Ojarasca, julio 1999



La gran defensa

Miguel Ángel García

Pocos movimientos en el México moderno se han apegado más firmemente al principio de ``la tierra es de quien la trabaja'' como el emprendido por los zoques en defensa de su territorio en la sierra de Los Chimalapas. La lucha de los chimas no es sólo importante como ejemplo de una resistencia centenaria, también lo es porque al proteger sus riquezas biológicas están poniendo en práctica una interesante propuesta de gestión campesina.
El portafolio que presentamos incluye una reseña de las agresiones al territorio zoque, una reflexión sobre cómo proteger las áreas de gran biodiversidad, sobre la base de la autonomía indígena, y noticias recientes de tres conflictos que son un llamado de atención sobre el peligro de que escale la violencia en la zona, al no respetar el gobierno los acuerdos a los que llegó con los comuneros chimas.

La primera acción de los zoques para defender su territorio ancestral frente al avance mestizo fue comprarlo. El 24 de marzo de 1687 el escribano Joan Jiménez asentó ``En nombre de Dios nuestro Señor y de su Majestad, otorgo y vendo a Domingo Pintado, en mancomún de todos los vecinos y sus sucesores del pueblo de Santa María Chimalapa, que compran el terreno boscoso ya señalado, y por el precio de veinticinco mil pesos oro común''. Se bautizó a la comunidad Chimalapa que en zoque significa jícara de oro, porque con ellas pagaron los indios para hacerse dueños de lo que ya era suyo.

A pesar de que el gobierno del México independiente reconoció los títulos virreinales de los Chimalapas, las compañías deslindadoras habían invadido el territorio zoque que hoy se conoce como Uxpanapa. Para el estallido de la Revolución, se habían consolidado haciendas extranjeras, incluida la Hearst State, del magnate periodístico estadunidense Randolph Hearst.

En este siglo los Chimalapas han recibido migraciones de diversos tipos: zapotecos que huyen de la violencia de la Revolución mexicana, chinantecos que no lograron el reacomodo prometido por la construcción de la presa Cerro de Oro y campesinos mixtecos, chatinos y mestizos, originarios del centro de Veracruz, quienes durante fines de esa década y principios de los ochenta penetraron a los Chimalapas en busca de tierras, utilizando la brecha construida por el programa de reacomodo del Uxpanapa.

Los zoques han cometido insistentemente un grave e involuntario ``error'': bajo su lógica de no apropiación privada, sino de uso de la tierra, no pueblan ni colonizan su vasto territorio; conocen sus límites naturales (cerros, ríos) que consideran innamovibles y se asientan y permanecen en la porción centro poniente (las cabeceras de Santa María y San Miguel). Este ``error'' fue aprovechado por latifundistas, madereros y ganaderos, provenientes sobre todo del vecino estado de Chiapas.

En 1967, se reconoce los Chimalapas en términos del artículo 27 constitucional pero se divide la comunidad original, expidiendo dos decretos de reconocimiento y titulación de bienes comunales (uno a Santa María y otro a San Miguel) que amparan en total 594 mil hectáreas. Estos decretos ``legalizan'' la invasión de 300 mil hectáreas que incluían los títulos virreinales.

En los cuarenta se ubicaron en el oriente de los Chimalapas compañías madereras argumentando que eran terrenos nacionales en territorio chiapaneco ``que no pertenecían a nadie''. Más tarde ganaderos y narcos, se apoderaron mediante la violencia de grandes extensiones de terrenos comunales con abierto apoyo de los gobiernos chiapanecos, en particular el de Absalón Castellanos (cuyo hermano Ernesto fue detenido por los comuneros chimalapas en diciembre de 1986, cuando saqueaba madera y café en terrenos comunales) y los de Patrocinio González Garrido y Elmar Seltzer.

Fuente constante de violencia fue el predio San Isidro La Gringa. Por un acuerdo presidencial de 1987, se declararon como terrenos nacionales 41 mil hectáreas en las que se asentaron los ganaderos y narcos más poderosos de la región. Criadores de La Gringa han obtenido diversos premios estatales por su ganado de alto registro y se sabe por una imagen de satélite, que en El Espinazo del Diablo se ubica una pista de aterrizaje clandestina. Muchos elementos hacen suponer que Patrocinio González Garrido poseía terrenos aquí mediante prestanombres. El trazo de la autopista que González Garrido defendió hasta el final de su carrera política cruza esta zona.

