DOMINGO 2 DE JULIO DE 2000

La elección y los capos<

México a la sombra
del
narco

Carlos FAZIO

A la elección hemos llegado, entre otras cosas, repletos de denuncias sobre presuntas ligas de los hombres del poder político con el narcotráfico. Al calor de las campañas, las acusaciones fueron y vinieron, como una muestra de que apenas se conocen algunas puntas de la intrincada madeja

C orría febrero de 2000. Eran los días de la tradicional "certificación" antidrogas estadunidense. Las campañas políticas no calentaban todavía en México. El 24 de ese mes, el embajador de Estados Unidos Jeffrey Davidow hizo una declaración explosiva: afirmó que la mafia ya no está en Sicilia sino en México. Con fluido español, aunque sin recato retórico alguno y afín con los usos diplomáticos imperiales, aseguró que el cuartel general del narcotráfico está en México. "Es como fue Sicilia para Italia", explicó. Y se armó el griterío. Cínico, blasfemo, hipócrita, boca floja... se rasgaron las vestiduras funcionarios, políticos y editorialistas mexicanos.

En medio del fragor nacionalista hubo rectificaciones y hasta un extrañamiento diplomático auspiciado por la cancillería de Tlatelolco, šen ausencia de Davidow! Finalmente, no pasó nada. México siguió siendo un santuario del narco. Nada, salvo que dos presidenciables en campaña admitieron, con matices, que diplomático tenía razón: Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas.

Desde el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, el candidato de la Alianza por el Cambio justificó a Davidow: "Está hablando con la verdad, porque estamos colombianizados". Fox aclaró que Estados Unidos es parte del problema; "ellos mismos, con los cañonazos de consumo de droga, sobornan a cualquiera, y estos capos viven del ingreso de allá". Ya encarrerado, el panista añadió que "incluso hasta del candidato oficial (Francisco Labastida, del PRI) ha surgido la idea de que también tiene algo que ver con esto".

En Ahualulco de Mercado, Jalisco, Cárdenas dijo que las opiniones de Davidow "son un reflejo de la realidad", aunque aclaró que Estados Unidos es el principal país consumidor y que las mafias más fuertes están allá. El candidato de la Alianza por México destacó las "complicidades" de policías, funcionarios y administrativos mexicanos con las redes del narcotráfico, y dijo que Davidow debe "conocer mejor" el problema porque Estados Unidos tiene aquí a agentes "infiltrados", con la anuencia del gobierno de Ernesto Zedillo.

Davidow había logrado volver a meter el asunto del narcotráfico en las campañas; un tema que conoce muy bien desde antes de su llegada como diplomático a México, a mediados de 1998. Clasificado entre los "duros" de la diplomacia estadunidense, Jeffrey Davidow ha desparramado a 500 agentes encubiertos de su país sobre los 32 estados de la República. La llamada comunidad de inteligencia actúa a placer en México, apoyada por instrumentos de espionaje de alta tecnología, incluidos los satelitales. Su actividad no se reduce al narcotráfico; el narco es la coartada para espiar los recursos estratégicos de México y penetrar a las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas.

Cuando Davidow llegó al país, en la Casa Blanca y el Capitolio existía ya la convicción, apoyada en información de inteligencia, de que México era un narcoestado. Durante el sexenio de Zedillo se había ido consolidando una nueva terminología que ganó los titulares de la prensa de México y Estados Unidos: narcopoder, narcodemocracia, narcogobernadores, narcopolíticos, narcomilitares y hasta... narcolimosnas. Por eso, en círculos de alto nivel se comenta todavía que lo primero que hizo cuando llegó a México fue entregarle al presidente Zedillo un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desnudaba la gran corrupción e impunidad del sistema político mexicano.

El documento contenía un detallado organigrama de las alturas del poder, con los nombres de miembros del gabinete, gobernadores, políticos del PRI, funcionarios gubernamentales, comandantes policiales y militares. Peces gordos y medianos, desde ex presidentes y presidenciables hasta altos responsables de las áreas de seguridad del Estado. Ellos y sus familias, especificaba el memorándum, "son los intocables del sistema". Los identificaba como "cabeza de grupo". Tenían el control del crimen organizado, del narcotráfico, de los aeropuertos clandestinos, de las bandas de secuestradores y de roba autos, de asesinos a sueldo, de la organización interna de los penales.

