LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť No son cuestión de discusión pública, sino para expertos del más alto nivel, afirma

Bioseguridad y bioprospección, temas que trascienden lo ambiental: Carabias

Ť Para ello se creó la Cibiogem, organismo en el que confluyen seis secretarías de Estado

Matilde Pérez U. Ť La discusión de bioseguridad y bioprospección, sus fronteras, usos y beneficios dentro del libre mercado no competen exclusivamente a la autoridad ambiental; tienen que abordarse en el contexto de una política de gobierno, puntualiza la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.

A ambos temas de vanguardia --como los califica--, los coloca en diversos ámbitos en el marco de una discusión pública. La bioseguridad, en donde se aborda el posible riesgo que podrían ocasionar los organismos vivos genéticamente modificados (OGM) a la biodiversidad y a la salud de los mexicanos, es un tema para los expertos, dice.

"Los OGM no se pueden someter a votación ni son cuestión de discusión pública; es un problema para los expertos del más alto nivel; la comunidad científica mexicana que se dedica al tema, es la que debe opinar", acota.

En el caso de la colecta de flora o fauna, la autoridad ambiental ya reguló esa actividad; la venta, análisis científico, aplicación de esas colectas y la discusión de quién o quiénes son los dueños, involucran a otras instituciones. Y en este caso, que es la bioprospección, falta discusión pública y mayor participación gubernamental, admite.

En las críticas a Semarnap se olvida que ésta tiene atribuciones acotadas

Por ello se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), en la que confluyen las secretarías de Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural -- únicas en las que recae la presidencia, rotativa, del organismo--, Relaciones Exteriores, Educación Pública y Comercio. Esto es parte del proceso para abordar un tema tan complicado como es la bioseguridad.

Molesta porque en las críticas sobre la actuación de la Semarnap se mezclan y confunden ambos temas, así como los alcances de la institución, Carabias Lillo aclara que la Semarnap tiene atribuciones muy acotadas y no se puede salir de la ley. No descarta que la Ley de la Administración Pública tenga algunas lagunas en cuanto a temas como el de bioseguridad, uso de los recursos naturales y cambio climático, pero lo que no pueden hacer "es pasarnos facturas de atribuciones que no tenemos".

A lo largo de la entrevista, la secretaria de Medio Ambiente asegura que, dentro de las limitaciones legales y de presupuesto, cumplió con la conservación in situ. Allí, menciona, están los programas de vida silvestre, de reforestación (Prodefor) y de áreas naturales protegidas. Y vuelve a explicar: "el uso de los recursos naturales metidos a la cadena comercial ya no es un tema ambiental ni tiene que ver con la sustentabilidad. No hay que confundir los temas, orígenes, motivos, autoridades y leyes".

Recuerda que en la Cumbre Ambiental en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, surgió el tema de la bioseguridad. Allí, los países que ya no tienen biodiversidad reclamaron que los recursos genéticos son propiedad de la humanidad; las naciones con que aún la tienen, asentaron que son de patrimonio nacional. Tras largas discusiones en torno a la propiedad de los recursos naturales, sólo se llegó al acuerdo general de que debería reconocerse que éstos son de los países, y por tanto los beneficios de los recursos naturales tenían que reflejarse en quienes son sus dueños.

Fue un apuntalamiento "muy genérico" y por tanto sigue la controversia y debate en torno a la propiedad de los recursos naturales, y después la discusión tomó el rumbo del uso de la biodiversidad (los transgénicos), "absurdo porque es un tema comercial". En la última reunión de la Conferencia de las Partes, en Nairobi, "hablé del fracaso de ésta porque ya se perdió el motivo de su origen, no se han definido mecanismos específicos para la conservación de la biodiversidad; sin embargo, el mundo la sigue perdiendo. A nosotros lo que nos preocupa es la pérdida de los ecosistemas y su biodiversidad, por eso la Convención tiene que regresar a sus orígenes".

Y como parte de esa gama está el tema de los transgénicos, "una cuestión científicamente no resuelta porque desconocemos los efectos evolutivos que podrían provocar. Se está trabajando con muchas hipótesis y cajas negras". En el caso de México, una de las prioridades es la conservación in situ y por eso a la autoridad ambiental le preocupa la liberación de esos OGM.

"Es un país diverso, origen de muchas especies y centro de diversificación, y no podemos permitir que por la carencia de mayor información y conocimiento de esos OGM, éstos se siembren en el país. Bajo un principio precautorio se han tomado medidas para evitar la distribución de OGM que podrían tener impacto en las especies nativas de flora y fauna", asegura.

Por la debilidad y poca claridad de un marco jurídico internacional que regule la bioseguridad --explica--, en el país la propuesta de ley sobre bioseguridad que se discutió durante varios meses en el Senado se detuvo. "Era una propuesta precipitada, tiene que seguir trabajándose con los expertos en el tema, con la Cibiogem".

En el caso de la bioprospección, parte de la discusión no resuelta en la Cumbre de Río 92, en México se ha actuado para normar las colectas, tanto que la comunidad científica está molesta. Actualmente empiezan los cuestionamientos sobre el uso de esos materiales, de ese conocimiento, y de quiénes deberían ser sus beneficios económicos; los mecanismos son tan finos que siguen en discusión, y no hay a la fecha un país que lo haya resuelto.

La controversia ya rebasó el terreno ambiental y está en la palestra del comercio, la justicia social, la cultura, los valores sociales. Incluso Estados Unidos se negó a firmar la Convención de Biodiversidad al discutirse la pertenencia de los recursos naturales, argumentando que se trataba de derechos de propiedad y no de conservación in situ, y que ese no era el foro para regular por esas vías. En el ámbito internacional, han transcurrido ocho años sin aportaciones, y en la esfera nacional es un asunto que no corresponde únicamente a la Semarnap.

En la bioprospección, "las fronteras y límites de dónde acaba el conocimiento científico y cuándo deja de ser universal, del uso y beneficio para la gente, forman parte de una gran ola a la que es difícil ponerle sus límites". Y por eso, reitera: no es un problema de la conservación in situ de los recursos naturales ni de los indígenas, "la crítica en contra de la Semarnap, en este caso, está motivada en otro lado, incluso en asuntos personales. Como autoridad ambiental seguiré rigiéndome conforme a derecho, apegada a las facultades legales que tengo y bajo elementos técnicos y científicos, los cuales están al margen de los intereses de aquellos que no defienden la conservación ni a los indígenas".

La bióloga, con maestría en Ciencias, asegura que la política ambiental del país tiene ya una prioridad gubernamental, pero ahora requiere de un proceso intersecretarial para resolver más asuntos. "El desarrollo sustentable no es cuestión sólo de la institución ambiental, sus temas tienen vínculo y efecto con el resto de los sectores productivos".

"La Semarnap se creó con lo que ya existía y normamos un gabinete porque el tema ambiental se estaba creando, construyendo y posicionando; ahora que ya tiene un marco normativo y sus programas, requiere de un gabinete y de muchas comisiones intersecretariales para darle mayor formalidad al vínculo con otras instituciones. Ese es el horizonte del fortalecimiento de la política ambiental", evalúa.

Para Carabias Lillo tres son los vacíos que deben atenderse: mayor participación de la política ambiental en el desarrollo rural; institucionalizar el ordenamiento del territorio en el que estén considerados la ecología, la sociedad y la economía, y establecer un proceso más coordinado para enfrentar los desastres naturales en el que juegue un papel importante el medio ambiente.