Los acelerados cambios económicos, tecnológicos, científicos, y demográficos de las últimas décadas, han provocado la quiebra de ideologías, doctrinas, sistemas de creencias y tradiciones. Vivimos, se afirma, un mundo sin héroes, la era del Dios light, y la pérdida de valores. La lógica implacable del mercado ha traído consigo el individualismo radical que todo lo vuelve relativo. Este proceso, sin embargo, no sólo tiene connotaciones negativas. A la par, se ha abierto un espacio a las libertades sin precedente, que a su vez ha permitido el avance de la democracia y la expresión y el reconocimiento de las diversas maneras de ser.

Nuestro país no es la excepción. Con grandes dificultades y desigualdades, la sociedad mexicana comienza abrirse y a aceptar como propios los nuevos valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad (étnica, sexual, religiosa, etcétera). Y muchas veces los más renuentes a aceptar esta realidad son nuestros representantes legislativos. En las reformas al Código Civil que se discuten en la Asamblea Legislativa del DF, en el apartado donde se regulan las relaciones familiares y el matrimonio, se define ahora a la unión conyugal, incluyendo el concubinato, como una relación entre hombre y mujer, lo que antes no se especificaba. Más allá de los avances contenidos en otros rubros, en lo que se refiere a este apartado la intención es clara: cerrar el paso al reconocimiento de relaciones familiares y de formas de convivencia diversas como las parejas del mismo sexo. Una realidad que empieza a ser reconocida en muchas partes del mundo y que en nuestro país es sólo cuestión de tiempo. Entre tanto, a un sector de la población mexicana se le seguirá excluyendo, de manera anticonstitucional, de los beneficios de la ley por la insensibilidad y conveniencia política de nuestros legisladores.