La Jornada martes 8 de febrero de 2000

Luis Hernández Navarro
El día después

LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA entró a la UNAM, no para solucionar el conflicto sino para restablecer el principio de autoridad. No detuvo a 737 estudiantes y académicos con el objetivo de restablecer el estado de derecho sino para abrogar la gratuidad de la educación. Violó la ley y la autonomía universitaria, no para restablecer la libertad de cátedra sino para satisfacer la sed de venganza de los tiburones de las finanzas, los medios de comunicación y el alto clero.

Militares disfrazados de policías se apoderaron de las instalaciones universitarias y tomaron como rehenes a centenares de jóvenes, pero no resolvieron el problema. Por el contrario, ahora es mayor. Por principio de cuentas, la huelga sigue y no parecen vislumbrarse condiciones para que se levante en el corto plazo. Las demandas que la originaron siguen sin tener una solución de fondo. Muchos universitarios que se habían alejado del CGH, hoy se han vuelto a acercar a él por solidaridad, rabia o convicción. Lo mismo ha sucedido con amplios sectores sociales distanciados del movimiento estudiantil por el sectarismo de su dirección, pero que hoy lo apoyan, indignados por la brutalidad gubernamental. Los familiares de los muchachos presos han tomado las plazas públicas y amenazan con volverse un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. En distintos centros educativos del país se discuten acciones solidarias para exigir la libertad de los jóvenes detenidos.

Al apelar a la violencia y al engaño, Juan Ramón de la Fuente dilapidó aceleradamente el capital político que había acumulado desde su llegada, hasta el punto de agotarlo. Si los encuentros con la comunidad y la realización del plebiscito le dieron el consenso que nunca tuvo Francisco Barnés, la ocupación policiaca de Ciudad Universitaria le hizo perder legitimidad. Ciertamente, el golpe de mano le valió el aplauso de los cacerolistas con piel de ''demócratas'' que desde siempre han llamado a restaurar el ''estado de derecho'' en la institución, y el beneplácito de la nomenclatura universitaria que veía en la huelga un reto a sus privilegios, pero lo descalifican moral y políticamente para seguir al frente de la UNAM. Al igual que su antiguo patrón, el presidente Zedillo, el rector mostró que hace del doble discurso y de los llamados al diálogo una ''cortina de humo'' que oculta una política de mano dura.

De la misma manera en la que lo hizo el 9 de febrero de 1995, cuando después de ofrecer una salida pacífica al conflicto de Chiapas optó por la represión, y de manera muy similar a la que utilizó Gustavo Díaz Ordaz para justificar la matanza del 2 de octubre de 1968, el jefe del Ejecutivo se responsabilizó del ingreso de la policía a la UNAM. Estimulado por la popularidad instantánea que el uso de la fuerza pública puede propiciar, y por la ovación tributada por los dueños del dinero ante cualquier acción que recuerde el ejercicio de un régimen de orden y ornato, el presidente Zedillo olvidó que los juicios de la historia escapan a menudo a la notoriedad inmediata. Este 6 de febrero, el Presidente de la República sumó más puntos para ingresar a la galería de los villanos patrios. Al error de diciembre de 1994, la militarización en Chiapas, la matanza de Acteal y la masacre de Aguas Blancas sumó a su currículum de insignificancias históricas el atropello a la dignidad de toda una generación de jóvenes.

Independientemente del desenlace inmediato que tenga el conflicto, la intervención de la fuerza pública abre una profunda herida social. De hecho, ésta ya estaba abierta desde antes, desde que la clase política en su conjunto y un sector de la intelectualidad fueron incapaces de entender la naturaleza del conflicto, y optaron por descalificarlo en lugar de comprenderlo. Sólo que ahora el daño es mucho mayor, y tendrá costos altísimos para la vida política y social del país. Si la generación que forjó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986, se ''vació'' en la formación del PRD, como herencia del actual movimiento queda una lesión sin sanar: miles de activistas lastimados, radicalizados e incomprendidos por los partidos políticos tradicionales que no tienen vías de inserción ni acomodo en los circuitos de la política institucional.

Después de este 6 de febrero ni la UNAM ni el país son ya el mismo. ƑQué nación es aquella que permite que su gobierno encarcele a cerca de mil de sus estudiantes universitarios? Lo único que han recuperado quienes ejercieron la medida de fuerza y quienes la justifican es una doble ilusión: la del principio de autoridad y la de contar con las escrituras de la Casa Magna. Olvidan, sin embargo, lo central: el conflicto estudiantil no está resuelto, sólo se ha agravado. Al tiempo.

P.D. Por cierto, Ƒdónde quedó el peligroso arsenal que, según algunos medios de información, tenían los integrantes del CGH en Ciudad Universitaria? ƑAlguien registró que los huelguistas no se resistieron al arresto? ƑNo que eran violentos?