El gobierno de Chiapas, en complicidad con la Secretaría de Reforma Agraria (sra) y con la indiferencia del gobierno oaxaqueño, trasladó a la región a tzotziles y tzeltales y repartió terrenos comunales para que ``defendieran Chiapas de los comuneros chimalapas, pues éstos le querían quitar territorio a Chiapas''. Entre 1967 y 1992 se crearon en terrenos comunales 28 núcleos agrarios, de los cuales sólo trece cuentan con resolución presidencial, muchos son fantasmas o semifantasmas y, en por lo menos ocho existen ejidatarios ``nylon'' --es decir, que no viven ahí y que tienen acaparadas tierras contando con otro oficio o profesión. Durante muchos años la sra se negó a avanzar en la regularización agraria, argumentando que ésta no se podría realizar hasta que ``se pusieran de acuerdo los gobernadores'' y que ``si se intentaban realizar los trabajos topográficos iba a haber violencia y muertos''.

Sin creer tales ``argumentos'', los comuneros chimalapas determinaron que los ejidatarios chiapanecos, en su mayoría indígenas y tan pobres como ellos, eran víctimas de engaños y manipulaciones por parte de un gobierno que, en complicidad con ganaderos y narcos, propicia enfrentamientos entre campesinos para complicar el problema agrario y apoderarse de la tierra comunal. Las comunidades decidieron llevar a cabo, sin intervención gubernamental, un proceso de conciliación agraria con los indígenas y campesinos chiapanecos.

Durante todo 1991 y hasta marzo de 1992, una comisión comunal recorrió pueblo por pueblo para promover acuerdos sobre las siguientes bases: olvidarse del conflicto entre estados, porque todos son campesinos y mexicanos; respeto a la posesión de la tierra de los verdaderos campesinos que vivan en y de la tierra chimalapa; alto a las agresiones; no permitir ningún nuevo asentamiento y, finalmente, apoyarse mutuamente para defender el bosque y combatir los incendios forestales.

En julio de 1991, el gobierno chiapaneco reaccionó concentrando a 17 autoridades ejidales en la presidencia municipal de Cintalapa, y las obligó a firmar un acta de desistimiento de los acuerdos y amparos contra la ejecución de las resoluciones presidenciales de los Chimalapas.

A partir de entonces la violencia escaló en la zona. Las autoridades que se negaron a firmar recibieron amenazas de muerte y tuvieron que ``exiliarse'' en la cabecera comunal. Tanto comuneros chimalapas, como ganaderos, presentaron denuncias ante la cndh. Siete órdenes de aprehensión se ejecutaron en contra de campesinos en 1997 y cuatro líderes campesinos fueron encarcelados hasta junio de 1998.

Ante la negativa de reconocer los planos definitivos, se inició en diciembre de 1993 una movilización nacional que incluyó un plantón frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), en el que se realizó una denuncia internacional. El gobierno, que necesitaba una imagen favorable que alentara la firma del Tratado de Libre Comercio, se vio obligado a negociar con las comunidades.

El 20 de diciembre de 1993 se firmó un acuerdo entre las comunidades, el gobierno federal y los estatales de Oaxaca y Chiapas, en que se comprometió a cumplir tres puntos: solución agraria definitiva, con la salida de los ganaderos privados y la anulación de seis resoluciones presidenciales otorgadas a los ejidos chiapanecos, para que los indígenas chiapanecos que demuestren que trabajan y viven de la tierra puedan incorporarse como comuneros; respeto a los derechos humanos solucionando las denuncias presentadas ante la cndh y respeto al proceso comunitario con el establecimiento de una Reserva Ecológica Campesina.

De estos compromisos el primero se cumplió parcialmente al devolver los terrenos invadidos por la colonia ganadera La Gringa. El resto del proceso de regularización agraria definitiva quedó detenido hasta 1997, debido a presiones de ganaderos y del gobierno chiapaneco. Durante estos años los gobiernos federal y de Oaxaca han tratado de presionar a los campesinos para que acepten la permanencia de los ganaderos, al tiempo que inicia una guerra de difamación e intimidación.

