VIERNES 2 DE JUNIO DE 2000
* El rescate se disparó hasta $172 mil millones: IPAB, CNBV y Congreso
El gobierno disfrazó la quiebra de Serfin
* Se concedieron préstamos a la familia Sada que nunca se pagaron y fueron a parar al Fobaproa
Emilio Lomas M., Roberto González Amador y Antonio Castellanos * El gobierno federal disfrazó la quiebra de Banca Serfin y provocó que su rescate se disparara hasta 172 mil millones de pesos, 49 mil millones más de los que oficialmente acepta el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), revelan informes oficiales de este organismo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Congreso de la Unión.
El proceso que concluyó con la venta de esa intermediaria a banqueros españoles a través de Banco Santander Central Hispano, registró operaciones que, con recursos de Serfin, financiaron proyectos de inversión multimillonarios, que incluyeron la compra de 49 por ciento de la telefónica de Cuba; además, se concedieron préstamos a familiares de Adrián Sada que nunca se pagaron y fueron a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
También se otorgaron préstamos con un tipo de cambio preferencial, que derivaron en quebrantos para el banco. La firma estadunidense J.P. Morgan se prestó a simular entre 1996 y 1997 una inversión inexistente, y colaboró con las autoridades financieras para validar una decisión que se había tomado desde 1996: no dejar que Serfin, el tercer banco en importancia del país, se declarara en quiebra sin importar el costo que ahora tienen que pagar los contribuyentes.
La borrachera salinista
Un estudio elaborado por Juan Moreno, asesor económico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destaca que a principios de 1996 Serfin se deslizaba aceleradamente hacia una situación de quiebra. Un número creciente de préstamos caían en cartera vencida. El 30 de abril de ese año, las autoridades financieras tomaron una decisión que sería crucial y determinaría el enorme costo fiscal en que se incurrió: no permitir que Serfin quebrara.
Señala: ''al igual que los demás bancos, Serfin vivió plenamente la borrachera salinista. El exceso de liquidez propiciado por la política económica gubernamental permitió que la cartera de créditos se incrementara fuertemente; no hubo supervisión y los banqueros se hacían autopréstamos u otorgaban financiamientos a sabiendas de que, si no los recuperaban, el gobierno terminaría pagando''.
El análisis destaca que al no recibir propuestas satisfactorias para la venta de Serfin, en abril de este año el IPAB decidió aumentar en medio punto la ya elevada tasa de los pagarés Fobaproa (que generan intereses a favor de la intermediaria); reducir a la mitad el periodo de amortización de los mismos y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados, en lugar del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y pagarlos hasta que venciera el papel.
Advierte que este acuerdo no sólo incrementó aún más el costo del rescate de Serfin, sino que creó un precedente para la ya próxima venta de Bancrecer. Además, se crean expectativas en los demás bancos poseedores de pagarés emitidos por el Fobaproa y ahora asumidos por el IPAB.
Varias de las irregularidades que llevaron a la quiebra de Serfin y a que el costo del rescate se elevara en perjuicio de los contribuyentes están documentadas por la CNBV, que no ha ejercido hasta ahora alguna acción para castigar a los principales accionistas de la institución o para recuperar los créditos.
Documentos de la CNBV demuestran que Serfin International Bank & Trust (SIBT), una subsidiaria de Serfin, otorgó créditos a la familia Sada propietaria de la institución para la capitalización del Grupo Financiero Serfin.
El reporte señala que la familia Sada recibió créditos en junio de 1995, primero de Banca Promex y sustituidos posteriormente por SIBT, que llegaron a sumar 46 millones de dólares para capitalizar al Grupo Financiero Serfin. Para la liquidación de dichos créditos, entre 1996 y 1997, ''se utilizaron mecanismos irregulares como la compra de dólares a Serfin a tipo de cambio preferente, en ejercicio de una opción que nunca fue formalizada ni registrada, que implicó un quebranto para el banco de 92 millones de pesos.
''En septiembre de 1997 para liquidar el crédito, Adrián Sada, que era el principal accionista de Serfin, formalizó una dación en pago de acciones de Vitro, emisora que presenta un alza sospechosa en esas fechas, que en realidad vendió a la institución y al mercado, liquidando con el efectivo''. Contando a la familia Sada, en total se benefició a 34 accionistas de Grupo Financiero Serfin con operaciones de venta de dólares a tipo de cambio preferente, lo que originó una pérdida aproximada de 143.98 millones de pesos.
Irregularidades documentadas
Sobre estas operaciones la CNBV señala que existieron posibles irregularidades como la capitalización de Serfin, con recursos que finalmente provienen del mismo grupo financiero; otorgamiento de beneficios extraordinarios para facilitar la liquidación de los créditos en perjuicio del Grupo Financiero en contraposición directa con lo dispuesto en el artículo 106, fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito.
Otra irregularidad documentada por la CNBV es la sustitución de pasivos de SIBT mediante el otorgamiento de créditos sin garantía por 31.7 millones de dólares a los matrimonios de Pablo González Sada e Irma Botello de González y Tomás González Sada y Laura Casas de González.
El organismo señala que los recursos recibidos por los matrimonios fueron operados en la casa de cambio del grupo, mediante una operación de compra de 31.7 millones de dólares al tipo de cambio de 3.096 pesos, inferior al llamado fix, que era 3.1051. Al hacer la operación con una cotización preferencial, la institución registró una pérdida en beneficio de los accionistas de 300 mil pesos. Como resultado de la operación se obtuvo el equivalente en moneda nacional de 98.2 millones de pesos.
También señala que Irma Botello de González y Laura Casas de González recibieron de SIBT préstamos sin garantía por 36.4 millones de dólares, ''que se infiere fueron destinados a la compra de acciones del Grupo Financiero Serfin''.
La ficción de que Serfin no estaba intervenido se mantuvo hasta que el auditor Michael Mackey concluyó su investigación. Según Juan Moreno, como Hacienda le impuso reglas al auditor, éste sólo podía revisar la información completa de los bancos intervenidos. Para casos como el de Serfin, sólo pudo consultar los créditos amparados por los pagarés emitidos por el Fobaproa. Destaca que la gran mayoría de los créditos que provocaron el quebranto de Serfin estuvieron fuera del examen de la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados debido ''a la argucia de simular que ese banco no estaba intervenido. Ese sólo hecho exige una investigación para poner en claro todas las posibles complicidades que estuvieron en el fondo de este desfalco'', concluyó.