Ojarasca, Lunes 14 agosto 2000

Violencia oficial en Chiapas

La fiebre paramilitar

 Arturo Lomelí González
 Dolores Camacho Velázquez

El atraso socioeconómico y político que ha caracterizado a Chiapas viene acompañado de una constante violencia. A lo largo de la historia esta violencia ha sido invariablemente permitida y en muchos casos, propiciada por los diferentes niveles de autoridad y gobierno.
Los gobernadores han fomentado los grupos armados con la emisión de leyes, decretos y disposiciones para favorecer a la clase en el poder.
Hay otros actores y factores determinantes de esta situación, lo que nos permite afirmar que la violencia en el estado no surge de 1994, sino que es la continuación de conflictos que tienen mucho tiempo sin solución.

El gobernador Efraín Aranda Osorio (1952-1958), en apoyo a los grandes propietarios, autorizó la creación de una policía denominada Cuerpo de Policía Auxiliar Ganadera para mantener la seguridad de los latifundios. Esta ``guardia'' la formaban campesinos incondicionales a los rancheros y pagados por ellos, supuestamente para evitar el abigeato.

En 1961 el gobernador Samuel León Brindis emitió un decreto, la Ley de Ganadería, que permitía a los finqueros portar armas y contratar ``policías particulares'', y le otorgaba certificados de inafectabilidad ganadera y subsidios a los grandes productores.*

 Estas leyes fortalecieron a los propietarios y fueron el principio de la violencia legitimada hacia los campesinos. Con sus policías, los propietarios se hacían justicia independientemente del gobierno. Se creaban las bases para la formación de grupos de ``protección'' que se convirtieron en grupos de defensa de los intereses finqueros.

 En Chiapas no se aplicó la ley agraria que establecía la distribución de las grandes propiedades entre los peones que llevaban años trabajándola, y que reducía la superficie legal de un propietario. Las autoridades agrarias, en contubernio con los gobiernos locales, en muchas ocasiones parte de las pocas familias que mantenían el control de las tierras en el estado, apoyaron siempre a los finqueros a través de diversas maniobras, como permitir escriturar sus propiedades a nombre de hijos, parientes y hasta peones leales, evadiendo la ley. Cuando esto fallaba amenazaban y compraban y, en su caso, asesinaban a los líderes de los centros de población. Son innumerables las ocasiones en que con el apoyo del Ejército, desalojaron propiedades invadidas pero en proceso de ser entregadas a los campesinos.

 Se formaron dos grandes bloques: los peones solicitantes de tierras y los propietarios que se negaban a entregarlas. En muchas zonas, como en los Valles Centrales y la Costa de Chiapas, esto fue menos costoso pues los finqueros no utilizaron la violencia para mantener sus propiedades, sino que aprovecharon los beneficios otorgados por el Estado y cedieron las tierras conforme a la ley, lo cual les valió para mantener sanas relaciones con los ejidatarios (sus anteriores peones).

 En cambio, en la zona de los Cuxtepeques --hoy Venustiano Carranza--, en La Frailesca, Los Altos, La Selva y el norte del estado, la distribución de la tierra fue violenta y traumática. Que los peones y demandantes de tierra fueran indígenas hacía que los propietarios se resistieran a considerarlos personas con derechos semejantes a los ladinos. Los indios de estas zonas tenían que luchar por obtener tierra no sólo contra los finqueros, sino contra los ladinos pobres que no los reconocían como iguales en las diversas tareas a desempeñar en los centros de población, pese a tener las mismas carencias.

 Cuando al fin empezaron a obtener tierras formando ejidos o copropiedades, y a tener una mayor participación en las decisiones del pueblo, el control del poder político en los municipios y ejidos lo mantuvieron los mestizos. Muchos años pasaron para que los indios obtuvieran un puesto en los ayuntamientos. Su desconocimiento de las leyes, no saber leer ni escribir, ayudó a mantener esa situación, que se transformó con la entrada de los jóvenes promotores bilingües. Comenzó una lucha contra los ladinos que ostentaban el poder, hasta desplazarlos.

 Fue importante para las luchas sociales la llegada de organizaciones independientes como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en Venustiano Carranza y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el norte del estado, o en algunos casos la asesoría de los partidos políticos. Los conflictos se recrudecieron al quedar al descubierto los engaños a los que habían sido sometidos: resoluciones presidenciales detenidas en las oficinas de la Reforma Agraria para no afectar los intereses de los finqueros; dotaciones que les correspondían y no habían sido tramitadas. Otros conflictos afloraron por la situación laboral de los peones de las fincas en Huitiupán, Simojovel, Pantelhó y çngel Albino Corzo --donde se mantenían muchas de las viejas relaciones entre finquero y peón, con horas de trabajo excesivas y salarios por abajo de la ley--, y por la existencia de caciques locales en Venustiano Carranza, La Frailesca y la zona norte entre otros. Una serie de irregularidades que sólo esa gran red que abarcaba el poder regional entre los caciques locales y finqueros y los funcionarios podía mantener.

