El factor Cavallo

 
Red de empresas criminales

CARLOS FAZIO/ II

En declaraciones al diario Clarín, el ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo dijo que "según las leyes de la mafia", cuando un "gerente" deja de ser útil se le da la opción de suicidarse. El jefe de seguridad de Yabrán era el ex marino Luis María Donda, compañero de Cavallo y Radice en la Esma. También es pública la amistad de Radice con uno de los directivos de Ciccone, Mario Montoto, quien fue secretario de Mario Firmenich, ex jefe de la organización Montoneros.

En 1994, Martiel, que un año antes había emitido el nuevo zaire ?la moneda zaireña?, se asoció con la empresa Shelhuesen, del empresario de radio y televisión Luis María Casero, para obtener la concesión de los servicios de "control de tránsito" en el corredor andino que une Argentina con Chile, y en la provincia de Mendoza la confección de cédulas de identidad y la sistematización de la información del registro civil. En Mendoza se tejió la relación con el Grupo Vilas, del que formó parte el ex ministro del Interior menemista José Luis Manzano, ligado a la mafia de Miami a través de la Fundación Cubano-Americana de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), protegido del ex presidente George Bush, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En Argentina, los hombres de la fundación controlan negocios de fibra óptica y varios diarios, radios y televisoras. A su vez, los hijos del ex mandatario, George W. Bush, desde hoy presidente de Estados Unidos y su hermano Jeb, son socios de Menem en varios negocios importantes.

Empresas entre el cielo y el infierno

Por otra parte, la empresa Talsud ha establecido una serie de asociaciones eventuales con otras firmas que, como señala Manuel Castells, tienen un pie en la economía legal y el otro en la economía criminal, y realizan alianzas estratégicas de colaboración mediante acuerdos de subcontratación y empresas conjuntas. Todas se dedican a la "seguridad inteligente" de personas y vehículos y al transporte de armas, y se extienden por Argentina, Bolivia, Brasil, Zaire, El Salvador y México, medrando con las privatizaciones salvajes que marcaron los años 90. La propaganda de Talsud promueve a la empresa como "líder" en la emisión de "tarjetas inteligentes". Emite una licencia de conducir que tiene un microchip multiusos que "permite almacenar la información del usuario (cambios de domicilio, enfermedades e infracciones)" y cuenta con una base de datos que se actualiza con los distintos trámites que realiza el usuario para obtener su licencia. No parece ser un dato casual que los negocios de Talsud y los de sus socias Seal Lock y Martiel dibujen un mapa que abarca el circuito de las actividades del Plan Cóndor, como se conoce a la coordinación represiva montada por las dictaduras del Cono Sur en los años 70/80.

Seal Lock es la representante exclusiva en Argentina de la empresa estadunidense Advantage, que elabora precintos inviolables. En ese carácter es proveedora de otras empresas en las que participaba Cavallo: Sertracen, de El Salvador, y Renave, de México.

En 1998 Talsud se asoció con la firma francesa Gemplus y la mexicana Aplicaciones Informáticas, del millonario Henry Davis (accionista del Grupo Financiero Banamex-Accival, ex presidente de la Comisión Empresarial México-Estados Unidos y ex directivo del Grupo Cifra que controla los almacenes Aurrerá, Vips y Wal-Mart), para adjudicarse un año después la concesión del Renave, encargado  de empadronar casi 15 millones de vehículos; un negocio que tenía como piso unos 400 millones de dólares y que fue privatizado con el argumento de paliar el robo de autos y camiones, ya que México es considerado un "país enlace" de las bandas de traficantes internacionales. Según la periodista Olga Wornat, los nexos de Martiel SA y Talsud, del tándem Cavallo-Radice, con Gemplus Industrial, SA ?una empresa líder en tecnología de "tarjetas inteligentes", de origen francés, con ventas de casi 900 millones de dólares anuales y 6 mil empleados en todo el mundo, que opera una planta industrial en Cuernavaca?, podrían venir de la amistad entre Radice y Rodolfo Galimberti, un ex guerrillero de la organización Montoneros que está vinculado con los servicios de inteligencia galos.

Antes de participar en la licitación del Renave en México, Cavallo abrió una empresa privada en El Salvador, Servicios de Transportes Centroamericanos (Sertracen), una subsidiaria de Talsud que obtuvo la concesión para la expedición de licencias de conducir, permisos de circulación y registro de vehículos. El gerente de Sertracen es Oscar Eduardo Cavallo, hermano de Ricardo. Oscar también fue miembro de la Armada. Talsud posee 33 por ciento de las acciones de Sertracen.

