LETRA S
Marzo 2 de 2000
Del concubinato y las reformas al código civil
 
RODOLFO MILLAN DENA

 

En días pasados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó la convocatoria a una Consulta para discutir el anteproyecto de Código Civil que pretenden someter a la discusión de las fracciones parlamentarias. La consulta fue convocada públicamente, lo que no quiere decir que sea pública. Por el contrario, dicho evento estuvo sometido a un rígido control en el acceso, formato, selección de ponentes y participación. Sólo se permitió el acceso a las sesiones de trabajo a expertos del derecho y con cédula profesional. Las sesiones tampoco eran, propiamente, para discutir el anteproyecto, sino para conocerlo. Los ponentes en las conferencias matinales, previamente elegidos entre jueces, magistrados, funcionarios del gobierno citadino y otros privilegiados, exponían sus puntos de vista también en forma privilegiada. Las observaciones a la propuesta sólo pueden hacerse por escrito, en plazo perentorio y siempre que se haya participado en la consulta.

Esta circunstancia es preocupante por cuanto refleja una inclinación autoritaria. Se aduce tácitamente que la Ley no es una cuestión que competa a la sociedad, pues se parte de la premisa de que sólo los juristas están capacitados para opinar sobre ella. Se restablecen comportamientos que ofenden el reclamo de participación democrática.

La Ley es el sentido común hecho norma. Ese fue el gran acierto de los romanos, precursores de las más grandes instituciones jurídicas, que hoy todavía recoge nuestro derecho positivo. La Ley tiene que ser resultado de la cotidianeidad de las personas y ha de ser reflejo del contrato social que ellas se han impuesto voluntariamente y que se renueva todos los días. Complicar sus procesos de creación o aplicación solo provocará que la Ley sea un cuerpo de normas que la sociedad no reconozca como suyas y, en tanto ajenas, las incumpla.

Lo anterior viene a cuento porque el documento citado, signado por la Asamblea Legislativa, el "democrático" gobierno y el Tribunal Superior de Justicia capitalina, pretende modificar el texto legal que constituye la columna vertebral del sistema jurídico.

 

La familia nuclear y excluyente

En el anteproyecto de nuevo Código Civil, se reserva un Libro entero a la regulación de las relaciones familiares y el matrimonio. Hay que precisar que la familia, considerada la forma original de organización social, responde a un sistema primitivo de alianzas y tabúes que continúan siendo las que reglamentan el matrimonio, la filiación, la patria potestad, el régimen patrimonial conyugal y algunas instituciones penales. En la lógica del Código Civil vigente, se determina que la familia está constituida por virtud del matrimonio y el parentesco consanguíneo. Además, se comprende dentro de ésta, pero por acción, el parentesco derivado de la adopción. La familia, entendida en sentido estricto, comprende en realidad sólo a los padres y a sus hijos, en tanto éstos no funden una familia propia. Esta organización es lo que actualmente se conoce como familia nuclear.

En 1998 se incorpora al actual esquema legal el concubinato, como una figura legal que reconoce un hecho social y al que los legisladores le conceden algunos efectos jurídicos. Como lo manifiesta la propia comisión dictaminadora, "...el legislador no debe cerrar los ojos para no darse cuenta de un modo de ser muy generalizado en algunas clases sociales..." en las que la familia se forma a partir de la relación concubinaria. No obstante, este reconocimiento, el matrimonio es, en el Código Civil vigente, el único que da origen a la relación conyugal y a los efectos plenos que se derivan de ella.

En el documento de trabajo de la consulta aludida destacan, a primera vista, dos cosas: se define a figuras del matrimonio y el concubinato. De este modo se afirma que: "Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para realizar una comunidad de vida en la que ambos se procuren ayuda, solidaridad y asistencia mutua." Más adelante, se menciona que el concubinato es: "La unión estable de un hombre y una mujer que, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido como si fueran cónyuges en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años."

El mismo documento establece que: "Las relaciones jurídicas familiares surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, de parentesco o de concubinato." Ni la Constitución General de la República ni la Ley Civil definían antes lo que debía entenderse por familia, por matrimonio o por concubinato. Se daba por sentado lo que eran, como valor entendido, al describir los elementos que lo constituían y el sistema de su protección legal.

El hecho de que ahora se pretenda definirlos no es un mero prurito metodológico. Podría argumentarse que es un principio de orden y que conviene a la claridad de la ley. Esto sería atendible si, además, no se definieran como las relaciones estables entre hombre y mujer. Incorporar al texto de la ley estos conceptos no sólo es un retroceso ideológico sino sociológico. Envía un mensaje muy claro, y tal pareciera ser el propósito de los redactores del proyecto: en México la democracia está todavía muy lejos de alcanzarse.
 

ls-decabeza

Insensibilidad y renuencia al cambio

Nada importa a este selecto grupo de "legisladores de gabinete" lo que la sociedad mexicana pueda pensar respecto de sí misma y de sus capacidades para asimilar, en el texto legal, lo que ya ha aceptado como variable social: la existencia de relaciones estables de hecho entre personas del mismo sexo. Nada importa si el tejido social continúa deteriorándose por estas actitudes excluyentes. Nada importa si existen sectores sociales, cuya visibilidad apenas se descubre, a los que la discriminación que sufren no sólo les deja indiferentes sino que, además, pretenden sancionarle legalmente.

La legislación mundial tiende al reconocimiento de que existen grupos sociales dignos de protección legal como minorías. Países como Francia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Israel, Holanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Noruega, Eslovenia, Sudáfrica, España y Suecia tienen ya legislaciones nacionales que tienden a hacer efectivo el principio de igualdad de esas minorías y a evitar las formas de discriminación que sufren.

Los redactores del anteproyecto se convierten así en instrumentos del nuevo impulso conservador de los sectores más tradicionalistas y retrógrados de la sociedad: los que no quieren debatir sobre nuestro futuro, porque sólo tienen como argumento el prejuicio; los que no quieren atender los reclamos de una sociedad en la efervescencia del cambio; los que buscan limitar los alcances de la participación social; los que alientan la pérdida del carácter laico de la sociedad o de la naturaleza pública y científica de la educación.

Por ello, utilizar en la consulta estos procesos de secrecia y exclusión --por más que se pretendan públicos y se simulen participativos-- se sustentan en una concepción del derecho como mecanismo de control del poder. El derecho es, por el contrario, el sistema de pesos y contrapesos eficaz que ha de someter la potencia avasalladora del poder. El derecho, en manos de la sociedad es un instrumento del cambio. En manos de una élite es condición de inequidad y fermento de la violencia, como podemos verlo en el caso de los universitarios encarcelados.

 

Abogado.