MARTES 21 DE MARZO DE 2000

Ť Permitiría el establecimiento de un gobierno responsable, indica documento


Revocar mandato, parte del acuerdo entre PRD y PCD

Ť Ambos partidos se comprometen a impulsar en el DF las reformas para instituir esa figura

Ricardo Olayo Ť El compromiso entre los partidos de la Revolución Democrática y de Centro Democrático para alcanzar un programa común de gobierno en el Distrito Federal establece relevar al jefe de gobierno si su gestión no es aprobada por la mayoría de la población en una consulta abierta.

Este proceso de revocación del mandato puede ser iniciado por un porcentaje de los diputados locales o por 20 por ciento o más del padrón electoral de la ciudad de México, según lo acordado por ambos partidos.

En el caso de 20 por ciento del padrón, casi un millón de ciudadanos tendría que organizarse para pedir que se inicie la revocación a quien haya ganado en las urnas y posteriormente realizar nuevas elecciones para el relevo.

Sin embargo, el compromiso de ambos partidos estipula que la solicitud de revocación no procedería durante el primer año de mandato ni en los últimos seis meses, según el acuerdo denominado Para un programa común del centro y la izquierda en el Distrito Federal.

"Prever la revocación del mandato permitiría el establecimiento de un gobierno responsable ante el electorado y su permanente evaluación por parte de quienes le otorgaron la confianza de su voto. Se restituiría al mandato de los gobernantes su carácter condicional", indica el documento.

La propuesta está pensada en la posibilidad de triunfo de López Obrador el próximo 2 de julio y, en tal caso, ambos partidos deberán impulsar las reformas necesarias para instituir la figura.

En la actualidad es por medio del Senado de la República que se puede cesar a quien ocupe la jefatura de Gobierno, pero en la lógica de una constitución local, como lo proponen ambos partidos, estas facultades tienen que recaer en instancias locales o en la opinión de la gente.

La unión de PRD y PCD para apoyar a López Obrador tendrá que conformarse en una candidatura común, cuyo registro será solicitado esta semana por las organizaciones que lo apoyan.

Conocer la opinión de los ciudadanos

En su plan de gobierno, López Obrador plantea que en caso de ganar los comicios, en los dos primeros años citará a una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el trabajo de la autoridad y si hay acuerdo para que continúe.

En caso contrario tendrá que darse el relevo según su propuesta; asimismo, el abanderado dejó abierta la puerta para que después de esa primera consulta, nuevamente en los siguientes dos años --al sumar cuatro de gobierno-- se pueda realizar otra.

En el acuerdo, signado por López Obrador y el pecedista Marcelo Ebrard, quien declinó su postulación a favor del primero, se indica que en el primer periodo ordinario del Congreso de la Unión se debe presentar una iniciativa de reformas al artículo 122 de la Constitución, para que pueda expedirse una constitución del Distrito Federal "que establezca un estatus igualitario de la ciudad en relación con las demás entidades federativas. Dicha constitución sería sometida a referendum en mayo del 2001".

Con esta reforma "se suprimiría la intervención que actualmente tiene la Federación respecto de la contratación de deuda local, procedimiento de sustitución del jefe de gobierno y ratificación de los encargados de la seguridad pública".

En la constitución local se tendrían que establecer los cabildos en las demarcaciones políticas con el fin de garantizar decisiones colegiadas, "y se amplíe la representatividad social, haciendo posible que la ciudadanía exprese su opinión en la toma de decisiones presupuestales, de desarrollo urbano y servicios públicos".

Asimismo, se establecería los casos de decisiones políticas en los que deberá convocarse a referendum. Se darían sus reglas de procedencia y los casos en que éste fuera vinculatorio, "entre ellos podría incluirse la revocación del mandato y reformas constitucionales".

Entre otros aspectos del programa está lograr la profesionalización de la policía en al crearse un estatuto de la corporación en la Constitución, para fijar reglas claras de admisión, reclutamiento, permanencia, escalafón y seguridad social.