LUNES 3 DE JULIO DE 2000

La Comisión Ambiental y la participación ciudadana

* Iván Restrepo *

Con la indiferencia casi total de los medios informativos, se efectuó hace unas días en Dallas, Texas, la séptima reunión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, creada en 1994 como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) de México, Estados Unidos y Canadá.

La comisión, con sede en Montreal, es la conciencia ambiental del TLC y ha logrado en sus años de funcionamiento armar una amplia agenda de trabajo que comprende lo mismo acciones para preservar la biodiversidad y evitar los efectos nocivos de las sustancias químicas, que profundizar en las medidas tendientes a luchar contra la contaminación del aire y el suelo.

El organismo rector de la comisión es el consejo, integrado por los tres ministros del ambiente y el cual sesiona una vez al año. Otros dos integrantes de la citada comisión son: el secretariado (que se ocupa del desarrollo del programa de trabajo aprobado por la comisión) y el Comité Consultivo Público Conjunto, este último integrado por 15 miembros, a razón de cinco por cada país. Ninguno de ellos puede ser funcionario ni recibir directrices de su gobierno, aunque éste los nombra a su libre voluntad e intereses. En términos llanos podemos afirmar que el comité, con todas sus limitaciones, es la voz ciudadana en la comisión.

A seis años de creada, la comisión ha tenido logros en temas de interés común, mientras en otros recibe críticas. Una de las más constantes se refiere a la participación efectiva de la ciudadanía para hacer cumplir las leyes ambientales de cada país. Con ese fin, cualquier persona o grupo puede elevar al organismo trilateral una queja, si estima que uno de los países miembros no aplica adecuadamente sus leyes ambientales. El secretariado da inicio, entonces, a un complejo proceso que puede llevar a integrar un Expediente de Hechos. Este, por supuesto, no es del agrado del gobierno aludido, pues lo exhibe ante la opinión pública. Por ello, existe la sensación entre diversas organizaciones no gubernamentales de que los representantes oficiales de México ante la comisión, y recientemente también los de Canadá, buscan acotar la independencia del secretariado en la elaboración de tales expedientes.

En paralelo, se ha intentado restar importancia al Comité Consultivo, el cual convoca periódicamente a reuniones públicas para escuchar la opinión ciudadana sobre temas claves del ambiente. Hoy el comité lo preside la mexicana Regina Barba, quien se ha empeñado en que el organismo no pierda su importancia legal. A juicio de la señora Barba, aunque el Acuerdo Ambiental fue un bebé no deseado por el sector oficial mexicano que alentó la firma del TLC, hoy tiene una amplia familia en los tres países, interesada en plantear y resolver los asuntos ecológicos que más inquietan a la población.

Precisamente el intento de limitar la participación del público en la Comisión Ambiental hizo crisis este año y opacó los otros temas de interés que trató el consejo en su reunión de Dallas. Según la maestra Julia Carabias, los malentendidos se aclararon y todo ahora es armonía. En realidad, el descontento ciudadano era de tal magnitud que los tres ministros se vieron obligados a reiterar que no limitarán los mecanismos de denuncia y participación pública actualmente vigentes y, por el contrario, prometieron reforzarlos; mas lo que hicieron fue trasladar la discusión de tan espinoso asunto al Comité Consultivo. Cabe aclarar que la participación del comité se limitará a presentar una recomendación al consejo y éste decidirá si la toma o no en cuenta. Parece que persiste la idea de convertir al comité en el patito feo de la comisión y no en la instancia ciudadana con las capacidades que el propio TLC le confiere.

En tiempos de globalización es inútil esconder los problemas ambientales, menos los de México; lo mejor es enfrentarlos y resolverlos. Y en esa tarea, la Comisión Ambiental de América del Norte, y de manera especial la ciudadanía, tienen una misión clave: hacer cumplir la legislación ambiental y mejorarla, evitar que siga el deterioro y garantizar el patrimonio natural de los tres países. Una agenda muy simple, pero que, como nos muestra la realidad, está lejos de cumplirse. *