LUNES 14 DE AGOST0 DE 2000
Ť Elba Esther Gordillo Ť
Profundizar la reforma del Estado
Los cambios que marcan este tiempo político abren grandes posibilidades para concretar, finalmente, la reforma del Estado, imperativo que se pospuso por la irrupción temprana y el predominio de la lógica político-electoral en los principales espacios de decisión.
La construcción del entramado institucional del nuevo siglo no comienza hoy ni será obra exclusiva del futuro gobierno. Tiene raíces: múltiples esfuerzos de muy distintos actores, que desde las trincheras de la lucha social, de la militancia partidista, de la vida académica e intelectual o del trabajo legislativo o gubernamental, fueron pavimentando esta transición de terciopelo. Fueron las luchas sindicales de finales de los años cincuenta (significativamente las de los maestros y los ferrocarrileros); fue la insistencia democrática por el respeto al voto de oposiciones partidistas; fue el movimiento estudiantil de 1968; fueron las reformas político-electorales promovidas desde los espacios de poder.
Desde muy distintas militancias políticas (PRI, PAN, PRD y otras fuerzas) y con la contribución de medios de comunicación, cada vez más plurales y críticos, se gestaron cambios en la cultura política que hoy se expresan en un admirable ejercicio de las libertades públicas, que es, a un tiempo, cívico, ordenado y esperanzador.
Dejar atrás el gradualismo y retomar y llevar a su conclusión la reforma democrática del Estado demandará del despliegue de la energía social, del tendido de puentes, el diálogo, la negociación, y el acuerdo entre actores políticos en el Congreso de la Unión y en los partidos; pero, más allá de ellos, de la participación de esa rica sociedad mexicana que hoy se expresa de múltiples maneras: en sindicatos, comunidades agrarias y organismos empresariales; en agrupaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, y también más allá, en la ciudadanía que se hace presente a través de múltiples formas.
En unos cuantos días, el primero de septiembre, se instalará la 58 Legislatura del Congreso de la Unión. Ninguna fuerza política tiene por sí misma (ni siquiera como coalición) la posibilidad de aprobar leyes.
De las urnas salió un mandato inequívoco: la gobernabilidad democrática exige un comportamiento maduro y responsable. El mapa político del país (la existencia de nuevos equilibrios, pesos y contrapesos) es una buena noticia: obliga a los protagonistas del quehacer político a dialogar.
Por eso importa iniciar cuanto antes la discusión en torno a las condiciones, el método, la agenda y los participantes del enorme esfuerzo que reclama el país para acompasar el andamiaje jurídico e institucional a las condiciones del México de hoy.
Pero no basta con el acuerdo de los principales actores políticos (gobierno, legisladores y partidos), sino que se requiere incorporar de manera directa y permanente los planteamientos y demandas de las organizaciones sociales y de los ciudadanos. De igual manera se necesita avanzar en la inclusión, a nivel normativo, de las diferentes modalidades de la democracia participativa, a fin de sustentar nuestra democracia en la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos de importancia crucial.
Si el estallido de la Revolución Mexicana fue el preludio obligado (y necesariamente cruento) del México del siglo XX, porque la dictadura porfirista se negaba al cambio que el país demandaba, la votación del 2 de julio puede ser el preludio de la construcción cívica del régimen democrático que las mexicanas y los mexicanos decidimos con nuestro voto en el siglo XXI. Esta vez, a diferencia de hace noventa años, el partido en el poder decidió respetar la voluntad mayoritaria por el cambio, y esto lo honra históricamente y lo mantiene como una opción para el futuro de México.