En la comunidad médica mexicana existe descontento y un malestar generalizado. Y no es para menos. Son dos los motivos del enojo: el nombramiento de un abogado al frente de la Secretaría de Salud (Ssa) y la aprobación de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros para regular la actividad de las aseguradoras.

En el primer caso, la percepción general fue que se premiaba a alguien por su desempeño partidista, lo que demostraba un gran desprecio por la salud pública y por la trayectoria profesional del gremio. Percepción confirmada por el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, quien al dar posesión del cargo a José Antonio González Fernández destacó como su mayor logro la realización de elecciones internas fundamentales para la vida política del PRI, como si se tratara de una dependencia de Estado. Para muchos, por su marcado perfil administrativo, el nuevo secretario tiene la encomienda de acelerar en el último año de gobierno la reforma del sector salud para convertir a la Ssa en "una entidad más normativa y evaluadora que operativa de los servicios de salud", como afirmó Genaro Borrego, director del IMSS y también ex presidente del PRI, en su defensa de tal nombramiento.

Por otro lado, la apresurada aprobación de la mencionada Ley deja también un mal sabor de boca. La percepción es que se favoreció al capital financiero por encima de los intereses de médicos y pacientes. Los primeros temen convertirse en meros asalariados de las aseguradoras en detrimento de la calidad de los servicios para los segundos.

Sin duda será empresa muy difícil remontar la atmósfera de pesimismo y desaliento que impera en el gremio médico y tratar de recuperar la confianza de una comunidad dolida y humillada a la que no se consultó para realizar cambios de tal importancia para el país.