MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Al ex tesorero se le encontró culpable de peculado por $172.9 millones


Dan 3 años de prisión a Doria González en NL

Ť El juez también lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por seis años

Ť El ex funcionario devolvió el monto defraudado, por lo que se le redujo la pena al 50 por ciento

David Carrizales y Martín Sánchez, corresponsales Ť Xavier Doria González, tesorero estatal de Nuevo León durante la gestión del gobernador interino Benjamín Clariond Reyes, de abril de 1996 a octubre de 1997, fue sentenciado a una pena de tres años de prisión y se le inhabilitó para ocupar puestos públicos durante seis años.

Además el juez tercero penal, con sede en Monterrey, Jesús González Rodríguez, impuso al ex funcionario una multa por 7 mil 425 pesos, al considerarlo culpable de un peculado por 172.9 millones de pesos.

González Rodríguez señaló que aplicó a Doria González la pena máxima que establece el Código Penal de Nuevo León, como pidió la Procuraduría de Justicia del Estado.

Empero, la condena a Doria González se redujo en 50 por ciento luego que garantizó la devolución del daño patrimonial al estado.

Doria González estaba libre desde julio mediante el pago de una fianza de 250 mil pesos, una vez que, según informó el gobierno del estado, devolvió el monto defraudado con dinero en efectivo proveniente de cuentas que tenía en México y Estados Unidos, dos bienes inmuebles, acciones de una empresa y recursos que mantenía en un banco de Suiza.

Sin embargo, el procurador neoleonés José Santos González Suárez aseveró que el gobierno estatal todavía no recibe cuanto defraudó Doria González, sino nada más "una buena parte", porque el resto corresponde a bienes "que están a punto de ser realizados" por Banamex, que maneja el fideicomiso correspondiente.

Sobre las cuentas que el ex tesorero estatal tenía en el extranjero, dijo González Suárez, "están en ese proceso de investigación".

Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza, consideró que el gobierno del estado "aplica la justicia en forma selectiva: blanda para los ricos e inflexible para los pobres".

Recordó el caso de un jornalero que para llevar qué comer a su familia robó un kilo de barbacoa y fue sentenciado a siete años de prisión -más del doble de la fijada a Doria por robar 172.9 millones de pesos-, y además no tuvo derecho a fianza por utilizar un cuchillo para cometer el delito.

Mientras tanto, el ex secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Pedro Hernández Carrizales, involucrado en un fraude superior a mil millones de pesos, solicitó un amparo ante el juzgado primero de distrito con sede en Ciudad Victoria, en contra del acto de formal prisión que le dictó la semana pasada un juez penal.

En el juicio de garantías, la defensa de Hernández Carrizales, funcionario en la administración del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, argumenta que su cliente no licitó una carretera de 37 kilómetros, que tuvo una inversión de mil cien millones de pesos, porque las empresas constructoras que habían concursado en otras obras carreteras las dejaron sin concluir.