pueblos
en la toma de decisiones del gobierno federal. El régimen jurídico
de los pueblos indígenas de Estados Unidos es complejo. Se les considera
entes soberanos con facultades inherentes de autogobierno, y únicamente
el gobierno federal --no los estatales-- puede tratar directamente con
ellos; no obstante, su independencia está condicionada al poder
excepcionalmente amplio del Congreso para modificar su régimen jurídico.
El gobierno federal está obligado a proteger a los pueblos indígenas
y a mantener un conjunto de responsabilidades fiduciarias en su representación,
tales como el manejo del territorio de las reservaciones y la protección
de la propiedad indígena frente a los intentos de usurpación.
El Departamento del Interior (doi), a través de bia, funge como
el depositario de estas responsabilidades.
En el pasado, bia funcionaba como
gobierno de facto en las áreas indígenas. Hoy, sus esfuerzos
se orientan básicamente al manejo de los recursos naturales mantenidos
en fideicomiso para los pueblos indígenas. Además, bia tiene
como responsabilidad administrar programas de desarrollo y asesora el ejercicio
del poder y en las tareas administrativas. Frecuentemente se ha señalado
a este organismo como un ejemplo de lo peor de la burocracia federal y
se le ha acusado de no cumplir adecuadamente sus funciones, de destinar
una parte excesiva de sus asignaciones a cuestiones administrativas y de
no proteger los intereses indígenas. Una de las áreas en
las que bia es objeto de las mayores críticas es la que se relaciona
con la supervisión del arrendamiento de tierras indígenas
para fines agropecuarios, madereros, petrolíferos o mineros. En
muchos casos, las rentas recibidas por los pueblos han sido excepcionalmente
exiguas. Sin embargo, aunque los líderes tradicionales no han dudado
en criticar al bia, son renuentes a presionar a favor de su abolición
total. bia es visto como un símbolo concreto de la responsabilidad
fiduciaria del gobierno federal y los pueblos han expresado su temor de
que sin él ningún ente gubernamental se encargaría
de mantener el fideicomiso y de que se escuchen las voces indígenas
en Washington. En México el ini supervisa programas de desarrollo
económico, organiza conferencias y edita reportes. El ini ha sido
criticado acremente por los pueblos indígenas de México,
quienes lo acusan de ser más sensible a los intereses ajenos que
a las necesidades de sus grupos étnicos.
En los Estados Unidos los indígenas,
en comparación con los demás grupos, tienen índices
de pobreza más altos, tasas de desempleo más elevadas y problemas
habitacionales más agudos. Aunque algunos grupos de la frontera
han corrido con mejor suerte que otros, esta situación se observa
entre los aproximadamente 80 mil miembros de los pueblos fronterizos. Un
estudio realizado en 1997 por el doi reportó que el desempleo entre
los o'odham y quechanes en Arizona y California era del 67 y el 54 por
ciento, respectivamente. También indicaba que el 41 por ciento de
la tribu yaqui de Pascua, cercana a Tucson, y el 45 por ciento de los kumiai
de la reservación de Campo al oriente de San Diego, vive en condiciones
por debajo del umbral de la pobreza. Los programas gubernamentales de desarrollo
económico han tenido poco éxito en el caso de los pueblos
indígenas fronterizos. Millones de dólares del gobierno federal
se destinaron a operaciones de ganadería y cultivo de algodón
en las tierras o'odham entre 1930 y 1975, pero para finales de los sesenta
la escasez de agua subterránea afectó la producción.
Cuando las empresas quebraron, muchos o'odham abandonaron la región
en busca de empleo. En años recientes, las severas sequías
mataron cerca de la mitad de las 20 mil cabezas de ganado de los o'odham.
Al
igual que la mayoría de los pueblos indígenas de las Américas,
los que viven en la región fronteriza han perdido --y continúan
perdiendo-- sus tierras
tradicionales
de caza, agricultura y pesca a favor de mestizos. Orillados hacia las reservaciones
y ejidos aislados y poco productivos, la mayoría de los indios de
la región carecen de oportunidades económicas, por lo que
tienen un bajo nivel de vida.
