En México, "la ley es letra muerta" suele decir el común de la gente. Nuestro pesimismo sobre el sistema de justicia está muy justificado. La corrupción, la impunidad y la falta de independencia del poder judicial han alimentado durante años la desconfianza hacia las cortes y los tribunales. Lamentablemente este pesimismo paraliza la acción ciudadana y obstaculiza el desarrollo de una cultura jurídica. Por ello, resulta sorprendente y admirable el tesón con el que José Luis Castro, derechohabiente del IMSS con hemofilia y con sida, luchó por hacer realidad uno de los principales postulados constitucionales: el derecho a la protección de la salud. Lo que él demandaba era su derecho a recibir los medicamentos contra el VIH entonces recién descubiertos. Por supuesto los primeros fallos le fueron desfavorables, pero eso no amilanó a José Luis, quien no dudó en recurrir al máximo Tribunal de la nación que finalmente falló a su favor.

La trascendencia de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es evidente. Por primera vez en su historia, esa Corte se pronuncia sobre la garantía constitucional del derecho a la salud, en una sentencia que no deja lugar a dudas sobre el alcance de dicho derecho. Lo que constituye un precedente jurídico importante y abre la puerta a todas las personas que, sin importar su padecimiento y estén o no aseguradas, quieran hacer valer ese derecho constitucional. Una sentencia similar en Costa Rica obligó al Estado a proporcionar los costosos tratamientos contra el sida a todas las personas que lo padecen. Para que lo anterior sea también una realidad en México, se necesita que los pacientes con VIH/sida, sin posibilidad de recibir medicamentos, sigan el valiente ejemplo de José Luis, quien murió sin conocer esta histórica resolución.