ASEDIO A MONTES AZULES

Historia de la verdadera destrucción
de la Selva Lacandona

Antonio Castillo

En las últimas semanas han aparecido en la prensa algunos desplegados de ecologistas e investigadores que demandan al gobierno su intervención ante la destrucción del 70 por ciento de la superficie original de la Selva Lacandona, y por el peligro semejante que corre la Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules (RIBMA) de Chiapas, ocasionada, dicen, por grupos indígenas que han "invadido" y provocado "incendios incontrolados", perjudicando a sus "legítimos" dueños, los lacandones. En las demandas anteriores se ocultan varios hechos y propósitos:

La existencia de políticas agrarias anti indígenas en Chiapas
A la llegada de los españoles a Chiapas, algunos de los pueblos que habitaban en la Selva Lacandona eran de la familia maya-chol, como los lacandones, los acaláes, los topiltepeques, los pochutlas y los choles. Durante la Colonia, como resultado de las múltiples expediciones armadas españolas desde San Cristóbal, Tabasco y Guatemala, los pueblos originarios fueron desplazados a otras regiones. Otros pueblos se refugiaron selva adentro como los lacandones originarios, que fueron exterminados por los españoles en sus asentamientos de Lacam-Tun y Sac-Bahlán durante los siglos XVII y xviii. También buscaron refugio en la selva, desde inicios del siglo xvii, los choles, tzolziles, tzeltales y tojolabales, que fueron combatidos y expulsados de sus tierras, por los caciques de los Altos de Chiapas. A finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, llegaron a la Selva Lacandona, procedentes de Guatemala y Yucatán, otros pueblos a los que se les empezó a designar como lacandones. Con la reducción española, los choles fueron desplazados hacia Palenque y Tumbalá y los tzeltales a Bachajón y Ocosingo.

Desde finales del siglo XIX y hasta los años sesenta del siglo XX, la mayor parte de la Selva Lacandona estaba integrada en 11 propiedades privadas de grandes latifundistas, varios de ellos extranjeros. Lo anterior se permitió, a pesar de la Revolución mexicana y de la Constitución de 1917, debido a que las dos grandes fuerzas caciquiles de Chiapas habían firmado el Acta de Cangui y en 1914 le habían declarado la guerra por la vía armada al constitucionalismo carrancista. En 1920 Alvaro Obregón reconoció a los militares terratenientes, les pagó los gastos de la guerra y los dejó como soberanos de vidas, haciendas, fincas y a cargo del gobierno estatal. De nueva cuenta, esta situación provocó también la expulsión de pueblos de la selva.

A partir de la década de los cuarenta, regresaron a la selva, grupos de choles, tzolziles, tzeltales y tojolabales. Los lacandones o caribes habían continuado en ella. En el presente siglo, las empresas que explotaron el chicle y las maderas preciosas durante décadas, contribuyeron a la destrucción de la Selva Lacandona. Entre ellas estuvo la Maderera Maya de capital norteamericano, que contrató y se asoció con el Aserradero Bonampak, que con el uso intensivo de maquinaria y la carretera que construyeron de Palenque a Chancalá, fueron los mayores devastadores de la Selva Lacandona entre 1951 y 1973, no los pueblos indígenas que vivían en ella.

En los años sesenta y setenta, como consecuencia del no pago de impuestos de una de las empresas forestales, le declararon nulos sus títulos de propiedad, convirtiendo sus predios en terrenos nacionales; por ley otras empresas debían fraccionarse y enajenarse pero, este compromiso lo eludieron por años. Algunas empresas más, fraccionaron y vendieron sus tierras a ricos ganaderos, que se constituyeron en "pequeños propietarios". En 1972, Nacional Financiera terminó comprando el Aserradero Bonampak.

En esa misma década, en México existía una insurgencia social y en Chiapas y en la Selva Lacandona se manifestó una inconformidad agraria por parte de las comunidades indígenas, debido a la existencia de terratenientes y "pequeños propietarios". Por estas circunstancias, en 1972 se le reconocieron los derechos agrarios a la comunidad lacandona y se constituyó la Comunidad Zona Lacandona (CZL) con 614 321 hectáreas y 66 lacandones beneficiarios. Para este fin, reubicaron y concentraron en Lacanjá Chansayab a los lacandones dispersos procedentes de Piedras Negras Guatemala, de Tenosique Tabasco, de las riberas de los ríos Lacantún, Lacanjá, Tsendales, San Quintín y Santa Clara. En el norte concentraron, en Metzabok y Najá, a los lacandones de Monte Líbano e Itzanocú. Pero este reconocimiento agrario, convirtió en ilegales e invasores a otras familias indígenas, incluyendo a los lacandones de Indio Pedro. Esta resolución, dejó fuera las justas demandas agrarias de otros asentamientos tzeltales y choles principalmente.