El informe que entregó Davidow era una "alerta" al presidente Zedillo de cara a la sucesión. Ese grupo de poder de características delincuenciales y mafiosas pretendía imponer "su candidato" en los comicios del año 2000. Entre los nombres que incluía el organigrama figuraban los de Francisco Labastida Ochoa y Oscar Espinosa Villarreal. La fuente era la misma que, recién nombrado Labastida como secretario de Gobernación, filtró información al diario The Washington Times que contenía datos sobre los presuntos vínculos del actual candidato del PRI a la Presidencia con el narcotráfico, desde la época en que se desempeñó como gobernador de Sinaloa. El 5 de febrero de 1998, en primera plana, el diario estadunidense decía en su encabezado: "La CIA vincula al ministro del Interior de México con capos de la droga". A esto sin duda se refería Fox, pues desde entonces su equipo de campaña ha utilizado la publicación del diario ligado a la secta Moon, como "prueba" contra Labastida.

La denuncia se suma a una larga cadena de acusaciones contra funcionarios públicos y políticos mexicanos, casi nunca probadas, de la que no se ha salvado ni la familia del presidente Zedillo.

El 1o. de mayo de 1995, Peter Lupsha, catedrático de la Universidad de Nuevo México, reveló que en abril y junio de 1994 llegaron a México dos embarques del cártel de Cali con 40 millones de dólares. Según Lupsha, que citó como fuente al agente de la DEA Sandy González, el destino del dinero pudo ser "para inversiones o para apoyar la campaña presidencial de Ernesto Zedillo" (Proceso, 1 de mayo de 1995). El académico supuso que el capo colombiano Miguel Rodríguez Orejuela quiso garantizar una posición favorable y protegida del nuevo gobierno para el cártel de Cali. En septiembre de 1997, durante una larga audiencia, el general Gutiérrez Rebollo involucró a la familia política y sanguínea del presidente Zedillo con el narcotráfico. El ex jerarca castrense afirmó que el padre y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Zedillo tenían tratos con los hermanos Amezcua, capos del cártel de Colima, especializados en el tráfico de efedrina y metanfetaminas hacia Estados Unidos. El militar extendió sus señalamientos al padre y a un tío del propio Presidente, quienes, dijo, fueron investigados por sus supuestas relaciones con el lugarteniente de Amado Carrillo, Eduardo González Quirarte. Pero nunca aportó ninguna prueba.

*ƑEl partido del narco?

En rigor, Davidow sólo había echado más leña al fuego en función de los intereses estadunidenses. El 1o. de julio de 1999, el senador panista Gabriel Jiménez Remus había denunciado que el PRI se negó a debatir las reformas electorales "porque sus campañas están infiltradas por el narcotráfico (...) De esto a nadie le debe quedar duda, y también de los financiamientos irregulares como el de Cabal Peniche y De Prevoisin". Legisladores perredistas se sumaron a los panistas y juntos señalaron que el gobierno y el PRI tenían "pavor" de aprobar las reformas al Cofipe porque saldrían a relucir los financiamientos ilegales de las campañas de 1994.

"Ese es un infundio y una calumnia. Es inaceptable", dijo Labastida. Siete días después, el senador panista Emilio Goicochea volvió a decir en el Congreso que a tres de los cuatro precandidatos del PRI "se les acusa de estar vinculados con el narcotráfico". Otro panista, Ricardo García Cervantes, dijo que podía aportar una lista con "70 nombres, con sus fuentes, con sus fechas, de funcionarios y políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico". La narcolista del PAN era una recopilación periodística que incluía al presidente Zedillo, al general secretario de la Defensa Enrique Cervantes, a los precandidatos priístas Francisco Labastida, Manuel Bartlett y Roberto Madrazo, a Emilio Gamboa, al gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

En la refriega salió a relucir, también, la "doble moral" del PAN, cuando el priísta Amador Rodríguez Lozano denunció los presuntos nexos de un hermano del ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, con el narcotráfico. Recordó que un escolta de Ruffo está preso en Los Angeles por sus vínculos con los hermanos Arellano Félix. Existen también denuncias ųnegadas por élų sobre las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, con los barones de la droga.

