La brecha terregosa que comunica las rancherías de Cosalá, en Sinaloa, está sembrada de cruces.

A izquierda y derecha del camino, uno tras otro los símbolos se suceden en los 90 kilómetros de terracería, a veces en grupos de tres o de cinco.

Cada cruz representa el asesinato de una persona, muerta en emboscadas o ejecutada en ajustes de cuentas, comunes en este municipio al que se considera el corazón de la siembra de mariguana y amapola en el estado.

Ajenos a la multitud de crucifijos, algunos jóvenes recorren la brecha en camionetas nuevas, cerveza en mano y las armas apenas disimuladas. Miran atentos a todo aquel que se cruza en su camino, listos para responder a lo que se presente.

Hace apenas una semana que una veintena de hombres ejecutó a 12 personas en el rancho de El Limoncito de Alayá, y las heridas todavía están frescas. Se nota en la soledad del camino: además de los jóvenes armados, los únicos que circulan por la vereda polvosa son convoyes de soldados y policías.

Se nota también en la repentina ausencia de hombres en todas las rancherías, temerosos, dicen los que quedan, de la venganza que seguirá a la masacre.

Porque en Cosalá, como en el resto de la sierra de Sinaloa, la justicia se obtiene por propia mano.

Y en este caso, las cuentas ya empezaron a cobrarse: en la semana siguiente a los hechos de El Limoncito, nueve personas fueron ejecutadas, entre ellas un comandante de la Policía Ministerial que trabajó 27 años en el municipio.

Las cruces del camino, pues, seguirán en aumento.

*La fuerza del Estado
 
Los nuevos vientos políticos que soplan en el país trajeron para Sinaloa un repunte inusitado en la violencia.

A mediados de diciembre dos personas fueron ejecutadas en Culiacán. Días después, en Higueras de Abuya, un poblado al sur de la capital, otras cuatro fueron asesinadas, y después, cerca de allí, en El Salado (pueblo nativo de Ismael Zambada Higuera, El Mayo, el segundo en el mando del cártel de Sinaloa), ocurrió el homicidio de otras dos más.

Luego, el 3 de enero, seis jóvenes fueron ejecutados en la colonia residencial de Las Quintas, y la indignación de los culichis (nativos de Culiacán) se desbordó: tres de las víctimas eran inocentes.

Tanto fue el escándalo que el gobernador Juan S. Millán se vio obligado a pedir ayuda. "Debemos reconocer la vergüenza de ser la cuna del narcotráfico en México", confesó el 13 de enero, y en seguida demandó que aumentara la presencia militar en Sinaloa.

La respuesta llegó a la semana siguiente. El 16 de enero 2 mil efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) arrancaron el llamado Plan Piloto de Seguridad, que consistió básicamente en el establecimiento de retenes y patrullajes en la capital sinaloense.

En seguida, el 24 de enero, el presidente Vicente Fox anunció en Culiacán el inicio de una cruzada nacional contra la delincuencia.

"La guerra a las perniciosas mafias delictivas será sin cuartel ?dijo Fox?. Será una lucha quizás amarga, por la perversa influencia del dinero sucio; estoy seguro de que habremos de cumplir nuestros cometidos".

Hasta allí todo parecía marchar bien para los sina- loenses. Durante las tres semanas que permaneció la PFP, en Culiacán sólo se cometieron tres homicidios, una cifra bajísima en comparación con los que tradicionalmente ocurren en esa época.

Los militares uniformados como policías fueron bien recibidos.

"Es bueno que se incrementen radicalmente las acciones como estas, en contra del arm  amentismo y el crimen organizado", aplaudió Jaime Cinco Soto, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). "No había otro camino que una intervención contundente del aparato federal de seguridad", secundó a su vez el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Ezequiel Herrera.

Todo fue un espejismo.

Los efectivos de la PFP se marcharon al mediodía del 8 de febrero. La tarde y noche de ese jueves se cometieron cuatro ejecuciones.

