* Alejandro Nadal *

IPAB-Fobaproa: ilegalidad prodigiosa

De un plumazo, el Congreso aprobó una ley que otorga tratamiento de deuda pública a los pasivos del IPAB-Fobaproa. El sueño de Gurría-Zedillo-Ortiz se hizo realidad y, esta vez, con la anuencia de los principales partidos políticos de oposición, PAN y PRD.

Esta medida permitirá convertir por la vía de los hechos en deuda pública los 752 mil millones de pesos (mmdp), producto del extraordinario fraude llamado Fobaproa. Esta carga representa una formidable hipoteca para el pueblo de México. El toque maestro para el gobierno es que los propios partidos de oposición le han hecho el trabajo sucio.

A finales de 1998 el PAN y el PRI aprobaron la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que rechazó la solicitud de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa y simplemente se los heredó al nuevo instituto. Cada año, el Ejecutivo debe solicitar al Congreso una asignación presupuestal para atender las necesidades del IPAB.

Pero el gobierno nunca abandonó el proyecto de consolidar como deuda pública los pasivos del Fobaproa. Lo que necesitaba era un mecanismo que permitiera echar mano de recursos públicos para enfrentar la colosal deuda del IPAB. Esperó la primera solicitud al Congreso para dar el golpe a través de la Ley de Ingresos para el año 2000.

La ley del IPAB estableció un tope a la capacidad de endeudamiento del nuevo instituto: 6 por ciento de los pasivos de todas las instituciones de banca múltiple cada tres años. El artículo 68 fracción X de esa ley confirma lo anterior al establecer que para la consecución de su objeto, el IPAB puede obtener financiamientos ''conforme a los límites y condiciones en la misma ley''. Ese límite representa hoy unos 60 mmdp.

Restringir el endeudamiento del IPAB tiene sentido porque el instituto será el garante de los depósitos de los ahorradores a partir del año 2005. Sin controlar esa capacidad de endeudamiento, la arquitectura del nuevo sistema de garantías estaría amenazada.

La iniciativa de Ley de Ingresos para el 2000 solicitó autorizar el endeudamiento del IPAB para refinanciar sus pasivos. En esa solicitud, el propio gobierno reconoció el tope legal para el endeudamiento del IPAB sosteniendo que ''las operaciones del instituto deberán mantenerse en todo momento dentro de los límites autorizados en la ley del IPAB''.

Pero, en la Cámara de Diputados, la comisión dictaminadora estimó que había que corregir esa miopía del gobierno. Mientras los tecnócratas de la SHCP decían en su iniciativa que debía cumplirse la ley del IPAB a pie juntillas, los cerebros de la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, con los diputados de la oposición al frente, estimaron que eso no era necesario y eliminaron los límites al endeudamiento del IPAB. Eso no es todo.

El primer paso de la maniobra fue permitir al IPAB endeudarse sin límites. El segundo consistió en encargar al Banco de México colocar esa deuda en el mercado financiero nacional. Al convertir al banco central en agente financiero del IPAB se abrió la posibilidad de recurrir a la cuenta de la Tesorería de la Federación en ese banco.

ƑQué sucede si el IPAB no tiene recursos para pagar el principal o los intereses sobre la deuda colocada por el Banco de México? La Ley de Ingresos dispone que en ese caso ''el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el IPAB''.

En este párrafo se condensa la maniobra para convertir en deuda pública los pasivos del IPAB-Fobaproa. Por la Ley del Banco de México, el único caso en el que el banco central puede, sin autorización del Tesorero de la Federación, cargar la cuenta de la Tesorería en el propio banco, es para atender el servicio de la deuda interna del gobierno federal. Así, por la Ley de Ingresos del 2000, los pasivos del Fobaproa recibirán trato de deuda pública.

La Ley de Ingresos induce a pensar que ese mecanismo se usará sólo temporal y excepcionalmente. Pero la realidad es que el Banco de México podrá cargar la cuenta que le lleva a la Tesorería de la Federación sin autorización del Tesorero de la Federación, cuantas veces lo considere necesario para atender el servicio de la deuda del IPAB. De hecho, como el IPAB no tiene recursos suficientes, el banco central tendrá que cargar esa cuenta muchas veces.

La última vez que las autoridades bancarias (CNBV, Banco de México y Fobaproa) se arrogaron abusivamente un poder discrecional, la nación salió debiendo 500 mil millones de pesos. Ahora las autoridades del IPAB y del Banco de México no tendrán freno. El estorbo de los topes al endeudamiento del IPAB ha sido eliminado de manera inconstitucional y violando las leyes del Banco de México, del IPAB y del Servicio de la Tesorería de la Federación.

Por este acto de ilegalidad prodigiosa, los pagarés del Fobaproa recibirán tratamiento de deuda pública. Los partidos de oposición que inicialmente pelearon en contra del fraude del Fobaproa, terminaron aprobando la ignominia, se revelaron capaces de acompañar al gobierno en la ilegalidad y dieron la espalda a su compromiso de vigilar el uso y destino de los recursos públicos.

El PRD ha desempeñado un triste papel en toda esta carrera loca del Fobaproa. Sin saber qué hacer al principio del escándalo, terminó cediendo todo al final. Y la hipocresía del PAN se eleva a niveles insólitos. Al frente del Banco de México se encuentra el funcionario a la sombra de quien se edificó el gran fraude del Fobaproa, y cuya cabeza reclamó el PAN durante meses en espectaculares desplantes de propaganda. Hoy el PAN y el PRD entregan a Guillermo Ortiz y su junta de gobierno títere la facultad de disponer libremente de los recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación para atender la deuda que el IPAB heredó del Fobaproa. Mañana habrá que elevar impuestos y tributos para alimentar la cuenta y pagar la deuda.