Etnia y territorialidad

desde 1994, con la irrupción del conflicto en chiapas, los mexicanos tomamos conciencia de que había una asignatura pendiente en la marcha de la nación hacia el siglo XXI: los derechos de las comunidades indígenas. De cara al nuevo milenio, los pueblos indios deben contar con un marco jurídico que garantice el respeto a sus formas de vida, costumbres, tradiciones y lenguas. Por lo mismo, sin menoscabo de la unidad nacional y de la integridad territorial, es urgente reivindicar a todos los grupos étnicos, incorporarlos al desarrollo nacional, pero respetando su cultura y su cosmogonía.

En Chiapas, principalmente, debe privilegiarse el interés supremo de la sociedad para reconstruir el tejido social con acciones apegadas a derecho y consolidar la paz donde sea, como condición permanente para el respeto a la vida y a las leyes, y para tener igualdad de oportunidades para el progreso. La iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas, promovida por el Ejecutivo y la Cocopa, da un paso firme en la búsqueda de la paz y atiende la aspiración legítima de los pueblos y las comunidades étnicas de ser sujetos de derecho.

Asegurar la igualdad jurídica ante la ley, garantizar la imparcial jurisdicción para todos los mexicanos, así como evitar el retroceso a fueros especiales, privilegios y excepciones, es obligación del Estado. También es prudente consolidar el derecho de los pueblos y comunidades étnicas de elegir, conforme a sus usos y costumbres, a sus autoridades internas y, en los municipios mayoritariamente indígenas, a que ellos mismos determinen las formas de elección municipal.

Reconocer los derechos de los grupos indígenas en nuestra Constitución será abrir caminos más anchos al mejoramiento de nuestro proceso democrático. También significa saldar una deuda histórica que tiene la nación mexicana con los primeros habitantes de nuestro país. Preservar sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad y promover su educación significa, también, propagar el aprecio por nuestra historia entre todos los mexicanos. Los legisladores deben analizar a conciencia la iniciativa presentada. Y darle la forma legal necesaria para el bien común.

México no puede ingresar al siglo XXI con pasivos sociales, con cuentas pendientes, menos en sectores sociales tan identificados como son las etnias. Todos sabemos que gran parte de la deuda social de la nación es con sus pueblos indígenas. Autonomía para los pueblos indígenas. Autonomía para los pueblos indios, sí, porque lo demandan las comunidades indígenas para su organización interna y lo exige su cultura. Pero autonomía no es soberanía, no es superposición artificial de poderes, ruptura del orden constitucional o creación de poderes al margen del Estado nacional.

Los mexicanos estamos regidos por la Constitución. Todos, indígenas y mestizos, somos iguales ante la ley. Nada, ningún interés o valor, controvertido o plausible, puede estar por encima de la Constitución. Ni la integridad nacional y la soberanía, ni mucho menos lo correspondiente a las etnias y su territorialidad. Pero tampoco podemos vivir con la permanente incertidumbre de los enfrentamientos intercomunitarios. No podemos continuar aferrándonos a discusiones estériles. Ni la confrontación verbal ni la violencia armada forman parte de nuestra idiosincrasia. Ya es tiempo de superar disputas y enconos. Con madurez, con responsabilidad, démosle a los pueblos indios un voto de confianza y de respeto.