Una semana más tarde, en El Limoncito, 12 personas fueron ejecutadas y cuatro más sufrieron la misma suerte en Culiacán. Dieciséis homicidios en 24 horas.

La espiral de asesinatos no se detuvo. Al final del mes, el saldo es alarmante, incluso para los sinaloenses, que están acostumbrados a la violencia: 150 ejecuciones entre diciembre y febrero, la cifra más alta para un periodo similar desde 1996.

En el gobierno del estado se encendieron los focos rojos. En medio de críticas por el fracaso del Plan Piloto, el gobernador Juan S. Millán dice que las ejecuciones no representan un aumento general del índice delictivo.

"En los últimos dos años los homicidios dolosos vinieron con una curva descendente muy importante ?afirma?. Incluso llegamos a finales del 2000 con una disminución de 23 % con respecto al promedio anual que tuvo mi antecesor".

El resto de los delitos, insiste el gobernador, mantienen la tendencia a la baja, porque en el fondo la nueva ola de violencia es ajena a la sociedad sinaloense.

Según Millán, cada relevo gubernamental se acompaña de un reacomodo de los cárteles de la droga, aunque reconoce que esta vez es distinto.

"El ingrediente adicional es que el presidente Vicente Fox, el 12 o 13 de diciembre, frontalmente le declaró la guerra a uno de los cárteles del narcotráfico. Nosotros dijimos que era una acción limitada y que inmediatamente iba a traer repercusiones en las regiones o estados donde operan los otros cárteles... Allí es donde nosotros encontramos parte de las razones por las que se han recrudecido los ajustes de cuentas en otras partes de la República, incluida Sinaloa".

Millán no descarta incluso la posibilidad de que el repunte en la violencia sea una venganza personal de los grupos de narcotraficantes, por su reiterada solicitud para que aumente la presencia militar en el estado.

A los sinaloenses tal planteamiento recuerda a la operación Cóndor de los años setenta, cuando el ahora gobernador era director de tránsito del estado.

Juan S. Millán tampoco descarta que las ejecuciones sean un intento de desestabilizar a su gobierno, e incluso advierte que la masacre de El Limoncito podría estar relacionada con la visita del presidente estadunidense, George Bush.

"Si lo vemos en un entorno más amplio, fuera de los límites de Sinaloa, ubicaríamos esa matanza de Cosalá unas horas antes de la visita del presidente Bush, una reunión bilateral donde todos sabemos que el tema obligado es el narcotráfico".

¿De veras llega a esas alturas?

Algunos datos apuntalan la hipótesis.

Casi un mes después de la declaración de guerra de Fox al cártel de Tijuana, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, uno de los principales capos del narcotráfico en Sinaloa.

Luego, el 26 de enero, según una información nunca desmentida de la Associated Press (AP), en Apodaca, Nuevo León, se habrían reunido los jefes de los cárteles mexicanos de la droga, para intercambiar información y elaborar estrategias conjuntas para aumentar la distribución en México y Estados Unidos.

A esta junta, afirma el cable de AP, no asistió la familia Arellano Félix.

Casi un mes después, el 20 de febrero, seis integrantes del cártel de Tijuana fueron encarcelados en el penal de La Palma, en Almoloya, junto con el resto de los miembros detenidos desde hace varios años, ninguno de los cuales, por cierto, cuenta con las facilidades que tenía El Chapo en Puente Grande.

Cuatro hechos distintos y un común denominador: todos, en una u otra forma, afectan los intereses del cártel de Tijuana y alimentan la versión de que, especialmente contra sus integrantes, se aplicará toda la fuerza del Estado.

La respuesta de los Arellano fue agria. En El Limoncito, unas horas antes de la visita del presidente estadunidense George Bush, el cobrador de la familia, Lino Portillo Beltrán, encabezó la ejecución de 12 personas.
 

*La raíz del miedo

Al llegar la camioneta los hombres corren, asustados.

Es hasta que se cercioran de que los recién llegados no son policías que se atreven a seguir en sus labores: cargan, en una troca de tres toneladas, algunas cajas de refresco, sillas, lámparas y una sierra de motor.