Ante la nueva presión surgida de la base comunal, a fines de 1997 y durante 1998 la Procuraduría Agraria reinició un nuevo y tímido proceso de ``conciliación'' y regularización, centrándose únicamente en núcleos agrarios que ya habían aceptado su incorporación como comuneros.

El actual gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores, a través de su Secretaria General de Gobierno, Arely Tovilla, reinició una agresiva política de ``defensa del territorio chiapaneco'', apoyando a los ganaderos invasores e intimidando a los indígenas chiapanecos que han aceptado conciliar e incorporarse como comuneros chimalapas.

La información y denuncias que recientemente ha generado esta región manifiestan que los conflictos agrarios están cerca de despeñarse a la violencia.

Miguel Ángel García: coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. y miembro del
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas. Fragmentos de La historia
Chimalapas: una paciente y tenaz lucha indígena por un rico territorio en disputa, inédito.

Cuando la tierra está caliente

El Comite Nacional para la Defensa de los Chimalapas denuncia que, por el incumplimiento de los gobiernos federal y estatal, existen en la zona tres casos de alto riesgo social:

En la colonia ganadera Cuauhtémoc han ocurrido periódicamente violentas crisis ya que ``por un error de interpretación'' los colonos ganaderos se adjudicaron 5 mil hectáreas de la comunidad de Santa María Chimalapa y han invadido de manera paulatina otras 11 mil hectáreas, según datos oficiales.

A fines de abril de este año, 22 colonos que talaban la selva comunal fueron detenidos por una comisión indígena y encarcelados en la prisión de Santa María. Para liberarlos, se exigió al gobierno solución inmediata y definitiva al problema agrario y pago de los daños provocados por la tala. Tras 12 días de fallidas negociaciones, 900 policías judiciales y preventivos sitiaron la cabecera de Santa María, donde los comuneros, armados con machetes, retrocargas y rifles 22, esperaron el ataque, que se detuvo porque tomaron prisionero al comandante del operativo, el subdirector de la policía judicial de Oaxaca. Al día siguiente, mientras el senador de Oaxaca del pri, Héctor Sánchez, abría el cerco policiaco y ofrecía mediar en el conflicto, la policía detuvo a siete comuneros que fueron llevados en helicóptero a la cárcel de Matías Romero, como rehenes, para obligar a la comunidad a intercambiar presos.

La pronta solución que ofrecieron las autoridades después de estos incidentes sigue entrampada en antesalas y audiencias pospuestas. Ante esta indefinición, el 6 de julio un grupo de 100 comuneros de Santa María se internó en el terreno invadido para ``brechear y mojonear'' sus límites legales con la colonia, sin permiso del gobierno. Los colonos bloquearon el paso a los comuneros y la presencia de más de 50 policías impidió un enfrentamiento violento que parecía inminente. Los zoques decidieron retirarse.

Durante una acalorada asamblea, los colonos acordaron retener al delegado de gobierno en la zona norte del Istmo, Armando Palomee Ambrosio, hasta que el gobierno sancione a los zoques. En tanto, la asamblea comunal de Santa María Chimalapa decidió desconocer al subdelegado especial para la zona zoque, Carlos Gómez. ``Para nosotros ya no hay subdelegado. Por lo tanto consideramos que la única solución es seguir con el trabajo de brecheo y colocación de mojoneras.'' El Consejo de Ancianos zoque insistió: ``No hay nada que conciliar con los pequeños propietarios''.

También en el poblado Nicolas Bravo han sido frecuentes los enfrentamientos. El pasado 2 de mayo, uno de los bandos, encabezado por José Jaramillo, asesinó a cinco integrantes del Comité Particular Ejecutivo Agrario y el mes pasado, el presunto criminal--que recorre la región fuertemente armado--, quemó 16 casas campesinas, corrió a sus habitantes y mantiene amenazadas a las familias sin que la policía judicial del estado intervenga.