Desde 1972 empezó a funcionar el aserradero de la Nacional Financiera, que en 1974 se constituyó en la empresa paraestatal Compañía Forestal de la Lacandona SA: (Cofolasa), que gozó de 1974 a 1988 de la concesión para explotar 1 308 312 hectáreas de la Selva Lacandona. Esta empresa fue responsable de la disminución y sobreexplotación de la selva, así como del agotamiento de las maderas preciosas. Pero, al igual que su gemela de Guerrero, la empresa paraestatal Forestal Vicente Guerrero (Fovig), se dedicó a cuadricular la selva con caminos y brechas, para combatir a losposibles insurgentes que aparecieran en Chiapas, como ya sucedía en Guerrero. La existencia de la CZL, posibilitó la explotación forestal "legal" de la selva, que supuestamente "pagaba" por la madera como derecho de monte.
 

En los años setenta, a la empresa maderera y a los ganaderos, les estorbaban los 80 núcleos indígenas asentados en la selva y, con el apoyo del ejército y la cnc, los desalojaron en forma ilegal y con violencia. A veintitrés de estos núcleos los trasladan y los concentran en dos nuevos centros poblacionales: a los choles los llevan a Frontera Echeverría (Frontera Corozal) y a los tzeltales los ubican en Velazco Suárez (Nueva Palestina) integrándolos a la CZL mediante una Resolución presidencial de 1978 que añade 1 452 nuevos comuneros. De una población de 12 mil habitantes el porcentaje refleja la disparidad: 61.97 eran tzeltales, el 31.4 por ciento eran choles y sólo el 6.28 lo constituía el núcleo de 66 familias lacandonas. Para agravar las cosas, de las 614 321 hectáreas prometidas en la resolución de 1972, el 9 de julio de 1988 le fueron ejecutadas sólo 501 106 hectáreas. La diferencia de hectáreas complica el conflicto agrario. Este nuevo fallo, favorecía a las 1 297 familias reubicadas, y dejó injusta e ilegalmente sin derechos agrarios a 2 250 familias, las que ahora fueron declaradas invasoras.

Debido a las demandas agrarias de otras regiones del país, y ante la necesidad de contar con mano de obra en las exploraciones petroleras- que comenzaban a crecer- y en la explotación forestal, la Secretaría de la Reforma Agraria, el gobierno de Chiapas, el PRI y la CNC, promovieron oficialmente la colonización de los terrenos nacionales de Marqués de Comillas, con personas provenientes de ocho estados de la República, pero principalmente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracrúz. A cada mestizo se le otorgaron 50 hectáreas de Marqués de Comillas, y 20 hectáreas a los indígenas en el resto de la Selva Lacandona. A esta región llegó también más gente de Chiapas. El poder de los terratenientes, finqueros y ganaderos, más las nuevas perspectivas de explotación de la selva impidieron que el conflicto agrario se resolviera. En Chiapas existen 877 expedientes agrarios no resueltos, 5 000 expedientes agrarios rezagados y 78 Resoluciones presidenciales sin ejecutar, 20 de éstas por los "errores" de la Secretaría de la Reforma Agraria. Así, la "ilegalidad" de los asentamientos indígenas se debe al racismo y a la falta de voluntad política gubernamental para resolverlos.

Sobre las 614 321 hectáreas de la Resolución presidencial de 1972 a favor de la Comunidad Zona Lacandona, existían 16 Resoluciones presidenciales anteriores a la decretada, en favor de otros núcleos agrarios. Además, se otorgaron posteriormente otras 44 nuevas resoluciones, que resultaron ser tambien legales, aunque sólo en el papel, pues en la práctica la justicia agraria no se cumple, y el conflicto agrario se sigue complicando. En esta misma superficie existen dos poblados con mandamiento gubernamental ejecutado, 16 predios solicitados como terrenos nacionales, siete ejidos constituidos con solicitud de primera y segunda ampliación, más 16 poblados considerados "asentamientos irregulares". En total son 78 poblados, que abarcan una superficie de 100 770 hectáreas de la CZL.

Si consideramos la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules, decretada en 1978 con una superficie de 331 200 hectáreas, vemos que el 80 por ciento de su superficie se decretó sobre la propiedad de la Comunidad Lacandona. En la RIBMA, quedaron 27 poblados legalmente constituidos, 18 poblados en trámite y unos 15 poblados considerados "irregulares". En total 42 poblados que ocupan 34 por ciento de la reserva, es decir, 113 598 hectáreas.

Desde el punto de vista histórico y por legitimidad, se puede decir que los distintos pueblos indígenas que por diversas circunstancias vivieron desde hace siglos en la Selva Lacandona --y aún viven--, incluso antes que los propios lacandones o caribes actuales, tienen tanto derecho legal y legítimo a la tierra como los legalmente reconocidos y mucho más derecho que los terratenientes y ganaderos. La actual ley agraria, que no se acata, dice que una posesión pacífica de cinco años en unos casos y diez en otros le da reconocimiento legal a sus ocupantes. Por qué si existe rezago agrario se aplica entonces una política racista, anti indígena, disfrazada de ecologista que --con la urgencia de atender en forma "legítima" a los "dueños legales" de Montes Azules--, quiere justificar el desalojo mediante el uso de la fuerza haciendo eco de lo que demandan algunos ecologistas y académicos.