En México, los más
de 400 mil indígenas que viven en los estados fronterizos han perdido
la mayoría de sus tierras tradicionales a manos de ganaderos e inmobiliarias
y han sido fuertemente afectados por las reformas neoliberales. Las estadísticas
del ini muestran que entre las siete localidades de Baja California con
una fuerte presencia indígena, casi el 92 por ciento de los hogares
carecen de servicios de drenaje, y el 87.5 por ciento carecen de agua corriente.
En las 12 localidades de Sonora donde al menos el 70 por ciento de la población
habla una lengua indígena, el analfabetismo se aproxima al 65 por
ciento. La pobreza causa bajos índices de salud en los pueblos indígenas.
Los indígenas de Estados Unidos tienen una tasa de mortalidad infantil
30 por ciento más alta que la población total y mayores probabilidades
de morir por causas relacionadas con las drogas. En México, sucede
lo mismo a grandes rasgos, especialmente en el caso de los pueblos que
viven en las áreas más aisladas de la región fronteriza.
En Baja California, informa el Instituto de Culturas Nativas (Cuna), el
gobierno apenas alcanza a dar servicios médicos a las poblaciones
urbanas en rápida expansión, y se relega a un segundo término
la provisión de servicios médicos a los habitantes de lejanas 
comunidades
indígenas. Si bien la ubicación rural de muchas reservaciones
y ejidos inhibe el acceso de los indígenas a servicios de salud
y a las oportunidades económicas, tampoco los protege de la grave
degradación ambiental provocada por la urbanización e industrialización
de la región. Los pueblos indígenas que viven en la frontera
han sufrido un grave deterioro de la calidad de su agua y aire.
Los derechos de agua otorgados a
los pueblos indígenas se están convirtiendo en un tema clave
en de la zona fronteriza de Estados Unidos, donde ese recurso, de por sí
nunca abundante, se está volviendo aún más escaso
debido al riego intensivo en la agricultura y la rápida urbanización. En
el oeste de Estados Unidos los derechos de agua se adjudican al y permanecen
con, el primer usuario que le da un uso "benéfico". En 1908, en
el juicio de Winters contra los Estados Unidos, los pueblos estadunidenses
ganaron por primera vez --al menos en teoría-- derechos sólidos
como primeros usuarios del abastecimiento de agua en el oeste del país.
Ese precedente se reforzó en 1963, cuando la Corte determinó
que al establecerse reservaciones a lo largo del Río Colorado, se
les reconocieron derechos al agua necesaria para regar todas sus tierras
irrigables. Sin embargo, calcular cuánta agua se necesita para hacer
esto --y después adquirirla-- es problema aparte. Estas disposiciones
no se aplicaron a los cucapá del delta del Río Colorado,
cuya posibilidad para sostener sus tradiciones religiosas, económicas
y culturales se agotó cuando la construcción de presas río
arriba les cortó su suministro de agua. Cuando las comunidades indígenas
tratan de hacer valer sus derechos de agua se enfrentan a muchos obstáculos.
Los usuarios no indígenas en Estados Unidos sostienen que el sistema
de asignaciones se diseñó para estimular el uso productivo
del agua y que durante muchos años los pueblos no usaron su agua
de manera productiva. Los juicios en defensa de los derechos de agua son
sumamente costosos y el gobierno federal ha sido renuente a litigar en
representación de los pueblos indígenas. Las negociaciones
mediadas son una opción viable; así, a fines de los setenta
el gobierno federal empezó a intentar dirimir controversias por
el agua fuera de los juzgados. Sin embargo, a pesar de los arreglos extrajudiciales
en 1982 con la nación o'odham, y en 1988 con varias reservaciones
de California, hasta ahora ninguno de estos núcleos ha recibido
parte alguna del agua que les prometieron. Recientemente los pueblos fronterizos
han ganado voz en la formulación de políticas ambientales,
al menos en Estados Unidos. En 1994 la Enviromental Protection Agency (epa)
creó la Oficina Ambiental para los Indígenas Americanos (aieo)
y en 1996 estableció oficinas regionales. Algunas de estas oficinas
realizan talleres con los pueblos indios y les proporcionan información
sobre las fuentes de financiamiento para la educación ambiental,
el reciclaje, la prevención de la contaminación y otros programas.
