León Bendesky
Horror fiscal
El gobierno ya se dispone a contener las reformas hechas por el Congreso al presupuesto federal. Ha sido muy claro el descontento del presidente Zedillo y de su secretario de Hacienda Gurría con respecto a los cambios que sufrieron sus propuestas sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2000. A esta actitud se ha sumado disciplinadamente Labastida, candidato del PRI a la Presidencia, diciendo que los diputados y senadores no saben lo que hacen y requieren de asesoría profesional para que entiendan la magnitud de sus decisiones --asesoría que, se entiende, debería venir de la propia Secretaría de Hacienda. Esta es la expresión política de la idea que sólo el gobierno sabe cómo se hacen las cosas y, más aún, lo que es bueno para la nación. Aquél que tenga otra visión sobre este país o, incluso, sobre cómo administrar los asuntos públicos está por definición equivocado. Eso ocurre especialmente, según dicha postura, con la mayoría de los diputados y los senadores de la oposición, pero también, por extensión, con todos los ciudadanos que votan por ellos. Todo esto, por supuesto, es muy democrático.
A esta posición política frente al debate legislativo en torno al presupuesto, se agrega una especie de descaro económico que es cada vez más difícil de sostener. La verdad que este gobierno no necesita de ayuda alguna para petrolizar el presupuesto. Como se sabe, una tercera parte de los ingresos públicos provienen del petróleo, independientemente de la corrección presupuestal del precio del crudo hecha ahora por el Congreso. Después de grandes errores cometidos durante más de una década para fijar el precio base del petróleo, el último de los cuales ocurrió apenas hace un par de años, ahora éste se convierte en un punto clave del enojo del Poder Ejecutivo. El caso es que la situación fiscal de la economía es sumamente frágil, y ello depende, fundamentalmente, de la carencia de ingresos derivados de los impuestos que sólo representan un poco más de 10 por ciento del PIB, nivel muy bajo comparado con países de similar desarrollo y, sobre todo, con aquéllos con los que ahora nos codeamos como son los de la OCDE y la Unión Europea. Con ello, el gobierno tiene que hacerse de fondos mediante el incremento permanente de los precios de los bienes y servicios que produce, como la electricidad, el gas o la gasolina. Esa fragilidad es la responsabilidad de los gobiernos priístas que han postergado por décadas la reforma fiscal, y esa misma reforma fue una de las ofertas incumplidas de este gobierno.
Es muy obvia la reacción del gobierno ante el desacuerdo presupuestal, pues de inmediato anuncia que habrá de reducir partidas del gasto asociadas con la inversión pública. Y eso en los rubros particularmente estratégicos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la construcción de infraestructura, lo que cae como anillo al dedo para seguir presionando sobre la fallida política de privatización en el sector energético y de las carreteras, y para amenazar con la anulación de obras hidráulicas. Lo que un gobierno responsable debería ofrecer al país es una verdadera política energética y de infraestructura que complementaran los procesos de la reforma económica y la apertura fortaleciendo la capacidad de resistencia general de los agentes económicos y no una política de chantaje como la que ahora se anuncia.
El gobierno debería explicar a la nación por qué los diputados del PRI, que sólo actúan para respaldar las políticas del Ejecutivo, se "dejaron" ganar la batalla sobre el precio del petróleo y sobre los cambios en las asignaciones del gasto, pero se la jugaron hasta el final para defender como damas ofendidas los recursos para el IPAB. ƑEs que era ésa una forma de preparar el chantaje en un año electoral en el que cualquier tropiezo económico podrá cargarse a la oposición por su "irresponsabilidad fiscal"? No debe pasar inadvertido el hecho de que hoy, apenas a unos cuantos días de aprobado el presupuesto, se anuncia la necesidad de asignar más recursos públicos (es decir de todos) al saneamiento de Serfin, y eso en el marco del blindaje financiero que se instrumentó hace ya varios meses.
El ejercicio presupuestal es un asunto político en todos los países donde hay una mínima capacidad de acción en el Poder Legislativo; por ello es absurdo esperar que no se politice el debate sobre las fuentes y los usos de los recursos públicos. Lo que un régimen democrático debería conseguir es que la ejecución del presupuesto, una vez que se ha aprobado, no se convierta en un campo de batalla entre facciones políticas. Pero eso es, precisamente, en lo que se ha transformado ya toda la política económica y en especial el presupuesto para el año 2000 y ello bajo el liderazgo del gobierno.