Lunes en la Ciencia, 4 de septiembre del 2000

Ciencia y burocracia en México

Juan Carlos Miranda Arroyo

Las instituciones públicas que realizan labores científicas en México (como muchas otras instituciones del Estado), enfrentan día a día un conflicto organizacional cuyas dimensiones son escasamente conocidas. Me refiero concretamente al poder de las burocracias y a la manera en que dicho poder es usado en sentido contrario a los intereses académicos.

En el caso de las burocracias que se dedican a administrar los asuntos de la ciencia, es probable que éstas ya hayan puesto en marcha algunos diagnósticos para evaluar la situación; o quizá han iniciado algún estudio específico que permita medir el desempeño institucional. Sin embargo, el problema no termina ahí, porque la misma burocracia es parte del conflicto. ƑCuándo las burocracias de la ciencia han reconocido que son juez y parte del problema? Y si ese fuera el caso, Ƒlos núcleos de poder de las instituciones iniciarán acaso un proceso de cambios que incluya su propia autodestrucción?

Como ya se ha hecho costumbre en otros ámbitos de la vida pública, la sociedad carece de datos específicos en torno al estado que guarda la burocracia de la ciencia en México (lo cual constituye un área de oportunidad para desarrollar líneas de investigación social en ese campo). Y aun cuando algunos rasgos del problema (la injerencia burocrática en el desempeño de las funciones académicas) ya han sido identificados, éstos no dejan de ser superficiales puesto que no han sido cuantificados y evaluados adecuadamente.

Quienes ocupan o han ocupado alguna vez puestos directivos en las dependencias encargadas de desarrollar investigaciones científicas, humanísticas o tecnológicas (y que por lo general son miembros de la propia comunidad académica), saben muy bien que la carga de leyes, reglamentos, normas, disposiciones, lineamientos o políticas institucionales pesa enormemente sobre el trabajo diario de la comunidad de investigación. De manera que el problema está latente, ya que éste ha prevalecido no sólo por negligencia de los servidores públicos (mandos medios y superiores), sino por un diseño desafortunado del marco normativo. Por eso cabe preguntarse Ƒcómo preservar la institucionalidad académica sin lesionar el desarrollo de las actividades sustantivas de docencia, difusión e investigación?

Sin embargo, hay que reconocer que, eventualmente, algunos directores, coordinadores o jefes de departamento, en el marco de sus funciones o responsabilidades, tratan de contribuir desde su posición como funcionarios en la mejora del trabajo burocrático, siempre con el afán de propiciar reformas positivas que beneficien a las tareas de investigación; y junto con ello preservar la esencia de la labor de indagación o explicación tanto de los fenómenos naturales como sociales, según sea el caso.

No obstante, en nuestro país, además de cumplir con todos los aspectos normativos que demandan los sectores académico-administrativos en cada institución, la comunidad científica debe sujetarse a las políticas que establece el Estado en materia de gestión científica, a través de un órgano especializado, centralizado y rígido que ha sido diseñado para tal fin: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya actuación, a lo largo de casi 30 años, ha dado lugar a toda clase de controversias.

En efecto, se trata de una dependencia del gobierno federal que tiene, por mandato de ley, la responsabilidad de promover el adecuado financiamiento a los grupos o individuos que desarrollan proyectos de investigación; así como otorgar, entre otras funciones, toda clase de facilidades institucionales a los académicos con el propósito de lograr en forma óptima los objetivos y metas del trabajo científico. Como institución pública de carácter nacional, el consejo proporciona, además de lo ya señalado, las legitimidades virtuales que sirven de base a quienes ingresan al círculo selecto de las instituciones científicas "elegibles", o determina quiénes son acreedores de los beneficios otorgados por mandato del poder público (léase: becas, estímulos, complementos económicos, convenios especiales, repatriaciones, cátedras patrimoniales, nombramientos ante comisiones dictaminadoras, premios nacionales, etcétera), todo ello como parte de los rituales que han dado lugar al crecimiento de la meritocracia y los "cuerpos colegiados".

Si consideramos que la comunidad científica en México está integrada por alrededor de 23 mil personas (cifra que incluye a académicos, técnicos y personal administrativo, según información proporcionada por el propio Conacyt, de las cuales unas 6 mil se encuentran incorporadas al Sistema Nacional de Investigadores), entonces es probable que exista una burocracia considerable (Ƒ2 mil empleados, más o menos?) que, sin estar conformada necesariamente por especialistas en algún campo del conocimiento científico, humanístico o tecnológico, están vinculados a la ciencia de manera directa o indirecta.

Frente a tales hechos es difícil pensar que un cambio de gobierno federal y de miembros en el Congreso abra nuevas esperanzas para modificar la situación que hoy en día vive la comunidad científica mexicana. Pero como se ven las cosas, esto no sucederá en el corto plazo, porque en los procesos institucionales no sólo basta con sustituir a los líderes de los equipos de trabajo, sino también asumir el reto de reformar los componentes más finos de la administración pública en ese sector. Un cerebro organizacional de tal naturaleza debe ser capaz de demostrar su "plasticidad" y evolucionar conforme a la emergencia de las nuevas condiciones políticas y sociales.

El autor es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Querétaro)

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