Con el apoyo del Programa de Asistencia General en Materia Ambiental para
los Indígenas (gap), un grupo de kumiai estableció la Campo
Environmental Protection Agency (cepa), para apoyar programas contra la
contaminación y la protección de las humedades. Las problemáticas
de los indígenas de la frontera también han sido abordadas
por el Subcomité Internacional del Consejo Asesor Nacional sobre
la Justicia Ambiental. La relación de gobierno a gobierno que guía
la interacción entre la epa y los pueblos indígenas es muy
diferente a la que existe en México entre los pueblos indígenas
y organismos como la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (Semarnap), debido a que la legislación mexicana no reconoce
a los pueblos indígenas, ni los diferencia de otros grupos de ciudadanos.
La participación india en el programa binacional Frontera xxi es
un buen ejemplo. Los representantes indígenas estadunidenses han
participado en las últimas tres reuniones de coordinadores nacionales
y sus consejos discuten actualmente su participación en la agenda
de programa. Sin embargo, los indígenas de México no han
sido invitados al programa Frontera xxi porque, como expresó un
funcionario de la Semarnap, "ya están representados".
Muchos
kumiai que ocupaban la zona de San Diego fueron forzados a refugiarse en
las montañas o en México. Hasta 1993 los kumiai de Baja California
podían conseguir tarjetas de cruce fronterizo baratas. Sin embargo
la Border Patrol descubrió que personas ajenas a los kumiai usaban
estos pases, por lo que dejó de aceptarlos. Hoy los kumiai necesitan
pasaportes normales, que requieren actas de nacimiento con costos prohibitivos
para los indígenas. Actualmente, representantes de este pueblo negocian
con el Servicio de Naturalización e Inmigración (ins) un
pasaporte especial que les permita viajar por su territorio como lo han
hecho desde tiempos inmemoriales. Enfrentados a la gama acostumbrada de
presiones sobre sus tierras, así como a las barreras a los intercambios
culturales y a la comunicación intertribal, provocadas por la militarización,
los pueblos nativos han empezado a consolidar lazos transfronterizos. En
el frente ambiental, pueblos como los o'odham y los cucapá han empezado
a participar activamente en iniciativas como la Alianza Internacional del
Desierto de Sonora, una organización no gubernamental binacional
abocada a la protección del ecosistema desértico. A pesar
de la controversia que suscitó la creación de la Reserva
de la Biósfera Pinacate en tierras que los o'odham consideran suyas,
los miembros de este pueblo tanto en Estados Unidos como en México,
han intentado participar en la administración de la reserva. Asimismo,
los pueblos indígenas han adoptado estrategias binacionales para
abordar las problemáticas sociales y de derechos humanos. La Alianza
Indígena Sin Fronteras, con sede en Tucson, realiza sesiones de
capacitación de ambos lados de la frontera para educar a las comunidades
indígenas sobre sus derechos; además, divulga abusos a los
derechos humanos cometidos por la Border Patrol y trabaja con el ins para
establecer procedimientos que faciliten el tránsito de los grupos
indígenas. Los yavapai-apaches y los yaquis pascua, entre otras
tribus de Estados Unidos, visitan con frecuencia a sus comunidades hermanas
de México, y les donan artículos como equipo informático.
Asimismo, los pueblos indígenas mexicanos ayudan a sus parientes
del norte mediante talleres sobre la lengua, culturas y medicinas tradicionales.
En 1989 se realizó una Cumbre de Tribus Fronterizas en Arizona,
y en 1994 y 1995 se celebraron reuniones de pueblos indígenas de
ambos países, en México.
Al
establecer la nueva frontera entre Estados Unidos y México, el Tratado
de Guadalupe dividió a los pueblos indígenas e impidió
una vida normal en sus comunidades. En los últimos veinte años,
el contacto entre miembros de un mismo pueblo que desean visitar a sus
familiares, viajar a lugares sagrados u ocuparse de asuntos en el otro
lado, se ha agravado aún más por el efecto de las políticas
de control a la inmigración y la guerra contra las drogas.