MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

* Sólo en los regímenes autoritarios se impone un concepto del bien, afirma

El Estado, sin derecho a ser juez de la moral: Villoro

* Académicos y religiosos debaten sobre la concepción en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Karina Avilés * Un Estado liberal y democrático "no puede legislar sobre una concepción del bien y del valor", por lo tanto "no tiene derecho a imponer ninguna ley sobre las decisiones que tome una mujer acerca de su producto antes de los tres meses de gestación. Debe permitir que la mujer decida como quiera conforme a su criterio moral", planteó Luis Villoro, profesor emérito y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (FFL) .

Durante su participación en la mesa académica La mujer y su derecho a decidir, organizada por el grupo Manantial de la FFL, manifestó que penalizar el aborto "consiste en imponerle a la mujer una concepción del valor y del bien; una concepción de la moral que el Estado hace suya pero que emerge de muchas otras concepciones morales. El Estado se convierte en un juez de la moral cuando no tiene ningún derecho a hacerlo".

Explicó que después de los tres meses de gestación la situación se torna más complicada porque "hay una razonable, no segura suposición de que ya estamos frente a un producto que tiene las condiciones suficientes para ser un humano. En ese momento el Estado puede tomar actitudes de prudencia legal. Pero las actitudes de prudencia legal que pudiera asumir el Estado en estos casos deben de basarse en el principio claro de que no puede imponer un criterio de valor moral a ningún ciudadano".

Y añadió: "Es indudable que después de estos tres meses de gestación se impone una reflexión moral, pero la única persona que puede decidir sobre ventajas y desventajas y tomar una actitud moral correcta es la persona autónoma: esa es la madre".

Indicó que un Estado totalitario se basa en la idea de que "puede imponer una concepción del valor, del bien y del sentido de la historia, la de los hombres en el poder a toda la sociedad. Pero en un Estado liberal y democrático la premisa fundamental es que la ley procesada por el Estado no puede imponer ninguna concepción particular del valor que tiene. Debe aceptar la pluralidad de ideas sobre el valor del bien que hay en la sociedad y no puede legislar sobre una concepción del bien y del valor".

En su turno, la investigadora universitaria Margarita Valdés expresó que el argumento de que atentar contra un feto es hacerlo contra un ser humano es equivocado porque el concepto de persona no se puede aplicar "como se le dé la gana" a alguien. "Se les llama personas a las entidades que son capaces de tener cierta vida mental", explicó.

Sobre el argumento de que la vida humana es sagrada y, por lo tanto, no puede atentarse contra ella, señaló: "todos aceptamos que la vida humana tiene valor intrínseco y merece ser respetada. El problema es: Ƒqué entendemos por vida humana?". Aquí, dijo, hay dos elementos que la configuran: el biológico y el sicológico y moral.

Los conservadores, abundó, colocan el peso en la parte biológica, pero una célula o un conjunto de ellas no tienen un valor intrínseco. "No es adecuado aplicar el concepto de persona a un conjunto de células", puntualizó.

En realidad, dijo, quienes señalan que la vida humana comienza a existir desde el momento de la concepción "parten de ciertas preconcepciones religiosas". Y éstas, subrayó, no pueden ser válidas ni para juzgar a todos ni para hacer leyes.

En su turno, el sacerdote Eduardo Boni expresó que el cigoto es una "realidad autónoma". También afirmó que la Iglesia católica, al estar en desacuerdo con la despenalización del aborto, no pretende imponer un Estado confesional para sustituir al Estado laico en México. "No se trata de imponer dogmas católicos a los no católicos, sino de tratar de encontrar consensos basados en la tolerancia", subrayó.

Declinan participar priístas y panistas

La senadora María de los Angeles Moreno, el presidente del PRI capitalino, Oscar Levín Coppel, el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, y la directora de Promoción Política del CEN del PAN, Margarita Zavala, declinaron participar en el debate sobre el aborto organizado por los estudiantes de filosofía. Todos, a excepción de Zavala, argumentaron que no acudían al aula magna de la facultad porque la UNAM "no reúne las condiciones de seguridad" para su presencia.

Por la mañana, el estudiante Balam Muñoz anunció además que la panista rechazó acudir porque "su partido carece de una postura oficial sobre el aborto y será hasta el 2001 cuando se debata el tema". Miembros del comité de huelga de la FFL se quedaron con huevos y algunos proyectiles en forma del miembro viril que tenían listos para los políticos y el representante de Provida. Cuando se anunció que éstos no acudirían, salieron del auditorio "decepcionados", según alcanzó a decir uno de ellos.

Más o menos a esa hora, en sus oficinas, el presidente de Provida, Jorge Serrano Limón, dio una conferencia de prensa en donde utilizó a dos mujeres embarazadas para que los reporteros "escucharan el latido del corazón del bebé". Una reportera le preguntó que si también mostraría un video de una mujer cuando es violada, para sensibilizar a la población. "Claro que no", respondió Serrano Limón.

Por otro lado, llamó al secretario de Salud, José Antonio González Fernández, "para que reconsidere su postura, ya que está obligado a desobedecer la ley Robles porque es contraria a derechos humanos fundamentales y al espíritu de la medicina".