OAXACA: VIOLENCIA CONTRA OPOSITORES

El domingo pasado, el senador oaxaqueño Héctor Sánchez, ex candidato perredista al gobierno de su estado, fue víctima, junto con dos colaboradores y dos fotógrafos que lo acompañaban, de un atentado criminal en Chalcaltongo de Hidalgo. Anteayer, unas horas después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitiera una enérgica condena contra la agresión -con la única voz discordante del diputado priísta Rafael Oceguera, quien pretendía responsabilizar por el ataque al propio Sánchez-, tres activistas del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui fueron baleados en la capital oaxaqueña. Dos de ellos -Vicente López Jiménez y Fernando López Arroyo- murieron y Heriberto Pazos Ortiz, asesor general del MULT, resultó herido. Significativamente, Pazos Ortiz había encabezado, el día anterior, una manifestación en solidaridad con Héctor Sánchez.

Los mencionados no son los únicos datos acerca de la intensa violencia represiva que se ha abatido sobre Oaxaca contra opositores de diversos signos. Esa violencia tiene características distintas: violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares en comunidades indígenas rurales; represión policiaca urbana contra maestros disidentes y, en días recientes, los referidos atentados homicidas contra dirigentes políticos y sociales, atentados que hacen sospechar la existencia en la entidad de sicarios o grupos de ajusticiamiento.

Semejante situación indica que hay, en Oaxaca, operadores o sectores que operan con éxito e impunidad, dispuestos al exterminio de las oposiciones por métodos criminales. Ello denota, a su vez, un quebrantamiento del estado de derecho en la entidad.

El gobernador José Murat responsabilizó ayer de los atentados a ''intereses poderosos y oscuros (que) pretenden reiniciar la confrontación'', en lo que constituye un señalamiento vago, impreciso e inaceptable, toda vez que las agresiones tienen una dirección clarísima en contra de opositores a su gobierno y han cobrado, en cuatro días, cuatro víctimas, dos de ellas fatales.

Resulta imperativo que las autoridades estatales y las federales identifiquen con precisión los ''intereses poderosos y oscuros'' que, en Oaxaca, convierten a la disidencia política en peligro de muerte. El sentido común indica que, para ubicar el origen de los atentados, debe buscarse, en primer lugar, en los distintos niveles del poder público del estado.

Finalmente, no puede ignorarse que este clima de persecución política criminal no es exclusivo de Oaxaca, sino que está presente también en Chiapas y Guerrero, y que es necesaria una muestra de voluntad política del gobierno federal para ponerle un alto y evitar que el país se deslice hacia una guerra sucia como las que, en otras naciones de América Latina, se cobraron centenares de miles de víctimas y destruyeron la legalidad democrática.