JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Hubo presiones políticas, denuncian abogados
"Beneficiosa y justa", la orden de anular el interrogatorio: Pinochet
Ť Se rectificó un error aberrante del juez Guzmán, dice su vocero
Ť Niega el presidente de la Corte Suprema influencias en los fallos
Dpa, Ap, Afp y Reuters, Santiago, 27 de diciembre Ť Para Augusto Pinochet es "beneficiosa y justa" la nueva orden de la Corte Suprema que la víspera anuló el interrogatorio a que iba a ser sometido hoy el ex dictador, al decidir que primero se le practiquen los exámenes médicos con fecha tope el 9 de enero.
En esos términos se manifestó su vocero, ex general Guillermo Garín, al apuntar que "lo consideró una medida beneficiosa y justa respecto al tratamiento que ha sufrido su persona a través de los tribunales".
Agregó el ex jefe militar que la familia tomó la resolución judicial en forma "positiva", y él "con la misma serenidad con que ha tomado todas estas situaciones".
No obstante, indicó que el nuevo cronograma judicial --que relega la indagatoria para después de los diagnósticos psiquiátricos y neurológicos-- no debe considerarse como un triunfo, sino sólo como la rectificación de un "error jurídico" del juez Juan Guzmán Tapia, de corregirse "una situación que era bastante aberrante".
El ex vicecomandante en jefe del ejército durante la dictadura anticipó que las pericias médicas que se le practicarán a Pinochet van a dar los mismos resultados que los realizados en Londres, lo que le permitió que volviera a Chile por razones de salud tras haber permanecido detenido en Gran Bretaña durante 503 días.
Todos los abogados defensores del anciano ex militar han coincidido en que si los médicos opinan que no está en condiciones de someterse a la indagatoria, entonces dicha indagatoria se suspenderá.
De allí que la defensa haya apelado para que el cronograma haya sido cambiado por la corte, acorde con esa estrategia.
En medio de este panorama, Pinochet acudió este día al Hospital Militar donde durante 15 minutos fue sometido un tratamiento odontológico comenzado el 15 de diciembre, para su quinto control de este tipo en menos de dos semanas, aunque sus allegados no han desaprovechado esto para "mostrar" que está mal de salud.
Ante la decisión de la Corte Suprema de evitar que Pinochet fuera interrogado hoy, con lo que frustró su inminente procesamiento, los abogados querellantes en el caso del operativo militar de la caravana de la muerte estimaron que tal veredicto se debió más a presiones de tipo político que a razones jurídicas de fondo.
El ex gobernante de facto, de 85 años, iba a ser interrogado por el juez Guzmán Tapia, que lo implica en el caso de la caravana de la muerte bajo el cargo de coautor de 55 ejecuciones ilegales y 18 secuestros de opositores de izquierda, en hechos ocurrido en octubre de 1973 tras el sangriento golpe de Estado que encabezó entonces.
La abogada acusadora Carmen Hertz, cuyo esposo fue una de las víctimas de la caravana de la muerte, calificó de "extraño" que por la vía de la aclaración se cambie una resolución, como se hizo en el pasado.
Recordó la jurista que en la década de 1980 un par de fallos favorables a los abogados de derechos humanos corrieron la misma suerte que ahora, y entonces como hoy hubo presiones militares.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez, negó a su vez que los fallos del máximo tribunal sean resultado de influencias políticas.
Por su parte, medios de prensa chilenos insistieron en que las fuerzas armadas ya elaboraron su informe sobre el paradero de cerca de un centenar de los más de mil detenidos desaparecidos, que se comprometieron a entregar el 6 de enero al presidente Ricardo Lagos.
La Iglesia católica dijo haber recibido también algunos informes importantes, aunque el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, puso en duda que se pueda dar con los restos de la mayoría de los desaparecidos durante la dictadura.
En otro orden de cosas, el gobierno chileno autorizó a la fuerza aérea para que negocie la compra de una escuadrilla de 10 aviones de combate F-16, fabricados por la firma estadunidense Lockhedd-Martin, que demandarán recursos al erario nacional por unos 600 millones de dólares.