El Congreso Nacional Indígena (CNI) tiene sus orígenes en la amplia convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para asistir como participantes directos en la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas de los diálogos de paz en San Andrés Sacamch'en.
   Poner en primerísimo lugar el reconocimiento de esos derechos es una marca de nacimiento del cni. Parte medular de su programa ha sido la lucha a favor del cumplimiento de los acuerdos resultantes y por el pleno ejercicio de los derechos ahí consignados. San Andrés marca el fracaso del esquema previo de negociación desarrollado en la catedral de San Cristóbal Las Casas y basado en un ofrecimiento de servicios sociales y apoyos productivos (que algunos calificaron de generoso). En el nuevo esquema de diálogo se buscó un acuerdo fundado en el reconocimiento de derechos. Así, no es casualidad que la corriente del movimiento indígena agrupada en torno al CNI haya planteado basar sus relaciones con la sociedad nacional y el Estado, en el reconocimiento del derecho que corresponde a todo pueblo por el sólo hecho de serlo: la libre determinación.
   El CNI ha encontrado como interlocutores naturales a otros sectores sociales; sin embargo, hasta ahora no ha entablado diálogo con el gobierno, ni con ninguna dependencia de éste. Oportunidades e invitaciones no han faltado, tampoco situaciones en las que, ante una emergencia, se planteó entrevistarse con un funcionario federal. (Por ejemplo, una organización solicitó la gestión del CNI ante el encarcelamiento injusto de dirigentes locales). Sin embargo, nunca se ha dado el consenso sobre una relación directa con representantes del Estado.
   A diferencia de la mayoría de las organizaciones indígenas, el CNI no es una instancia gestora. Es de sobra conocido que la gestión ha sido la base operativa del corporativismo, presente no sólo en el que fuera el partido de Estado, sino también en los de oposición. Existe otra gestión no corporativa en la que se crea un frente común para exigir demandas, que al ser presentadas en conjunto evitan presiones, malos manejos y compromisos espurios. El CNI ha escogido no hacer ningún tipo de gestión.
   Esta instancia de organización indígena ha servido como referente nacional para consensar y condensar grandes líneas de acción. Desde sus primeros días, los representantes de las organizaciones que lo integran, determinaron que más que una organización, fuese un espacio de encuentro.
   Una frase, que constantemente surge en sus reuniones, resume el carácter que las organizaciones participantes le ha querido imprimir a su estructura interna: "Somos red cuando estamos separados, somos asamblea cuando estamos juntos". Esta fórmula marca dos empeños: primero, cualquier organización o miembro integrante puede (y debe) proponer y encabezar iniciativas; segundo, las decisiones colectivas se toman de manera similar a la usada en los gobiernos indígenas tradicionales: la asamblea comunitaria, que requiere del consenso para actuar.
   Una organización de este tipo, que no ha querido construir una dirección centralizada, exige comunicación eficiente y gran confianza entre sus miembros. Organizados bajo estos principios, no ha sido fácil actuar con la rapidez que ha requerido el movimiento indígena en estos años. Si bien estas bases de organización interna han garantizado que el cni conserve cierto nivel democrático, han sido frecuentes los vacíos de dirección que impiden la incorporación más rápida de otras organizaciones y limitan una presencia constante y oportuna ante la opinión pública.
   Ha sido lento el desarrollo de instancias regionales del propio CNI, tarea que fue asumida como prioritaria en varias sesiones de su Congreso. Ha faltado agudeza para descubrir en las luchas indias, nuevas y tradicionales, la concreción enriquecida de lo que se defendió frente a los representantes gubernamentales en San Andrés. No se han podido generar estrategias para enfrentar muchos de los problemas que hoy afectan a las comunidades indígenas y campesinas: la contrareforma agraria, la defensa y manejo de sus recursos naturales y el chantaje político sobre la base de los programas sociales del Estado.
   Aun con estas limitaciones, el CNI ha tenido logros importantes. Contribuyó de manera destacada en la polémica nacional sobre derechos indígenas en 1997 y 1998. En la historia de la discusión sobre temas constitucionales, esta polémica ha sido excepcional por la calidad de algunos de sus argumentos y por la diversidad de los que participaron en ella.
   No fue durante la negociación de la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas, ni cuando el gobierno festejó el primer acuerdo con los indígenas zapatistas; fue cuando se exigió el cumplimiento de lo pactado que se desató la polémica. Entonces surgieron voces que, desde una base de racismo, argumentaron en contra de los derechos indios. En ambos lados de la trinchera participaron indios y no indios. Cada uno de los argumentos en contra de reformar la Constitución, en el sentido pactado en San Andrés, fue rebatido y desmontado hasta su esencia legalista, conservadora y etnocentrista. Incluyendo aquellos que planteaban, desde los pueblos indios, que sin el previo decreto de instancias regionales ad hoc, cualquier reconocimiento de la libre determinación, derivaría en una seudoautonomía.
   Por supuesto que esta polémica no desterró la intolerancia, pero cambió para siempre los términos de los debates públicos sobre los derechos indígenas; hoy el racismo ya no puede expresarse en los términos tan vulgares con los que solía manifestarse.
   Esta polémica (y lo mismo puede decirse de los propios Acuerdos de San Andrés) se debe a la existencia de una dirigencia india capaz de darle un cuerpo conceptual a las demandas de sus pueblos y comunidades. A diferencia de otros tiempos en los que la dirigencia de los movimientos indígenas estaba conformada por maestros, ahora ha destacado, entre su gran diversidad, una generación de abogados indios que se planteó la carrera de leyes para litigar asuntos de tierras y sacar a "compas" de la cárcel; para ellos el brinco a la teoría constitucional fue natural.
  Ha pasado mucha agua por el río del movimiento indio desde que se firmaron los Acuerdos de San Andrés. Hace tiempo que la terquedad en exigir su cumplimiento va acompañada de intentos cada vez más audaces por reinventar en los hechos el universo que designa la frase "libre determinación": por acá una lucha encaminada a la reconquista plena del territorio indígena, por allá una policía comunitaria armada a contrapelo de la represión uniformada, por todas partes ensayos culturales y educativos, incluso municipios autónomos construidos en plena guerra. Estos y muchos otros ejemplos trascienden el mero reconocimiento de derechos.
   Sin más apoyos que la voluntad de sus integrantes y, ocasionalmente, colectas entre la sociedad civil, el CNI ha creado un espacio de diálogo propio de los pueblos indígenas; ha comprobado que no son necesarios cargos públicos, ni estar en las nóminas gubernamentales para hacerlo; es más, el caminar de la amplia franja del movimiento indígena que tiene como referente al CNI, indica que estos elementos pueden trabajar en contra de la apertura de espacios de encuentro.