La lucha por acceder a la tierra se convirtió en el centro de los conflictos y más de seis décadas después, sigue siéndolo. Durante este proceso violento ha habido momentos críticos de enfrentamientos entre solicitantes y propietarios; sin embargo, la violencia no termina, simplemente se modifica. En los setenta y ochenta hubo gran efervescencia del movimiento campesino, pero también respuestas agresivas de los propietarios apoyados por los gobernantes, en especial en el sexenio de Patrocinio González Garrido quien prácticamente destruyó cualquier movilización social. En esta época surgieron mayores enfrentamientos armados entre guardias blancas y campesinos que se armaron como única posibilidad de sobrevivencia.

La insurrección zapatista trajo un resurgimiento y fortalecimiento de los movimientos de organizaciones campesinas y agrarias. En enero de 1994 se formó el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) que en sus acuerdos estableció la realización de múltiples movilizaciones y la ocupación de 1 500 predios. Entre 1995 y 1996, en las negociaciones de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) con el gobierno se entregaron, a través de los Acuerdos Agrarios, 250 mil hectáreas a diversas organizaciones de 700 mil que fueron invadidas. Mientras tanto, los grupos de finqueros y ganaderos agrupados en el Frente Cívico Chiapaneco, además de presionar con grandes movilizaciones, mantuvieron grupos armados que amenazaban constantemente con utilizar su fuerza en contra de los campesinos. Hubo momentos de gran tensión y muchos de los problemas en predios, hasta la fecha no han sido resueltos.

 Aunque la mecánica del programa de Acuerdo Agrario incluía la indemnización de las tierras invadidas, e incluso algunos rancheros y ganaderos negociaron que se les pagara el tiempo que no pudieron trabajar, era frecuente ver a grupos de personas armadas, afines a los diferentes Frentes Cívicos, realizar acciones de intimidación, incluso operativos en busca de líderes o simplemente para atemorizar a la población. Esta lucha por la tierra arroja más de 1 500 muertes de campesinos y de líderes agrarios.

Otro factor importante en esta lucha son los maestros, que han participado de manera activa en la lucha de los campesinos por la tierra. Sin embargo su participación ha tenido sentidos diferentes: en algunos casos apoyando al movimiento campesino y en otros actuando contra éste mediante su ascendencia y su influencia para mantener relaciones políticas con el poder estatal. Un ejemplo es la relación entre Solidaridad Campesino Magisterial, Socama (organización surgida a finales de los ochenta, después del movimiento maicero, reprimido por Absalon Castellanos Domínguez y cuyos líderes fueron premiados por Patrocinio González Garrido) y Paz y Justicia, precisamente por sus líderes, maestros surgidos de la lucha magisterial. Un hombre muy conocido que mantiene relación estrecha con las dos organizaciones es Manuel Hernández, uno de los fundadores de Socama y líder en la zona fronteriza con influencia en Paz y Justicia a través de Samuel Sánchez Sánchez (dirigente magisterial, diputado local y miembro importante de Paz y Justicia), Jacobo Nazar (actual dirigente de Socama-Región Centro) y su hermano Julián Nazar (quien dirige junto con Germán Jiménez la Organización de Productores de Maíz de La Frailesca). También participó activamente Jorge Enrique Hernández Aguilar (ex procurador de Justicia del Estado, ex director del Consejo Estatal de Seguridad, vinculado con la matanza de Acteal y otros ataques paramilitares). Todos maestros, muchos de ellos presos políticos en el periodo de Absalón Castellanos Domínguez.

Con estos antecedentes podemos afirmar que la violencia y los grupos armados no surgieron con el EZLN, sino que esta organización surge como respuesta a la crisis social; que los llamados grupos paramilitares tienen sus orígenes en las llamadas guardias blancas, cuya estructura es aprovechada por los funcionarios, gobierno del estado, gobierno federal y ejército para implementar la guerra contrainsurgente.

 El clima de hostilidades en Chiapas tiene un nuevo actor principal: la ocupación militar desde 1995. Aunque desde los años treinta se registra la participación de Ejército para desalojar a campesinos de las ``propiedades'' de los finqueros, no es sino hasta 1994 cuando en su afán de minar la base social del EZLN, se instrumenta una guerra de baja intensidad en la cual los ``grupos paramilitares'' que operan en las comunidades de base de apoyo zapatistas, han intensificado el clima de violencia, generando cientos de bandas, grupos y hasta organizaciones que controlan toda la vida social de amplias regiones. El mejor ejemplo es la organización Desarrollo, Paz y Justicia que mantiene bajo control toda la región norte del estado.

