En México, el riesgo de transmisión madre a infante del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es de aproximadamente 30 por ciento y representa la principal vía de infección por este virus en niños y niñas. Dado que se ha registrado un aumento constante en el número de mujeres infectadas en edad reproductiva y como efecto de ello, el incremento paralelo de la transmisión materno-infantil del VIH, es urgente implementar medidas preventivas eficaces para este tipo de transmisión.

Existen diferentes estrategias para prevenir dicha transmisión: la prevención primaria, que consiste en la adopción de medidas para evitar la infección de las mujeres, y la prestación de servicios de planificación familiar para que las mujeres seropositivas dispongan de información para la toma de decisiones reproductivas. Estas estrategias reducen considerablemente la infección en las mujeres y por consecuente en los pequeños. Mientras estos programas generales no tengan una cobertura universal, habrá que señalar la existencia de otras estrategias que se basan en la administración de fármacos antirretrovirales a la madre durante el embarazo y al infante en las primeras semanas, y que sustituyen la alimentación por el seno materno. En los países desarrollados se ha logrado disminuir el nivel de la transmisión materno-infantil del VIH hasta de 2 a 5 por ciento aplicando distintos programas de prevención.

Para que las mujeres embarazadas puedan aprovechar este tipo de estrategias, deben saber si están o no infectadas, y por consiguiente, deben tener acceso a servicios de asesoría y pruebas de diagnóstico voluntarias y confidenciales. En condiciones ideales, todo el mundo --no sólo los erróneamente considerados grupos de riesgo-- debería tener acceso a esos servicios, ya que esto representa un paso importante para combatir la negación de la epidemia. En países como el nuestro, donde sólo somos conscientes de los enfermos de sida, sería conveniente reconocer que hay muchas más personas que viven con el VIH y que no muestran signos externos. Sin embargo, a menos que las personas tengan posibilidades reales de atención después de conocer los resultados de la prueba, no habría ninguna buena razón para efectuarla.

Esta parecería ser la razón más clara por la que el sistema de salud no ha querido establecer sistemas de detección universal a libre demanda ni programas de prevención de transmisión materno-infantil. Es una manera de mantener la demanda de atención controlada, pues la gente que no se sabe infectada no demanda servicios ni atención. Ojos que no ven... política que no se establece.

Algunos de los efectos adversos de promover la prueba de detección de VIH masivamente, incluyen: la violación de la confidencialidad, la promoción de la obligatoriedad de las pruebas, la discriminación y estigmatización en los servicios de salud y en el trabajo, la negación de la atención, el maltrato, la pérdida de relaciones, el aumento de la violencia doméstica y las reacciones psicológicas adversas. Así, en lugar de enfrentar estos efectos adversos con el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos elementales, lo que preferimos es no abrir la posibilidad del derecho a la información y el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos.

En nuestro país existe, hasta ahora, la posibilidad de que si una mujer se sabe infectada, el sistema federal le proporcione, a través del Conasida/Fonsida, medicamentos durante su embarazo. Aunque esta medida fue tomada hace varios años, su impacto ha sido casi nulo, ya que un programa de prevención de la transmisión materno-infantil del VIH que no incluya el acceso a asesoría y pruebas de diagnóstico voluntarias y confidenciales a todas las mujeres que acuden a servicios prenatales, no impacta más que a un mínimo porcentaje de las mujeres infectadas.

 Un principio básico en cualquier medida para reducir dicha transmisión es el derecho absoluto de la mujer a decidir, con toda la información a su alcance, sobre su reproducción y sobre su participación en programas de este tipo.

 Un alegato para no establecer este tipo de programas ha sido el costo que pueden acarrear para el sistema de salud. Si analizamos este aspecto comparativamente, podríamos decir que entonces tampoco deberían
existir programas de sangre segura, y sin embargo todos estamos convencidos, por lo menos hasta después de varios años, de la importancia que tuvo el tomar esa decisión a tiempo en el desarrollo y evolución de la epidemia del VIH/sida en nuestro país. El número de nuevas infecciones en niños y niñas que podríamos estar evitando con un programa nacional de prevención de transmisión materno-infantil se encuentra alrededor de los mil casos. Debemos preguntarnos si vale la pena.

Dado que la prevención de esa transmisión está directamente relacionada a la atención prenatal que se dé a la población de mujeres embarazadas y a la disponibilidad de diagnóstico voluntario y no discriminatorio del VIH, los programas implementados con este fin ofrecen ventajas que van mucho más allá de los beneficios directos sobre la salud y la supervivencia de los recién nacidos. Todas las mujeres embarazadas, madres y niños pequeños se beneficiarán de una mejor calidad de la asistencia sanitaria en los servicios de salud materno infantil antes, durante y después del parto. La población en su conjunto se beneficiará del reforzamiento general de la infraestructura sanitaria; de igual modo, el asesoramiento y las pruebas de diagnóstico del VIH, junto con las medidas para combatir la estigmatización, contribuirán a promover en la sociedad una mayor comprensión y aceptación de la epidemia del VIH/sida y de las personas afectadas.

Investigadora de la Unidad de Investigación de Retrovirus Humanos.