parte, dado que el PAN desistió, en la práctica, de su exigencia principal, la renuncia de Guillermo Ortiz a la gubernatura del Banco de México, el acuerdo alcanzado en torno al Fobaproa constituye, a la vez, una derrota para el panismo y un nuevo riesgo para el país. Al aceptarse, sin hacer efectiva la renuncia de Ortiz, que quienes hubiesen sido miembros del Comité Técnico del Fobaproa no podrán formar parte de la Junta de Gobierno del nuevo instituto se crearía un peligroso vacío. Mientras Ortiz y Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se separen de sus cargos, la nueva institución propuesta por el PAN operará de forma endeble, compuesta por suplentes y con severas limitaciones, situación que, en lugar de coadyuvar en la solución del problema de la crisis bancaria, sólo introducirá nuevas incertidumbres y tensiones.

Por último, no debe olvidarse que la conversión en deuda pública de la totalidad o de parte de los pasivos de la banca tendrá un importante costo político para los partidos que la suscriban, pues éstos se estarían colocando del lado de los que, pese a la insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades de rubros tan importantes como la educación, la salud o el desarrollo agropecuario, aceptan destinar enormes recursos fiscales para rellenar el boquete del Fobaproa.

Basta señalar, por una parte, que los intereses acumulados por los pagarés emitidos por el Fobaproa de marzo a finales de noviembre de 1998, que ascienden a 108 mil millones de pesos, equivalen al 80 por ciento de todas las participaciones que --según el proyecto de Presupuesto-- la Federación entregará a los Estados en el próximo año y, por la otra, que los recursos destinados al Progresa, el principal programa gubernamental para la atención de los mexicanos en situación de pobreza extrema, son apenas el 42.9 por ciento de la partida de 18 mil millones de pesos prevista para el rescate bancario en 1999 en la iniciativa presupuestal del Ejecutivo federal.

Al formular su voto, los diputados deberán considerar que la sociedad rechaza cargar con el costo de la debacle de la banca --causada por equivocaciones y fraudes escandalosos-- y que, a los ojos de millones de mexicanos, quienes den validez legal a una operación tan turbia y lesiva para el desarrollo nacional como ha sido el rescate bancario se colocarán en abierta contradicción con el sentir de la sociedad. ¿Puede hablarse de democracia plena si los representantes populares actúan a contrapelo de la opinión de sus electores?