El fracaso de los programas gubernamentales en las selvas
Al acusar falsamente a las comunidades indígenas de ser las culpables de destruir las selvas, por el empleo de su sistema de roza, tumba y quema para sembrar y cosechar sus alimentos, se pretende ocultar la sabiduría y la cultura de los pueblos originarios con siglos de manejo y conservación de selvas primarias y acahuales. Junto con el sistema de la milpa maya, la práctica de policultivos de más 15 productos distintos cosechados en una sola hectárea ha sido suficiente para alimentar a toda una familia. La construcción de terrazas y chinampas, así como la caza, la pesca, recolección y la domesticación de plantas, permitieron los procesos de sucesión vegetal, la conservación de la selva y la biodiversidad de la misma, por miles de años, tal como lo demostraron Efraím Hernández Xolocotzi, Ángel Palerm y Eric Wolff. Pueden entonces incorporarse técnicas apropiadas como la roza, tumba y pica, junto con policultivos a la manera de la milpa totonaca, y sistemas agroforestales y agroecológicos que desarrollen agricultura intensiva, la cual permitirá reducir la superficie agrícola y restaurar y aumentar la superficie de la selva, sin necesidad de expulsar a los indígenas.

Pedir el desalojo de los "indígenas invasores" oculta a los verdaderos culpables de la destrucción del 70% de la Selva Lacandona en los últimos 40 años: las empresas forestales privadas y paraestatales, la política equivocada de ganaderización del trópico, el apoyo a los ganaderos chiapanecos --con leyes draconianas como las del exgobernador González Garrido-- y la política que obligaba a desmontar para lograr el reconocimiento de derechos en los trámites agrarios. Baste un ejemplo. El financiamiento de créditos para la ganadería y los monocultivos para el mercado provocó que cultivos como el del chile hayan contribuido a que los choles y tzeltales de Corozal y Palestina de la CZL, terminaran con su superficie arbolada de selva correspondiente, incluso dentro de la propia RIBMA. Por esta razón, ambas subcomunidades fomentan la expansión de sus parcelas dentro de Montes Azules, en la parte arbolada que se conserva y poseen los lacandones actuales.

A finales de los setenta, la empresa forestal Triplay de Palenque, diagnosticó que de 1970 a 1981, se habían desmontado más de 400 mil hectáreas de la Selva Lacandona, debido a la política de colonización y trámites agrarios, que forzaban el desmonte, la ganaderización y los monocultivos. Desde Palenque y Ocosingo crecieron hacia la selva las propiedades de ganaderos procedentes de Tabasco y de estados del norte del país.

En las tres últimas décadas toda la Selva Lacandona (incluyendo Marqués de Comillas) ha sido la tumba de todos los proyectos gubernamentales; el fracaso productivo y de conservación por no tomar en cuenta el potencial de uso ecológico de los ecosistemas tropicales, por pensar sólo en la ganancia rápida y por el menosprecio hacia los conocimientos indígenas. Así se explica la destrucción de la selva y el fracaso del modelo oficial de colonización del trópico.

El fracaso no se debió a la falta de dinero, sino al mal uso del dinero, por ejemplo: los recursos para la Selva Lacandona pasaron de 21 millones en 1985 a más de dos mil millones en 1988 y a 35 mil millones en 1990. Desfilaron diversos programas con buenas intenciones como el Programa de Desarrollo Económico en 1975, el Fideicomiso de la Selva Lacandona en 1976, la Coordinación Ejecutiva del Programa Ecológico de la Selva Lacandona en 1978, la Comisión Intersecretarial para la Conservación de la Selva Lacandona en 1986, el Subcomité Especial para la Selva Lacandona de Coplade en 1989, el Programa de Conservación y Desarrollo de la Selva Lacandona de Sedesol en 1991. Desde 1980 operaban en la Selva Lacandona 28 dependencias y organismos. ¿Dónde están sus resultados y los responsables de los fracasos? Es evidente que los responsables de ese 70 por ciento de destrucción de la Selva Lacandona son la iniciativa privada, las políticas erráticas en el trópico y los funcionarios con sus diversos programas, no las comunidades indígenas.

También está el fracaso reciente del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) de la Semarnap y del gobierno de Chiapas para la Selva Lacandona (de 1995 al 2000), porque no tuvieron resultados en la reconversión productiva, en la conservación ecológica y en la capacitación alternativa. Su nula influencia sigue permitiendo el crecimiento de la frontera agrícola y pecuaria, el uso intensivo de paquetes tecnológicos con agroquímicos que contaminan y destruyen la biodiversidad. En la conservación de la selva, también fracasó el Programa Piloto Forestal para Marqués de Comillas (copia idéntica del Programa Piloto Forestal de Quintana Roo, de la ex SARH y Alemania), promovido igualmente por la Semarnap. Su propuesta consiste en que, al desaparecer las maderas preciosas de la selva, hay que explotar y vender, ahora como materia prima, la madera de las especies duras y corrientes tropicales. ¿Dónde quedó el manejo cultural, el aprovechamiento diversificado y el desarrollo cultural y sustentable de la selva, decidido y operado por los propios pueblos indígenas, dueños originarios de las tierras y recursos naturales?