La pugna PRI/PAN sobre el tema se calentó en Baja California el 2 de febrero de este año, cuando Vicente Fox acusó en Tijuana al gobierno federal y al PRI de fomentar el narcotráfico. Dijo que el narco "se gestó en las entrañas del gobierno federal", y mencionó como ejemplos los casos de Raúl Salinas y Mario Villanueva. Afirmó también que algunos presuntos narcotraficantes "están en el equipo de Labastida". Más adelante, cuando todavía no se disipaban los efectos de la bomba lanzada por Davidow, Fox dijo que "los capos se han apoderado del PRI desde hace varios años". Labastida pidió pruebas y el PRI anunció que interpondría una queja ante el Instituto Federal Electoral por esas declaraciones "irresponsables". Fox dijo que no le preocupaba y volvió a arremeter desde Pátzcuaro: "Los alacranes, sanguijuelas, víboras prietas, tepocatas y alimañas se atravesarán en el camino y presentarán denuncias porque los llamamos narcos y además corruptos. Y lo vuelvo a ratificar".

Tardó unos días Labastida en responder que nadie podía ligarlo con el narco. "Es un golpe bajo y sucio", dijo. Agregó que su salida como embajador a Portugal, en 1993, fue por "amenazas" de los Arellano. Desde Coahuila, Fox le respondió que "Sinaloa es la cuna del narco". Y siguió el ping pong; ahora reviró Labastida en una entrevista: "Como gobernador defendí a mi estado del narcotráfico". Insistió Fox desde Culiacán: "Labastida toleró y negoció con el narcotráfico".

En una inserción pagada, el PAN citó dos frases del segundo Informe de Labastida como gobernador de Sinaloa, en las cuales elogiaba a los generales Juan Arévalo Gardoqui y Jesús Gutiérrez Rebollo. Abajo aparecían dos leyendas; una decía que Gutiérrez Rebollo purga una condena acumulada de 71 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico. La segunda señalaba que Arévalo, entonces secretario de Defensa, fue denunciado por estar conectado al narco.

El 30 de marzo, el IFE desechó la propuesta del PRI de sancionar a Fox y el PAN ratificó ante el organismo todos los dichos del panista. "El PRI no ha podido taparme la boca", dijo Fox, triunfalista. Desde Washington, Labastida había recibido un salvavidas muy apreciable, el del "zar" antidrogas de la Casa Blanca, general Barry McCaffrey, que lo exoneraba de cualquier vínculo con los narcos.

En medio del fragor de la batalla PRI-PAN, pasó casi inadvertido un fragmento del discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo, el 6 de junio de 2000. Dijo allí que Labastida había llamado "a lo peor de su partido, a lo peor del PRI para que lo apuntale. Ha sacado de la tumba los cadáveres políticos. Con ellos está apuntalando el partido del descrédito al candidato del descrédito. Con ello está apuntalando el partido de la corrupción al candidato de la corrupción. Con ello está apuntalando el partido de las complicidades con el crimen organizado y con el narcotráfico al candidato del crimen organizado y del narcotráfico".

*Una fuga providencial

Que no se hayan podido probar en todos los casos las relaciones históricas, estructurales y simbióticas entre los campos de la política, la economía, las finanzas, la seguridad del Estado y el tráfico de drogas no quiere decir que el fenómeno no exista. El propio gobierno de Zedillo, vía la PGR, tiene en la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, acusado entre otros cargos de haber tenido vínculos con el cártel del Golfo y participado en actividades de lavado de dinero, y no se lo han podido probar plenamente.

