Ť En el fondo de la privatización de la CFE, el Grupo Atlacomulco

Ť Rodríguez Alcaine se le adelantó hasta al presidente Zedillo

Luego de haber sido su secretario particular durante su gobierno al frente del estado de México, Leonardo Rodríguez Alcaine le quedó a deber muchas al profe Hank. La suerte le siguió sonriendo y, posteriormente, después de haber sido el guardaespaldas de Paco Pérez Ríos, entonces secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana, cuando se fusionó con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), que dirigía Rafael Galván, se quedó como secretario general del naciente SUTERM. Después, muchos años después, cuando recién se preparaba el proyecto de privatización, Rodríguez Alcaine decidió, ¿por cuenta y riesgo propios?, anunciar improvisadamente el ingreso de capitales privados a un área estratégica para el país, como lo es, todavía, el suministro eléctrico. El precipitado anuncio causó inmediatamente malestar en los más altos círculos del poder, por lo que unos días despúes el propio jefe del Ejecutivo tuvo que salir al paso y, en un mensaje dirigido a la nación, explicó cuales serían sus motivos para, según dijo, capitalizar al sector eléctrico nacionalizado. La jugada maestra prácticamente se consolidó con la anuencia de Luis Téllez, al designar a Alfredo Elías Ayub -quien surgió como funcionario público con Alfredo del Mazo en la Secretaría de Energía- como director de la CFE, en sustitución de Regelio Gasca Neri, a quien, por cierto, le esperan días difíciles, pues la Contraloría iniciará una investigación por malversación dentro de la paraestatal, la cual será preparada por el nuevo director de Poyectos de Inversión de la misma dependencia, Eugenio Laris Alanís. La genial idea y la premura para hacer el anunció obedecieron a que Rodríguez Alcaine sería uno de los principales beneficiados del proceso privatizador, pues los propios clientes potenciales de la paraestatal le habrían ofrecido una espectacular gratificación para desmantelar el Contrato Colectivo del Trabajo que rige las relaciones entre empresa y sindicato, amén de que eventualmente hasta podría obtener una concesión o ser socio en la construcción de una central generadora. El Grupo Hermes, también ligado el Grupo Atlacomulco, participó en la construcción de la Central Mérida III y ahora se buscaría, a través del mismo y una vez aprobada la reforma presidencial, ampliar sus inversiones en la industria eléctrica hasta el proceso de comercialización, área donde el sector privado no había podido ingresar. Se percibe claramente la presencia del profe Hank, pero los que saben de esto dicen que, cuando está el Grupo Atlacomulco, está Carlos Salinas. No es ocioso pensar en que, a propósito del cambio tan drástico que propone el Poder Ejecutivo federal en la industria eléctrica, anteriores directores de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro opinaran sobre ello. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, de algunos técnicos profesionistas y directivos del sector eléctrico que tienen muchos años en esta industria. ¿Por qué tanto aceleramiento en la presentación de propuestas de cambio, cuando luego de casi cuatro años de gestión del doctor Gasca en la CFE se descubrieron formas alternativas, ventajas, inconvenientes y beneficios? ¿No puede y debe saber la nación qué pasó en esos cuatro años y por qué no se hicieron las cosas como originalmente se pensaban? ¿Quién o quiénes están atrás de la propuesta de reforma a la industria eléctrica? La sociedad mexicana merece información. Da la impresión de que a pesar de que, efectivamente, se hablaba de la necesidad de cambio, la propuesta de la Secretaría de Energía parece sacada de la manga, preparada por unos asesores que copiaron bien los marcos de restructuración de la industria eléctrica de Estados Unidos.

Meleé

Un agradecimiento sincero para el licenciado J. Raúl Vera y Franco, de quien recibí en días recientes una cordial misiva con relación a la columna publicada el primero de febrero. El licenciado Vera tuvo la amabilidad de darme a conocer su interés por que las personas que tenemos la oportunidad de escribir en este diario no nos prestemos al juego de ``desprestigiar a funcionarios honestos con información falsa, máxime ahora que, sin necesidad de recurrir a intrigas, algunas instituciones han dejado mucho de qué hablar, pues ello propiciaría que los extranjeros hablen cada día más de la corrupción de nuestras autoridades''. Me permito enfatizar que en La Jornada siempre hay un espacio reservado al derecho de réplica; por lo que el juez Carlos Yarza Carranza pudo aclarar la información difundida en esta columna, de haberse considerado afectado, y hasta imputar -con base en su conducta- que mis declaraciones son ``frívolas e infundadas'', como lo determinó el señor Vera, de quien cabe precisar, es el representante legal de la parte acusada en el proceso en cuestión. En cuanto a la corrupción de nuestras autoridades, está fuera de mi alcance ocultar lo inocultable.