Lunes en la Ciencia, 19 de junio del 2000
Insuficiencias
Juan Carlos Miranda Arroyo
En los anexos del quinto Informe de Gobierno (1999), la Presidencia de la República afirma que el gasto ejercido en ciencia y tecnología (C y T) representó durante el último año 0.45 (cero punto cuarenta y cinco) por ciento del producto interno bruto (PIB). El dato en sí mismo no tendría mayor significado, si no fuera porque nos permite calificar el desempeño de la actual administración en términos de políticas científicas. La conclusión es sencilla: ésta ha sido una administración que no cumplió con una de sus metas más importantes en esa materia; y el bajo desempeño no sólo queda demostrado con ese asunto (asignación suficiente y progresiva de recursos financieros), sino por el hecho de que otras metas trazadas en el Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 no se llevaron a cabo tal y como fueron planeadas.
Para financiar adecuadamente a la ciencia, el gobierno
federal se propuso, como meta, destinar 0.7 por ciento del PIB a ese
rubro para el año 2000. Adicionalmente, en otros rubros, como
el de la descentralización, entendida como
federalización de la estructura burocrática y la
reorganización (toma de decisiones administrativas y
desconcentración de los recursos materiales y humanos) de las
instituciones encargadas de realizar tareas de investigación,
las metas tampoco se cumplieron.
Durante los últimos seis años no hubo capacidad gubernamental para revertir hechos negativos que, aun cuando fueron señalados por la comunidad científica y la opinión pública, no han sido atacados eficientemente. La mayor parte de los recursos humanos dedicados a las tareas científicas en México, por ejemplo, reciben ingresos provenientes del gasto público (aproximadamente 85 centavos de cada peso invertido en ciencia y tecnología en nuestro país, tienen su origen en el erario federal). En otras palabras, la baja participación de la iniciativa privada en proyectos de C y T se mantuvo en el mismo nivel registrado durante 1994.
Es claro para todos que ese modelo rector de las políticas pública en C y T no se asemeja al que opera en otros sistemas científicos de Europa y Norteamérica, donde la inversión pública es minoritaria. Sin embargo, es preciso revisar qué medidas se habrán de tomar si el Estado mexicano se muestra incapaz de estimular la participación del capital privado dentro del esquema de financiamiento nacional en ciencia y tecnología. A ese respecto conviene preguntarse: Ƒcómo piensa lograr el siguiente gobierno de la República el equilibrio financiero entre la inversión pública y el capital privado para impulsar de manera vigorosa la investigación en ciencias, humanidades y tecnologías?, Ƒqué beneficios ha arrojado la rectoría del Estado en el proceso de desarrollo científico y tecnológico nacional, y cómo evaluar esa situación?, Ƒqué otras alternativas podrán ensayarse para fortalecer las capacidades científicas nacionales, sin lesionar el espíritu social que prevalece en las instituciones públicas que realizan investigación?, Ƒqué tipo de programas de gobierno habrán de diseñarse para diversificar las fuentes de financiamiento hacia ese tipo de actividades claves durante el próximo trayecto económico y cultural que habrá de transitar la nación?
Debido a que las metas de las políticas científicas fueron incumplidas en el pasado inmediato, (como puede desprenderse del análisis de los datos oficiales), será necesario poner en práctica un plan de emergencia y aplicar una serie de medidas para contrarrestar el estancamiento científico-técnico en que se ha colocado al país. En principio, será oportuno, por ejemplo, modificar la dinámica del gasto público que se ha seguido en materia de investigación, cuyos montos anuales han sido manejados de manera oscilante durante los últimos tres sexenios. Asimismo, se deberán dispensar los ajustes al presupuesto que anteriormente se aplicaron a los programas de investigación, como parte de los "recortes" presupuestales aplicados durante los últimos tres años. Y habrán de adoptarse una serie de nuevos criterios, a efecto de que la participación de la iniciativa privada en materia científica y tecnológica se vea obligada a dar un giro total a la actual situación.
Más allá de consideraciones pragmáticas, se debe inducir a un drástico incremento de los montos de inversión pública hacia la ciencia durante la próxima década. Pero será más importante elevar, sin titubeos, el porcentaje del PIB con el que participa el sector productivo y de servicios en las tareas nacionales de ciencia y tecnología.
Una tarea que quedarán en manos del siguiente gobierno será desarrollar una plataforma de crecimiento de las capacidades propias en investigación, y diseñar un fondo concurrente que prevenga futuras crisis para mantener a flote el plan nacional de ciencia durante el futuro inmediato.
Como se podrá desprender de este breve comentario, lo que está en juego no sólo es el volumen de recursos que se destinarán a la ciencia en el futuro, sino determinar con toda precisión qué instancias serán las responsables de dar un giro a tal situación, marcada regularmente por las ineficiencias burocráticas; así como definir de qué manera se motivará la participación de la sociedad para revertir de manera rápida y ordenada el rezago que hoy viven las instituciones nacionales dedicadas a la investigación científica, humanística y tecnológica.
El autor es profesor de la Universidad Pedagógica, Unidad Querétaro