VIERNES 5 DE MAYO DE 2000
* Juan Bañuelos / Oscar Oliva *
Saldos de la represión en Chiapas: Zepeda 1994-1997
PROMETEO:
Yo hice que los hombres dejaran de prever su fin.
CORO:
ƑQué remedio les diste contra esa enfermedad?
PROMETEO:
Puse en ellos las esperanzas ciegas.
Esquilo
El gobierno de Eduardo Robledo Rincón llega al poder el 8 de diciembre de 1994, mediante un proceso electoral fraudulento. Eraclio Zepeda, que se decía comunista y defensor de las causas democráticas, acepta ser secretario general de un gobierno priísta, tratando de engañar a la opinión pública de que con su presencia se abriría una ruta democratizadora en Chiapas.
Las estructuras de opresión, desde el gobierno de Robledo, además de haber sido una franca provocación a la entonces dinámica del proceso de diálogo y negociación, no sólo no cambiaron sino que se multiplicaron con engaños, al hacer creer que una personalidad de "izquierda", aliada voluntariamente al gobierno impuesto, daría alguna solución. En los hechos, el secretario general de Gobierno es el coordinador del gabinete en las administraciones estatales y, junto con el procurador del estado, el garante de que la ley sea aplicada. La posición del secretario como operador político le permitiría "presionar para que la ley se cumpliera con justicia". Para eso se utilizó la policía en los desalojos violentos (más de 300 entre enero de 1995 y marzo de 1996), ya que los campesinos se empecinaron en quedarse con las tierras recuperadas; más la realidad nuevamente reveló que las leyes chiapanecas son intencionalmente obtusas y ciegas con la realidad campesina, ya que las penas por delitos contra la propiedad son más altas que en otros estados de la república.
Según sus propias declaraciones, hechas a los miembros de la Conai ųcuando después de tres semanas de haber asumido el cargo se presentó a dar una explicaciónų dijo "renunciaría en el momento en que me viera obligado a reprimir al pueblo chiapaneco". La mentira y la impostura pronto mostraron su verdadero rostro.
Ante el fraude del PRI y del Gobierno Federal, las organizaciones sociales desconocieron al gobierno impuesto, y comenzaron a tomar carreteras y presidencias municipales. Como respuesta directa a estas movilizaciones pacíficas de protesta legítima, Zepeda, el 10 de enero de 1995, ordenó el desalojo violento en Chicomuselo por parte de la Policía de Seguridad Pública, que dependía directamente de la Secretaría a su cargo. Este operativo lo dirigió personalmente, desde un helicóptero, el procurador de justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar, en coordinación con Zepeda, con un saldo de siete personas asesinadas.
En febrero de 1995 se inicia en la zona norte de Chiapas, en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Chilón, el proceso de paramilitarización, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad, con los grupos Paz y Justicia y Los Chinchulines, que posteriormente, el 5 de mayo de 1996, fueron los autores de la masacre de Bachajón. En todo este periodo de desempeño de Zepeda como Secretario General fue cuando más se fortalecieron los grupos paramilitares en total complicidad y responsabilidad de la Policía de Seguridad Pública. Las organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos humanos señalaron, con argumentos fehacientes como responsables de estos acontecimientos a Julio César Ruiz Ferro, Eraclio Zepeda, Uriel Jarquín y Mario Arturo Coutiño Farrera. Desde entonces, esta estrategia le ha funcionado a los gobiernos federal y estatal, y la misma Procuraduría General de la República, además de la Sedena, han reconocido que existen 12 grupos de "civiles armados", aunque las últimas investigaciones de organismos no gubernamentales han detectado hasta 17 bandas paramilitares.
Diversas organizaciones campesinas y sociales acusaron a Zepeda con pruebas, de ser uno de los principales promotores de la violencia en Chiapas, como el caso de los transportistas, por causas de corrupción. También durante su gestión proliferaron los grupos de choque, tomó fuerza el grupo de Los Auténticos Coletos, que en diversas ocasiones agredieron a la Curia Diocesana; se fortalecieron los grupos de ganadores de Ocosingo, Altamirano y Comitán, así como la Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas, que, todos ellos, protagonizaron agresiones contra los sectores democráticos de la entidad. Fue también la época que las organizaciones campesinas sufrieron más la represión abierta y descarada en desalojos de tierras, encarcelamientos, asesinatos, expulsiones de indígenas de sus comunidades, sobre todo en San Juan Chamula.
Todos estos hechos están registrados, documentados y avalados por investigadores sociales de gran prestigio, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por los periódicos nacionales, pero, sobre todo, por los cientos de testimonios escritos y orales de las víctimas. Y no termina ahí. Hemos apuntado apenas algunos hechos. De enero a diciembre de 1995, la Policía de Seguridad Pública y otros organismos represivos llevaron a cabo 83 asesinatos ųen distintos momentosų de campesinos en Chicomuselo, Altamirano, La Trinitaria, Comalapa, Venustiano Carranza, Jaltenango, Playas de Catazajá, etc. Con todos estos datos que nos constan por los testimonios recabados por la Conai, Zepeda todavía se atreve a repetir en los periódicos su desgastada frase: "Puedo ver a los ojos de quien sea, sin avergonzarme". ƑQué podrá decir de lo hasta ahora relatado?
ƑY de los desalojos violentos en las fincas cafetaleras de Prusia, Liquidámbar, Sayula, Chicharras, Los Alpes, etc., donde el gobierno estatal protegió directamente a los grandes finqueros y ganaderos? ƑCómo podría responder que en pleno diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal, deliberadamente ordenó el desalojo de campesinos de Nicolás Ruiz, que mantenían tomada la carretera en demanda de mejores precios para su maíz? En esta operación criminal murieron tres campesinos y quedaron varios heridos e intoxicados, al ser atacados desde un helicóptero oficial.
La responsabilidad grave de Zepeda consiste, como se puede ver, en que la Policía de Seguridad Pública dependía directamente de la Secretaría General de Gobierno.
Toda esta relación de agravios la hemos puntualizado, porque el mayor problema del país, para que exista democracia y paz, se llama Chiapas. A seis años que estalló la rebelión zapatista, el Gobierno Federal mantiene su guerra, para romper los lazos que cohesionan la cultura milenaria de las comunidades chiapanecas: la presencia militar, lejos de atenuar la injusticia, la ejerce. La lógica de la guerra es lo que está en el trasfondo de las violaciones de los derechos humanos, en Chiapas. Zepeda contribuyó a esta lógica. Hoy mismo el drama del Sureste ha aumentado por las acciones militares de plena ofensiva en contra de las comunidades zapatistas, con un cerco criminal. La venganza ha tomado el lugar del cansancio impuesto en un ajuste de cuentas con los indígenas. Ahora se menciona en los medios de comunicación que son nazis, que están destruyendo con incendios la ecología de los Montes Azules y que por lo tanto el gobierno se verá obligado a desalojar 32 comunidades de la selva con la Policía Federal Preventiva (militares de élite); así mismo se contemplan "sus posibles nexos con el narcotráfico". Mientras tanto, Zepeda es premiado con el nombramiento de Embajador Plenipotenciario y Extraordinario en la UNESCO. Para la cultura mexicana esto es una afrenta y un insolente deshonor para las ciudadanas y ciudadanos del país.
Todo esto, aclaramos, no es un cuestionamiento personal por la antigua amistad. Simplemente reemplazamos la duda, por la certidumbre. Lo emotivo y subjetivo, por la objetividad de la historia.