MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2000

A cinco años de Aguas Blancas

* Carlos Montemayor *

Las masacres de campesinos en México no suelen ser hechos aislados, sino parte de un proceso de represión más amplio. Las masacres se perpetran al amparo de una peculiar confianza de las autoridades, cuerpos policiacos o fuerzas militares: la seguridad de que permanecerán impunes y de que la represión será efectiva y se cancelará la inconformidad social. La masacre de Acteal no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de guerra más amplia que el gobierno mexicano impulsa en Chiapas. La masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995 también forma parte de un proceso más amplio de represión en la Sierra de Guerrero.

Quizá en nuestros días resulta difícil ocultar masacres de ese tipo. Antes era posible perpetrarlas y no solamente gozar de impunidad, sino mantenerlas fuera del alcance de los medios informativos. Por ello el gobernador Juan Sabines pudo ordenar el asesinato de centenares de campesinos indígenas en Chiapas sin que el país se estremeciera con esa barbarie. Por ello las autoridades de Guerrero ordenaron en 1965 la masacre de varias decenas de copreros de la Costa Grande en una asamblea celebrada en Acapulco sin que el país lo supiera ni se cuestionara a los culpables.

Una masacre como la de Acteal, hemos dicho, no es un caso aislado, un accidente al margen. Forma parte de una estrategia de guerra minuciosamente planeada e impulsada por el gobierno mexicano en Chiapas; una guerra que ha consistido en la desarticulación de la Conai y de las relaciones de la diócesis de San Cristóbal de las Casas con periodistas, observadores y organizaciones civiles nacionales e internacionales; el apoyo a grupos paramilitares; el derrame selectivo de recursos económicos para programas de desarrollo regional en zonas donde se fortalecen los grupos paramilitares; el cerco militar en las Cañadas y ahora su expansión por el norte del estado y los Altos. La masacre de Acteal es una parte mínima de las operaciones de guerra cuyos resultados son millares de familias desplazadas, millares de viviendas, parcelas y cosechas saqueadas, destruidas o incendiadas; centenares de muertos y heridos. Pero lo más importante de esto es que el proceso de represión del que Acteal forma parte aún no concluye: por el contrario, prosigue y se intensifica.

Debemos decir que la masacre del vado de Aguas Blancas, en Guerrero, tampoco fue un caso aislado ni accidental de represión; forma parte de una estrategia de guerra más amplia en varias regiones de la sierra de Guerrero y de manera particular en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Hace cinco años, el 28 de junio de 1995, los 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas pertenecían a la OCSS. Ahora, cinco años después, ha ascendido a 42 el número de campesinos asesinados pertenecientes a esa organización. Antes y después de la masacre, se formó una organización campesina paralela, que en vano intentó neutralizar a la OCSS. Ahora, las autoridades se proponen apoderarse de la organización misma y han convocado, al margen de sus dirigentes reales, a celebrar un congreso un día antes del aniversario de Aguas Blancas.

El proceso de represión que producen las masacres no ha cesado en Chiapas ni en Guerrero. Por eso tampoco ha cesado la resistencia social que la violencia oficial engendra. *