LUNES 14 DE AGOSTO DE 2000
Ť Pesan sobre Jorge Olivera numerosas denuncias
La postura militar, en evidencia al defender a ex mayor detenido
Ť Alarman sus intentos por obstaculizar la justicia en el robo de bebés
Stella Calloni, corresponsal/II y última, Buenos Aires, 13 de agosto Ť La posición militar se puso en evidencia en la defensa abierta del mayor retirado Jorge Olivera, jefe de un grupo de tareas de la última dictadura argentina que se vio beneficiado por la ley de Obediencia Debida y que ahora ejerce como abogado, habiendo formado parte de la defensa del también ex represor Carlos Guillermo Suárez Mason, general retirado, juzgado en ausencia por la justicia italiana.
Sobre Olivera pesan muchas acusaciones, pero fue detenido en Roma, a solicitud de la justicia de Francia, por el secuestro, violación y desaparición en la provincia de San Juan, en octubre de 1976, de Anne Marie Erize, hija de un matrimonio francés. En aquella época la joven de 24 años había abandonado su carrera -todos la recuerdan como una de las más bellas modelos- para realizar trabajos en villas miseria.
La detención de Olivera volvió a sacar a la luz numerosas denuncias en su contra. El Partido Comunista argentino recordó que el ex represor comandaba un grupo de tareas que asesinó a un dirigente de esa fuerza, Alberto Carvajal. Eloy Camus, cuya hermana Margarita estuvo detenida en San Juan entre 1976 y 1981, relató el testimonio del soldado Jorge Bonil -también desaparecido-, quien le contó "cómo se jactaban Olivera (destacando entonces en esa provincia) y otros militares por haber violado a la joven Erize". Y el pasado viernes el senador peronista José Luis Gioja, también de la provincia de San Juan, denunció que fue torturado por Olivera junto a otros detenidos hasta "dejarnos exhaustos".
Pero al parecer los ex represores no están quietos. De cómo funcionan los mecanismos de las sombras dan cuenta las interferencias telefónicas en las comunicaciones con los testigos en casos relacionados con militares culpables de violaciones a los derechos humanos. La detención de Olivera inquietó a casi un centenar de militares requeridos por España, Italia, Francia, Alemania y otros paídes por la desaparición de sus ciudadanos bajo la dictadura de 1976-83.
Provocación y reacciones
Lo que provocó una fuerte reacción de los organismos humanitarios fue que el 8 de agosto pasado el general Ricardo Brinzoni, jefe del ejército, habló con Marta Rabassi, esposa del ex militar detenido en Roma, para expresarle su solidaridad. Apenas tres días antes, el mismo Olivera había presentado un pedido de habeas data para conocer "los motivos del asesinato por la organización guerrillera Montoneros del teniente primero Abel Lucione en 1976". Trataba así de comparar los casos de terrorismo de Estado que se investigan en los juicios por la verdad, con la acción guerrillera.
"Aquí se impuso el terrorismo de Estado y durante la dictadura se desconocieron todas las leyes y ocurrieron las miles de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad, bajo un plan determinado y coherente de las Fuerzas Armadas, que fue enviado a todas las zonas militares y bajo los diseños de la Teoría de Seguridad Nacional (estadunidense)", recordó a La Jornada el capitán José Luis D'Andrea Mohr, retirado por el ejército en 1976, cuando enfrentó al dictador Jorge Videla.
Además de su investigación sobre la desaparición durante la dictadura de 129 soldados que hacían el servicio de conscripción obligatoria, cuyos resultados publicó en su libro El escuadrón perdido, D'Andrea Mohr trazó un mapa de las zonas militares que operaron, y demostró que el propio ejército tenía informes donde se determinaba que ya en 1976 "no había irregulares armados en cantidad y presencia de fuego significativa y, sin embargo, fue desde ese año cuando las desapariciones de personas y asesinatos de indefensos llegaron al extremo".
En tanto, aunque se considera importante la detención del general retirado Santiago Omar Riveros el pasado 10 de agosto, en la causa que lleva el juez Adolfo Bagnasco por el robo de niños nacidos en los centros clandestinos de detención, los organismos humanitarios no bajan la guardia.
Riveros, a quien el indulto de Menem dejó en libertad cuando estaba condenado por 41 causas de secuestros y desapariciones, fue quien intentó recientemente que esa causa fuera pasada a la órbita del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Pero si bien la Corte Suprema desestimó finalmente ese pedido, los intentos militares por obstaculizar la justicia alarman a los defensores de los derechos humanos. En todo caso, el defensor del general Riveros, el abogado Florencio Varela, fue muy expeditivo en sus declaraciones en los últimos días. Enfurecido porque su cliente no pudo arrebatar los juicios por robo de niños de la órbita civil, dijo que en Argentina no hay desaparecidos,"sino que fueron e-je-cu-ta-dos (sic) Ƒestá claro?".