La misma PGR que dejó escapar al gobernador Mario Villanueva, luego de que en diciembre de 1998 el embajador Davidow, vaya casualidad, "marcara" a Quintana Roo como una de las puertas del narco. En ese tiempo, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Salud (FEADS) había iniciado pesquisas en contra de los ex gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea, de Sonora y Morelos, respectivamente, señalados a su vez por Craig Pyes y Sam Dillon, corresponsal de The New York Times en México, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, y ahora tocaba el turno a un gobernador en funciones.

Después de que se esfumó misteriosamente el 27 de marzo de 1999, Villanueva fue acusado de manera formal por el fiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti, de ser uno de los dirigentes del cártel de Juárez en la península de Yucatán. Villanueva ha reivindicado su amistad con secretarios de Estado, ex y gobernadores en funciones, políticos retirados y en actividad como Diódoro Carrasco (Gobernación), Emilio Gamboa (hombre clave en el equipo de campaña de Labastida), Carlos Hank González y su hijo Jorge Hank Rhon, Roberto Madrazo, Víctor Cervera y Manuel Bartlett, la mayoría de ellos mencionados de vez en cuando por sus ligas con los narcos.

No hay duda de que la fuga evitó un juicio que habría derivado en un gran escándalo en el contexto de las campañas electorales, con neto saldo desfavorable para el PRI, su candidato Labastida y el presidente Zedillo. Desde la clandestinidad, Villanueva dijo que sus enemigos eran Zedillo y sus hermanos, Liébano Sáenz, Pedro Joaquín Coldwell, Carlos Rojas, José Antonio González, Jorge Madrazo, Mariano Herrán Salvatti...

*La banda de Los Pinos

Desde los asesinatos del periodista Manuel Buendía en 1984 y del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, la danza de políticos y narcotraficantes se convirtió en algo trivial, de manejo común entre la gente, e involucró nombres como de altos funcionarios.

La cadena atraviesa las estructuras del poder y llega hasta nuestros días. Muchos son los nombres que se repiten y permiten jugar con el reparto del mercado, zonas de influencia, plazas. Hilar a los clanes, mafias o familias que controlan a los cárteles, cuyos barones son, simplemente, operadores, el eslabón más débil de la cadena. Eduardo Valle, periodista y asesor del ex procurador Jorge Carpizo, escribió un libro sobre el narcosalinismo. Lo tituló El segundo disparo. La narcodemocracia mexicana. Allí documentó las andanzas de lo que dio en llamar "la banda de Los Pinos". Valle aseguró tener "casi todas las pruebas" que conectan al gobierno de Salinas con el negocio de las drogas, más precisamente con el cártel del Golfo, de Juan García Abrego.

De acuerdo con Valle, el arquitecto de la organización criminal fue Raúl Salinas Lozano, ex secretario de Industria y Comercio y padre de dos hijos célebres: Carlos, el exiliado itinerante de Dublín, y Raúl, recluido en Almoloyita. Don Raúl, jefe del clan de Agualeguas comenzó hace muchas décadas una estrecha relación con Juan Nepomuceno Guerra, el viejo jefe de la mafia de Tamaulipas, donde floreció el cártel del Golfo, subordinado a los capos colombianos de Cali. Entre los socios prominentes de "la banda de Los Pinos", Valle menciona a José Córdoba Montoya, el alter ego del presidente Salinas, y a Marcela Bodenstedt, una bella ex agente judicial federal, que incursionó en la televisión y que en realidad se desempeñaba como espía del capo García Abrego. Además, era "amiga íntima" del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes de Salinas, Emilio Gamboa, el hombre que controlaba las carreteras, los puertos y los aeropuertos del país. El secretario particular del ex presidente Miguel de la Madrid, el amigo del prófugo Villanueva, el hombre clave del equipo de Labastida.

Otro personaje relevante que Valle ubica en las filas del narcosalinismo es Carlos Hank González, considerado el "rey Midas" de la política, es reputado como el "dinosaurio" mayor del sistema autoritario edificado a la sombra del PRI desde hace 71 años. Los presuntos vínculos de Hank con los barones de la droga están avalados por un documento del Senado de Estados Unidos, fechado el 3 de agosto de 1995, donde se le considera como "el intermediario principal entre las empresas de narcotraficantes y el sistema político mexicano" durante el salinismo. El republicano Jesse Helms manejó la hipótesis de que Hank es uno de los "protectores" de los hermanos Arellano Félix, capos del cártel de Tijuana.