En El Salvador, los hermanos Cavallo establecieron estrechos lazos con el empresario cafetalero Francisco Borja Nathan, un exportador ligado al vespertino El Mundo y al partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder. Borja posee 48 por ciento de las acciones de Sertracen y fue acusado por la diputada Nilda Díaz de ser "prestanombre" del ex presidente Alfredo Cristiani y del ex ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera. Otro socio de la empresa, Arturo Argüello Oertel, gerente del diario El Mundo, es señalado como pariente cercano del actual ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, considerado líder del "ala dura" de Arena, el partido fundado por el mayor Roberto D'Abuisson (fallecido), considerado el asesino intelectual de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador.

Junto con Belice, El Salvador es uno de los puntos de partida hacia Sudáfrica de los automóviles robados. Sertracen participa además en el Registro Nacional de Armas, que está en manos del ejército salvadoreño. Según información originada en Argentina, Ricardo Miguel Cavallo habría asesorado a los militares salvadoreños en los años 80. Se habla de una relación cercana entre el GT 3.3.2 de la Esma y el llamado Grupo de Tareas Exterior, que dependía del Batallón de Inteligencia 601 del ejército argentino, que asesoró en "guerra sucia" y torturas a militares de El Salvador y Honduras, y a los contras nicaragüenses, en el marco de un programa conocido como "La tripartita".

La conexión boliviana

La "conexión boliviana" es otra pista que liga a Cavallo con el Plan Cóndor. Los vínculos del marino argentino con los servicios de inteligencia bolivianos se remontan a 1976. En esa fecha habría sido parte del apoyo logístico para el asesinato del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, perpetrado en Buenos Aires. En 1980 Cavallo apareció en Bolivia apoyando al "cuartelazo de los cocadólares", que llevó al poder a Luis García Meza, condenado hasta el 2024 por corrupción y violación a los derechos humanos, y fue la mano derecha del coronel Luis Arce Gómez, el jefe del G-2 (Inteligencia Militar), preso en Estados Unidos por narcotráfico. A la caída de la narcodictadura, en 1982, se instaló en Santa Cruz de la Sierra, protegido por sus "socios" del Plan Cóndor. El año pasado, la sociedad Talsud-Sertracen, en la que tiene intereses Cavallo, compró el pliego de licitación del Registro de Identificación Nacional (RIN), que tiene el control de la ciudadanía en Bolivia. Otros clientes bolivianos de Cavallo fueron la Policía Nacional, el Registro Unico Nacional (que será remplazado por el RIN) y la Cooperativa Rural de Electrificación de Santa Cruz. Un Estado dentro de otro Estado.

Dice Giulio Sapelli que en una teoría de la corrupción lo que cuenta no es tanto entender por qué ella se extiende, sino en todo caso por qué se vuelve visible y menos secreta. A su juicio, la clave de la respuesta está en el modo en el que se desarrolla la lucha y la circulación de las elites económicas y políticas. Ese "modo" tiene que ver con la carencia de legitimidad que provoca esa lucha y que lleva a un desorden institucional, a la inestabilidad del poder y la sustitución de los valores tradicionales ("éticos") por el interés. El advenimiento de nuevas elites económicas y políticas descompagina "mercados secretos" e ilegales consolidados, y obliga a "heredar" y a "contratar" la herencia de ellos con los viejos y a menudo inexpugnables detentadores del poder. En México, el asunto tiene que ver con la lucha y la circulación de las elites económicas y políticas, que en un periodo de fin de régimen y de transición de un partido de Estado a un gobierno surgido de la oposición, exacerban la ruptura de las antiguas regulaciones y suponen una recomposición más o menos violenta de las alianzas y pactos secretos del poder. México tiene una larga historia de corrupción institucionalizada. Una corrupción de carácter estructural, sistémica, que incluso ha dado lugar a que se hable de una "cultura priísta", como identidad genética y sinónimo de chantaje, extorsión y pactos fuera de la ley, complementada con una impunidad sin límite al servicio de los poderosos.

Las claves de la corrupción

Dado que se trata de un acto ilegal, y por lo tanto punible, un elemento clave de la corrupción es el secreto. El ocultamiento. De allí que detrás de la tórrida trama del Registro Nacional de Vehículos y sus derivaciones judiciales transcontinentales, los mexicanos sospechen que se oculta una vasta red de intereses criminales, de características cuasi mafiosas, que involucra a la economía y la política. En rigor, se trata de un reflejo del peso creciente asumido en todos los países por la dimensión que adquieren la regulación y el control de los mercados. En ese sentido, el episodio del Renave ?y otros escándalos clasistas recientes como el Fobaproa y el anatocismo?, remiten siempre a los empresarios y los políticos. Porque como dice Sapelli, el problema central de la corrupción es el de la circulación de las elites.

Facciones que, en el caso de México, crearon un Estado dentro de otro Estado, con sus propias reglas, pactos y alianzas de defensa recíproca contra todos sus competidores, y que hasta 1994 había asegurado una disciplina colectiva. El castigo por romper las reglas de juego, el silencio, la paciencia y sobre todo la jerarquía, era el exilio de las posiciones de poder y las riquezas del país.