El susto no es para menos.

A unos metros todavía se aprecian las manchas de sangre de los hombres ejecutados el 14 de febrero, entre ellos un menor de edad y dos albañiles que estaban en la zona por casualidad.

La versión oficial dice que los mataron porque ocultaron a los hermanos Manuel y Javier Torres Félix, ganaderos de La Ilama que aparentemente se dedican también a la siembra de mariguana.

Ahora, una semana después de la masacre, la sangre y los vidrios son lo único que queda de los habitantes de El Limoncito de Alayá, un rancho de 13 casas donde ya no vive nadie, ni siquiera las 100 reses que poseían los lugareños.

Como en el resto de la sierra, el miedo es tal que parece físico. Por eso los cargadores apenas responden al saludo. Por eso evaden las preguntas sobre la matanza.

Uno de ellos, tan delgado que la caja de refrescos que carga amenaza con romper su espalda, señala a un cerro hacia el norte, a un par de kilómetros del rancho.

"Allí se escondieron unos días; los soldados encontraron latas de comida ?cuenta?. Luego bajaron a El Cajoncito, donde estaban los albañiles trabajando en una bodega, los agarraron y se los trajeron para acá".

El Cajoncito es otro rancho igual de pequeño que El Limoncito, aunque aparentemente es menos próspero que su vecino.

"Cuando estaban cerca se bajaron y unos se vinieron por ese arroyo (apunta al oriente) para rodear el pueblo, y otros le siguieron por el camino. Luego agarraron a los hombres y los mataron aquí, donde estamos parados".

Para ese momento el resto de los cargadores agarran confianza y se atreven a participar en la plática. Uno de ellos, que desde la llegada del reportero no suelta una cuerda de plástico, señala a otra mancha de sangre, 20 metros al sur.

"Allí cayó Chencho, fue el que brincó de la camioneta. Le volaron toda la cabeza".

Y cuenta más detalles. Que no fueron todos los que dispararon, sino unos cuantos. Que casi todos hablaban como sina- loenses, menos el que parecía ser jefe. Que antes de los balazos los vecinos estaban comiendo chicharrones de cochi (cerdo)...

-¿Es cierto que buscaban a Javier y a Manuel Torres Félix?

Silencio.

-No sabemos ?responde el flaco después de varios segundos?. Nosotros supimos todo por la tele.

Fin de la historia. Los cargadores regresan a la troca.

Diez kilómetros al norte, en el rancho Las Milpas, una vecina morena y regordeta explica la raíz de tanto miedo.

"El lunes (19 de febrero) los vieron en Tellaeche ?dice en referencia al grupo que asesinó a los hombres de El Limoncito?. Le hablaron al boludo (helicóptero) y los anduvo buscando, pero no encontró nada".

-¿Eran los mismos?

-Sí, porque hasta se burlaron por radio de los policías que están estacionados en la entrada del pueblo.

-¿Hablaron por la frecuencia de la policía?

-Les pusieron unos corridos de narcos y se reían, dijeron que no los iban a agarrar, que pa qué se hacen pendejos. Los policías nomás les decían "cállense, pinches matones". Hasta acá se oían sus gritos.

Una costumbre muy sinaloense. En Culiacán es común que después de algunas ejecuciones ?sobre todo las que provocan más escándalo?, por la frecuencia policiaca se escuchen canciones de narcotraficantes, especialmente las que tengan alguna referencia al delito cometido.

Sin embargo, en la sierra los corridos no son el único estímulo para mantener la boca cerrada.

Un día antes del avistamiento en Tellaeche, en los periódicos locales se publicó una lista de presuntos responsables de la matanza, entre los que aparece Lino Portillo Beltrán.

El móvil del mutihomicidio fue, advirtió una fuente de la procuraduría estatal, la disputa por el control de la producción de mariguana en la zona.

 Lino Portillo ?quien también se hace llamar Arturo Martínez González? es el mismo que, según la Procuraduría General de la República (PGR), en 1998 ordenó la ejecución de 19 personas en Ensenada, Baja California.

