LUNES Ť 8 Ť ENERO Ť 2001

Ť Sacerdotes que apoyan a desempleados llegan al enfrentamiento con obispos

Sin la posibilidad del diálogo, a los desocupados argentinos sólo les quedó la movilización

Ť Los indígenas collas suman a sus exigencias de trabajo, la defensa de sus tierras

STELLA CALLONI/II CORRESPONSAL

buenos aires, 7 de enero. Desde 1997, cuando la desocupación en Argentina ya era un escándalo social, varios sacerdotes de la opción por los pobres decidieron estar junto a los cada vez más numerosos excluidos del sistema. Pese a que se habían puesto en funcionamiento los llamados Planes Trabajar, éstos significaban en algunos casos otro modelo de corrupción, aprovechando la necesidad de la gente.

"Existían intermediarios que les cobraban a los desocupados cinco dólares por anotarse en una planilla, para pedir limosna, porque esos subsidios son una limosna encubierta, ya que ninguna familia puede sobrevivir con 160 o 200 dólares por mes, en un país donde la canasta básica familiar es superior a los mil 250 dólares", explican los sacerdotes. Había a quienes incluso les "descontaban" la mitad del subsidio, mientras que en otros casos la ayuda se utilizaba con fines electorales.

"Aunque fuera una limosna -dice el sacerdote Alberto Spagnolo- teníamos que lograr al menos esos subsidios, pero sin intermediarios, sin que dependieran de los partidos políticos o de la propia Iglesia. Lo logramos". Con instrumentos demócraticos, mediante asambleas, se fueron eligiendo las mesas del Movimiento de Trabajadores Desocupados. Había que reconstruir todo lo que habían perdido los náufragos del sistema, desde los pequeños centros de salud hasta la educación mínima, con la organización como la única salida posible ante el feroz individualismo de la nueva "cultura de la desolación", dicen los sacerdotes.

El primer paso

Pero no piensan que esto sea un fin, sino un camino. "De lo que se trata es de dar un paso, el primero para levantar la dignidad de la gente, para la organización, la solidaridad, la participación, lo cual ha dado un protagonismo especial a los desocupados, a los piqueteros". Agotadas todas las instancias del diálogo, quedó el camino de la movilización. Esto creó un conflicto de los sacerdotes con algunos obispos, que en un primer momento dieron vía libre para el movimiento de los desocupados, pero cuando advirtieron su autonomía, cerraron sus puertas.

En las parroquias de Solano y de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), había dos movimientos de desocupados. El vicario de la Pastoral Social en Varela, Miguel Rima, terminó echando a los desocupados. En Solano, ante la ofensiva de la alta jerarquía, los desocupados tomaron la parroquia en apoyo del padre Spagnolo. Finalmente hubo un desalojo y Spagnolo decidió quedarse junto a los piqueteros.

Los piqueteros indígenas, por su parte, aparecieron en Tartagal, provincia de Salta, durante los últimos cortes de ruta en noviembre pasado, cuando se reprimió con extrema violencia, con saldo de un muerto y cientos de heridos. Estos nuevos piqueteros no sólo acompañaron las demandas de trabajo, sino que también alzaron sus propias reivindicaciones, como la defensa de las etnias Toba, Wichi, Chocotes Chulupis, Tapite, Guaraníes y Chané. Indalecio Calerno, dirigente y maestro bilingüe de la etnia Wichi, no aceptó en aquel momento que el gobierno de Salta intentara separar a los piqueteros indígenas del resto. Una junta de caciques decidió seguir con el corte de ruta, a pesar del ofrecimiento de que les iban a entregar las tierras por las que luchan desde hace siglos.

No lejos de Tartagal, en Orán, también los indígenas collas luchan por sus tierras "El gasoducto entró en la selva como un cuchillo", dijo Gabriel Reches cuando escribió desde la selva salteña de Yungas para el periódico Clarín sobre la resistencia de los collas, cuyas tierras están bajo la amenaza de usurpación por parte de compañías gasíferas. Una mañana de 1997, los indígenas vieron llegar hasta la puerta de sus humildes casas a topógrafos e ingenieros que trazaban la ruta para construir el gasoducto. Detrás vendrían las topadoras y con esto se acababan sus sembradíos en terraza y parte del último 10 por ciento de selva que "sobrevivió a la civilización occidental".

Son casi 2 mil personas que, como la fauna y la flora, están en vías de extinción. Greenpeace interpuso una denuncia y una juez determinó que debía detenerse la construcción del gasoducto, pero la amenaza continúa, al igual que los cortes de ruta, que se convirtieron en el único modo de llamar la atención sobre su drama.