En San Antonio y Benito Juárez se ha agudizado el conflicto agrario y de límites interestatales. En 1989 ocurrió un enfrentamiento entre policías chiapanecos y comuneros de estas congregaciones oaxaqueñas, en el que murieron dos policías; el comandante de la policía quedó preso en la cárcel comunal de San Miguel.

En junio, las congregaciones comunales detuvieron camiones cargados de madera y de palma camedor, producto del saqueo ilegal, e instalaron un retén. El gobierno de Chiapas envió un pelotón de policía antimotín y a funcionarios que prometieron a los núcleos agrarios chiapanecos obras y apoyo político y agrario, cuando lo pactado con los gobiernos federal y estatal es que se integren a las comunidades invadidas.

Reserva Ecológica Campesina

Nuestra definición

En México un objetivo común de ongs, conservacionistas, ecologistas, académicos, centros de investigación e instituciones gubernamentales es lograr el Decreto de Area Natural Protegida para zonas identificadas como de alta importancia ecológica. Todos ellos trabajan para lograr la elaboración, firma y publicación de un Decreto oficial que ``ordene'' desde arriba la conservación de dichas áreas.

El Decreto (así con mayúscula) se convierte en fetiche y tiene efectos diferentes en los distintos grupos de interés: a algunos les sirve para dormir tranquilos tras el deber cumplido; a otros, les permite captar fondos para realizar (sin permiso de los dueños) investigaciones que podrán presentar en importantes congresos. Incrementarán así su puntaje curricular y sus estudios pasarán al acervo científico que dormita en bibliotecas (mientras, los recursos naturales así investigados, continúan agotándose). A los menos, (pero los más "importantes") les servirá para aumentar los porcentajes oficiales de la "Superficie Nacional bajo Conservación". Una mayoría, no informada ni tomada en cuenta, se enterará de que su territorio --habitado y poseído ancestralmente, muchas veces defendido de la depredación de las empresas madereras, los intereses ganaderos o los espectaculares proyectos de ``desarrollo'' gubernamentales, incluso con sus vidas-- ya no es ``tan suyo''. Tiene ahora un administrador nombrado desde quién sabe dónde y tendrá un Plan Maestro de Manejo, elaborado desde algún centro de investigaciones.

Decreto en mano, se inicia el proceso de planeación con visitas ``de doctor'' a la región y se ``informa'' a las comunidades que desde esa histórica fecha, habitan un territorio bajo ``conservación'', y tienen derecho a ser consultadas y opinar, pero no a decidir.

La carreta adelante de los bueyes. Luego todos, ecologistas, conservacionistas, técnicos, científicos y políticos gubernamentales, nos preguntamos ¿por qué no camina?

Desde nuestro punto de vista, la Reserva Ecológica Campesina (rec) significa invertir el orden de los elementos descritos. Partimos de un intenso proceso de intercambio de información con las comunidades indígenas y/o campesinas de la región, ya que ellos saben, mejor que cualquiera, lo que ocurre dentro.

Este proceso participativo debe ser apoyado por elementos científicos surgidos de un análisis que permita identificar procesos y tendencias destructivas, para que al presentarse ante las instancias comunales, provoque reflexión y toma de decisiones. Esto permitirá diseñar y establecer nucleos regionales y en cada poblado áreas de conservación pequeñas que juntas forman corredores bióticos más amplios.

El decreto (con minúsculas) se transforma en el producto de una decisión colectiva informada, un acuerdo comunitario hecho ley propia. Su oportunidad depende de factores determinados por las comunidades.

La rec pretende transformar el modelo de desarrollo regional impuesto, depredador, consumista, autoritario e injusto en el que las escasas ``islas'' de conservación ecológica, carentes de viabilidad social y técnica, son sólo un medio para justificarse.

Pugnamos por el reconocimiento jurídico de este modelo alternativo de área natural protegida. Tenemos claro que el proceso de establecer este concepto de rec implica recorrer un camino tortuoso, en el que se enfrentan intereses económicos y políticos; posiciones teóricas y prácticas muy arraigados. Esto exige un enorme esfuerzo, pero más fructífero que empujar una carreta que lo tiene todo al revés y avanza al desfiladero de su propia inviabilidad.

Pacto de Grupos Ecologístas

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