Una vez concretada la alternancia en el poder ejecutivo federal, lejos está de haber concluido la agenda de la reforma electoral en el país; menos aún la reforma y la reconstrucción estatal. A los asuntos pendientes del anterior ciclo de modificaciones electorales, hay que incluir ahora los que se derivan de la necesidad de discutir y encontrar fórmulas para impulsar la transformación del Estado en la perspectiva de los Acuerdos de San Andrés. Más ampliamente, las implicaciones de la diversidad cultural en el ámbito de los derechos políticos, la estructuración de las instituciones y los modos de configuración de la representación política.

De alguna manera en el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha tomado nota de la problemática en juego y es por ello que en 1999 le fue preparado a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este instituto un informe especial denominado Usos y costumbres en comunidades indígenas y procesos político-electorales, coordinado por José Antonio Aguilar Rivera del CIDE, con la colaboración como investigadores externos de Guillermo Trejo Osorio del CIDE y Ana Paula Pintado Cortina de la UNAM. Su contenido es responsabilidad de los autores y no expresa la posición oficial del Instituto.

El estudio reúne rica información testimonial recabada en un trabajo de campo directo en 14 comunidades indígenas del país, pero procesa dicha información desde un ángulo esencialmente monoculturalista que impide encontrar fórmulas en las que se avance en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas y donde la diversidad cultural no sea concebida como un obstáculo para el orden democrático, sino como uno de sus componentes.

Dice el informe en su parte de recomendaciones y propuestas:
 

Los indígenas tienen muchos problemas para operar con un esquema dual, que acaba por producir una especie de "esquizofrenia electoral". No es claro para los ciudadanos por qué ciertos valores y procedimientos son válidos para una instancia y no para la otra. Los usos y costumbres a nivel local impactan de manera negativa la organización y el desarrollo de las elecciones federales. Se requiere de uniformidad en los sistemas electorales que se aplican a ambos niveles de gobierno. Hay límites a la funcionalidad de esquemas diferenciados, sobre todo en países donde la democracia apenas comienza a consolidarse (p. 66).

De lo anterior se deriva asumir que el IFE puede tener una función importante, aunque no exclusiva, en "internalizar la ciudadanía y hacerla efectiva y significativa para los indígenas" (p. 70). Así, en su conclusión general el informe señala que "el papel del IFE como agente socializador no debe ser sobrestimado pero tampoco debe ser minimizado. Hay mucho que puede y debe hacer para consolidar el gobierno democrático entre los indígenas de México" (p. 77).

Así, los responsables del estudio, al enfrentarse a la existencia de instituciones propias de los pueblos indígenas (lo cual es mucho más amplio que la categoría minimizadora de usos y costumbres) no se plantean un proceso de ingeniería institucional en que dicha diversidad pueda tener cabida, sino, por el contrario, se debaten en cómo integrarla en la institucionalidad existente, cómo uniformar los sistemas electorales, cómo superar las inconsistencias, cómo atajar los riesgos de los sistemas diferenciados en democracias poco consolidadas. Esto es: se reconoce la pluralidad política como paradigma ordenador de nuestra vida pública siempre y cuando se produzca en el marco de una sola matriz cultural.

La resistencia a plantearse la posibilidad de un pluralismo político con pluralismo cultural lleva a los investigadores a recomendar que el IFE sea un instrumento de socialización y construcción de ciudadanía, pero sin asumir que ésta implica tanto pluralismo político como cultural.

Hay, por el contrario, que asumir el desafío de la diversidad cultural en la política como una problemática sustantiva y no sólo procedimental, y situarla, en el contexto de la reforma del Estado, en clave ciudadana, pero también (y aquí el también es decisivo) en clave de pueblos. No se trata, por tanto, de proponer una tardía política de "integracionismo electoral", sino de la readecuación de nuestros procedimientos electorales y políticos en función de esta diversidad, de cara a ella y no contra ella.

El mismo argumento de inconsistencia o de "esquizofrenia electoral" que se menciona en el texto frente a las instituciones políticas indígenas es el que se emplea para oponerse al reconocimiento de otras instituciones de los pueblos indígenas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, que el reconocimiento de sus sistemas normativos introduce serias inconsistencias en el sistema jurídico nacional?

Por ello lejos de proponernos una vía de internalización de una ciudadanía predefinida debemos avanzar en la discusión de los contenidos de esta ciudadanía, del impacto en ella de nuestra condición de nación diversa y de las posibilidades en nuestro país de reconocer, construir y practicar una ciudadanía multicultural e intercultural. La diversidad está entre nosotros. Es componente estructural de nuestra nación. Necesitamos, siguiendo a Bilbeny, una "democracia polimórfica".

Pasado el 2 de julio es hora de discutir los problemas de fondo del proyecto de nación y de la reforma del Estado. Nuevas preguntas demandan respuestas imaginativas.