MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť El pacto agranda la distancia con el sindicalismo
Logra De la Rúa un acuerdo con los gobernadores de la Alianza y el PJ
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 20 de noviembre Ť Después de ocho días de tensas y agobiantes negociaciones el gobierno del presidente argentino, Fernando de la Rúa, logró firmar un acuerdo "de responsabilidad fiscal" con los gobernadores de la Alianza oficial y del opositor Partido Justicialista (PJ, peronista).
Pero esta "buena señal" para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha impuesto varias condiciones para un préstamo de "blindaje" destinado a asegurar el pago de los intereses de la deuda externa, ahondó su distancia del sindicalismo que en todas su vertientes se prepara para el paro general convocado los próximos jueves y viernes.
Esta tarde miles de personas manifestaron su rebelión en toda la región patagónica, en el sur del país, afectada por la quita de subsidios a las gasolinas, entre otras. En Santa Cruz el gobernador justicialista, Néstor Kirchner, se negó a firmar el acuerdo de nuevos ajustes.
No son los únicos problemas de la administración, ya que el descubrimiento de micrófonos y el tendido de cables para cámaras ocultas en el despacho del jefe de gobierno de esta capital, Aníbal Ibarra, dirigente del Frente País Solidario, que junto con la Unión Cívica Radical integra la Alianza, alientan la sospecha de extrañas "guerras sucias" que estarían destinadas a alejar del gobierno a ese frente de centroizquierda. La justicia ya tomó cartas en el asunto.
La semana de largos conciliábulos produjo también fisuras en el propio justicialismo, después que el gobernador Kirchner, dejó la sombra de la sospecha sobre oscuras negociaciones entre sus pares políticos y el gobierno. "Es un acuerdo que llevará a las provincias a una situación extrema. Esto no lo van a sufrir los gobernadores, sino la gente, y demuestra la incapacidad de negociaciones (ante los organismos financieros) que ha tenido nuestra directiva política y que lleva a la irresponsabilidad", dijo Kirchner, el único de 24 gobernadores que no suscribió el acuerdo.
El acuerdo impone un congelamiento del gasto primario hasta 2005, donde se agrega una cláusula que sostiene que ante una situación grave que implique una interrupción en los servicios de salud, educación y una alteración excepcional de la seguridad pública, "y ante la imposibilidad de reducir otros gastos, las provincias podrán pedir al Ministerio del Interior autorización para la modificación temporal del gasto".
Esto permitó destrabar la negociación, pero muchos gobernadores firmaron con los dientes apretados. El gobierno sostiene que se aumentó lo destinado al gasto social por arriba de lo previsto, unos 225 millones más de lo presupuestado. También se dijo que las provincias chicas van a recibir mayores beneficios.