Los Hank han sido acusados de lavado de dinero en Estados Unidos y Costa Rica. En 1998, la Reserva Federal interpuso una acusación formal contra la familia Hank por la presunta venta secreta de acciones del Laredo National Bank. También se investigan sus nexos con Raúl Salinas de Gortari y el manejo de cuentas secretas extraterritoriales a través del Citibank. Para defenderse contra lo que considera "acusaciones no comprobadas", la familia Hank contrató a un grupo de experimentados ex agentes de la FBI, de la DEA y de Interpol. Después de una extensa investigación, los especialistas concluyeron que no hay pruebas en su contra, sólo suposiciones. El clan quedó autoexculpado.

Al jefe Justo hace tiempo que la Secretaría de la Contraloría le perdió la pista. Justo Ceja era el cajero personal de Salinas. El eficientísimo secretario privado del presidente de la República el sexenio pasado; el hombre que entregaba los bonos fuera del presupuesto a secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel, por su "lealtad" al mandatario. Pero Ceja era también el "correo" entre su jefe y los comandantes de la policía que controlaban a los capos de la droga. Asimismo, Ceja es el último hombre que, junto con Raúl Salinas de Gortari, vio a Manuel Muñoz Rocha antes de que éste desapareciera en los aciagos días del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

La lista sería interminable. Los casos también. Nombres y casos se entremezclan una y otra vez, se olvidan y reaparecen. En la investigación sobre el asesinato del locutor de televisión Francisco Paco Stanley, parecen consolidarse los elementos que establecerían un nexo entre el animador y el clan de los Amezcua, los "reyes de las metanfetaminas". Pero en el caso se investiga también si existe vinculación entre la posible adquisición de Tv Azteca a través de operaciones de lavado de dinero y el homicidio de Stanley. La Procuraduría General de Justicia capitalina busca establecer si el origen de los 29.5 millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego para la adquisición de la televisora del Ajusco es relevante para el o los móviles en el asesinato de Stanley.

En mayo de 1997, legisladores del PRI impidieron investigar el enlace entre Conasupo y el narcotráfico en los tiempos de Raúl Salinas de Gortari. Según The Washington Post, la paraestatal fue el almacén de todo "lo sucio" del sexenio 1988-1994. En la investigación sobre "lavado de dinero" a través de la infraestructura de la Conasupo participó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero las investigaciones se frenaron; por alguna razón a Washington ya no le interesó más el caso.

A su vez, las hojas arrancadas al informe de Michael Mackey sobre el escándalo del Fobaproa probarían la "lavandería electoral" del PRI en Tabasco y los millonarios recursos que fueron a parar a las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo; allí el auditor canadiense explicaba cómo fueron canalizados 30 millones de dólares del Banco Unión de Carlos Cabal Peniche al PRI, cinco de los cuales fueron entregados directamente a Zedillo. Fueron expurgadas por el propio auditor, a instancias del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández.

Detenido en noviembre de 1998, en Melbourne, Australia, Cabal fue acusado por el gobierno mexicano de provocar un presunto desfalco al sistema bancario por más de 300 millones de dólares. Pero una corte australiana comprobó que el ex banquero favorito de Salinas donó millones de dólares a las campañas del PRI y avaló la versión de que fue presionado para financiar la campaña del ahora presidente Zedillo.

El pozo de la relación banqueros-campaña priísta de 1994-Fobaproa comenzó apenas a destaparse. Y siempre aparece la danza de nombres, los clanes y las familias priístas relacionados con uno u otro affaire. El de Oscar Espinosa, por ejemplo, el cajero de la campaña de Zedillo, cuyo juicio por un presunto peculado millonario cuando fue regente de la ciudad de México provocó una guerra política con el caso Stanley. Otra punta de la madeja puede conducir al caso Conasupo y así sucesivamente. Una historia interminable.*