Durante el gobierno de Ruiz Ferro estos grupos crecieron, obteniendo recursos a través de programas sociales. Con Albores Guillén los grupos armados y la paramilitarización han abierto varios frentes de lucha, que se expresa con creciente especialización: Paz y Justicia, Los Chinchulines, los asesinos de Acteal, el grupo de la comunidad de Los Plátanos de El Bosque, han modificado su manera de actuar. Ahora se crean o apoyan varios ``grupitos'' locales antizapatistas, con el fin de mantener el control local sin comprometerse a la formación de grupos armados fácilmente identificables. A cambio de ``programas sociales'', se comprometen a hostigar y amenazar a las bases de apoyo zapatistas y a las organizaciones sociales independientes. Proceso contundente y efectivo que mantiene a los zapatistas en constante alerta y a las organizaciones campesinas en un proceso de dispersión destructiva.

 Las actividades de estos grupos armados y paramilitares se mantienen en la casi total impunidad. Los actos delictivos son propiciados por omisión, intención e incompetencia, pero favorecen la complicidad entre estos grupos y las autoridades. La tolerancia durante décadas va de los niveles comunitarios y ejidales a los estatales y federales.

 Por su origen y por su manera de actuar podemos tipificar a los distintos grupos armados que operan en Chiapas de la siguiente manera:

 1. Grupos armados para proteger y defender a los finqueros y ganaderos y en su caso atacar a los campesinos que luchan por tierras y por el poder político regional. Normalmente cuentan con el apoyo y la tolerancia de algunas de las instancias de gobierno. Son encabezados por familias poderosas vinculadas directa y familiarmente con funcionarios del gobierno estatal y federal. Operan principalmente en La Frailesca, en la zona cañera de Pujilitc y los municipios de Venustiano Carranza, Chicomucelo, Comalapa, Comitán, Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Yajalón, Simojovel, Huitiupan y en la Costa de Chiapas.

 2. Grupos armados antagónicos que se han enfrentado por el poder político en los municipios o en algunas esferas de autoridad y gobierno, desde ejidales y comunitarias hasta municipales y regionales. Recientemente pugnan por los distritos electorales del estado. Muchos conflictos municipales llevan varias décadas y en ocasiones han desembocado en enfrentamientos, con saldos de decenas de muertos y heridos. La incompetencia del gobierno para resolver estos conflictos deriva en consentimiento y, dependiendo del momento político, en apoyo y fortalecimiento de estos grupos. En Chamula, Oxchuc, Chanal, Pantelhó, San Cristóbal, Zinacantán, Chenalhó y El Bosque, operan grupos armados de filiación priísta, tolerados por las autoridades municipales y estatales.

3. Grupos surgidos después del levantamiento zapatista, armados y tolerados por el gobierno estatal y federal, apoyados por ``proyectos productivos''. Estos grupos tienen como ``enemigo natural'' las bases de apoyo y los simpatizantes zapatistas. Mantienen bajo control extensas áreas y comunidades de las cañadas de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo; en La Lacandona; en Los Altos de Chiapas (en los municipios de Chenalhó, San Andrés Larraínzar y en El Bosque), y en la región sexta norte donde la presencia militar es asfixiante al grado de mantener un soldado por cada diez habitantes. Estimamos que hay varias decenas de estos grupos distribuidos en los lugares y municipios mencionados. Estos grupos tienen distinto grado de organización, todos son de filiación priísta, pero sólo dos o tres alcanzan el nivel de Desarrollo, Paz y Justicia.

Ubicar los origenes y los fines de los diversos grupos y conflictos armados registrados en Chiapas, permite pensar que no existe una sola solución. El primer paso para lograr la paz será reconocer que los grupos de poder y los gobiernos en todos los niveles son responsables de la violencia que vive el estado. Un segundo paso es dar respuestas a viejas demandas sociales, de manera particularizada, y ver al EZLN no como el responsable de la descomposición social actual, sino como producto de ella.

 

* Entre 1934 y 1988 se otorgaron 4 112 certificados de inafectabilidad que abarcaban 244 619 hectáreas.
María Eugenia Reyes Ramos: El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas, 1914-1988. UNAM,
México, 1992,pp. 140-141.
 

Este texto es resultado de la investigación La Guerra de Chiapas. Grupos armados y paramilitares, en preparación.

Arturo Lomelí es antropólogo y autor del estudio Syu'el tuuneletik.
Las instituciones político religiosas de los pueblos indios de Chiapas, 2000 (inédito).

Dolores Camacho Velázquez es investigadora del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Ambos acaban de publicar una biografía del gobernador Francisco José Grajales Godoy: A caballo hacia la modernidad. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Tuxtla Gutiérrez, 2000.

 

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