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El gobierno de Nicaragua
pretende cerrar las instalaciones de Servicios Integrales para las Mujeres
(SIMUJER), por presiones de la jerarquía de la Iglesia católica,
la Evangélica y grupos como Anprovida y Alianza por la Vida,
las que además, buscan impedir que en el nuevo Código
Penal continúe siendo legal el aborto terapeútico, establecido
desde hace 129 años en la legislación de ese país.
En el programa televisivo oficial Temas y Debates, tanto el vocero de
la presidencia, Luis Mora, como el diputado del Partido Camino Cristiano,
Orlando Mayorga, informaron que ya se había presentado un proyecto
ante la Asamblea Nacional para retirar la personería jurídica
a SIMUJER y Mayorga aseguró que se contaba con el apoyo del Partido
Conservador y de numerosos diputados del Partido Liberal Constitucionalista,
que actualmente gobierna Nicaragua.
La denuncia fue realizada por su directora ejecutiva, Ivania Flores
Cárdenas, quien pidió la solidaridad de las agrupaciones
feministas y los medios masivos de información, para evitar la
desaparición de esta institución y el avance de las fuerzas
conservadoras. Asimismo, criticó al gobierno de su país
por intentar hacer prevalecer la opinión de la Iglesia por encima
de la Constitución, la cual establece que Nicaragua es un país
laico.
Al referirse al tema del aborto terapéutico, Flores Cárdenas
dijo que "es la única forma de preservar la salud integral
y la vida de las mujeres, especialmente de las más pobres",
por lo que reafirmó el compromiso del colectivo que integra SIMUJER,
de seguir luchando por los derechos de las mujeres, para que tengan
acceso a una vida saludable y sin discriminaciones.
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