Este crimen es muy parecido al que se cometió en El Limoncito: en ambos casos los presuntos asesinos ves-tían ropas militares; entre las víctimas había menores de edad y, como en Ensenada, el castigo pareció excesivo para un narcotraficante de poca monta. Como si fuera una lección.

La versión no fue confirmada ni desmentida por el procurador, Jesús Castro Atondo. En cambio, pronosticó que el caso será resuelto "en muy corto plazo".

Como quiera que sea, lo cierto es que a los familiares de las víctimas no parece importarles el curso de las pesquisas. Según el procurador Jesús Castro Atondo, los testigos han aportado pocos elementos, "casi los mismos que dijeron a los medios de comunicación".

Y en la averiguación previa, dice una fuente de la procuraduría, no se menciona ni una sola vez los nombres de los hermanos Torres Félix, quienes por cierto están desaparecidos.

Mientras, el asunto sigue su propio cauce.

Entre el 14 y el 28 de febrero, nueve personas fueron ejecutadas.

*El verde es vida

Los pleitos radiales entre policías y delincuentes son una muestra del poder real del narcotráfico en Sinaloa.

En Culiacán, por ejemplo, existe un mercado cuyos principales clientes son sembradores de amapola y mariguana de las rancherías de Cosalá y Badiraguato, que cada sem  ana bajan a comprar discos con corridos de narcos, cinturones piteados, botas y sierras de motor, indispensables para desmontar los terrenos de cultivo en cañadas y cerros.

Junto a El Mercadito -como se conoce al sitio? deambulan decenas de jóvenes que, calculadora en mano y sin hacer preguntas, se dedican a la compraventa de dólares en la vía pública. En una buena jornada, cuenta una quinceañera, "cambiamos hasta 10 mil" billetes verdes.

La muchacha no lo dice, pero entre los culichis es secreto a voces que este dinero proviene de la siembra de droga, y que de otra forma sería difícil de lavar. Se trata de un negocio próspero.

Cerca de allí, a una calle del palacio de gobierno, se encuentra la capilla dedicada a Jesús Malverde, venerado como protector de narcotraficantes.

El santo tiene fama de ser muy eficiente, y una muestra son las placas de agradecimiento que algunos de los traficantes más reputados han colocado en el recinto. Apellidos como Caro, Quintero, Payán, Félix, Zambada o Lizárraga aparecen en las paredes junto a leyendas como "Doy gracias al santo Malverde por ayudarnos en nuestro trabajo y cuidar a la familia. De Sinaloa a California".

Curiosamente, en la capilla no hay una sola placa con el apellido Torres Félix.

Más. En Culiacán todavía se recuerdan los anuncios radiofónicos que solía pagar Rafael Caro Quintero, mediante los cuales solicitaba trabajadores "para la pizca de manzana".

Algunos de quienes respondieron al llamado terminaron encerrados en el rancho El Búfalo, de Chihuahua, donde el sinaloense sembró 8 mil hectáreas de mariguana. El descubrimiento de la plantación causó la muerte al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Hoy, estos anuncios son más discretos, y generalmente se publican en clave en los diarios. "Tenemos lo que usted necesita, casas, terrenos, seguridad, discreción", reza uno. "Inversiones sin problemas", promueve alguno más.

Y si de negocios se trata, en Culiacán existe otro que prospera desde hace varios años: la ejecución, mediante contrato, de cualquier persona.

El miércoles 21 de febrero se dictó auto de formal prisión a los presuntos asesinos del abogado Abel Lizárraga Zataráin, ejecutado en marzo de 1999.

En su declaración preparatoria, los homicidas, Francisco Montes Ríos y Nicolás Niebla Zazueta, confesaron que por el trabajo habían cobrado 75 mil pesos. Y no son los únicos.

Según el presidente del Frente contra la Impunidad, Miguel Angel García Leyva, en Sinaloa hace tiempo que existen "escuadrones de la muerte y sicarios" que están al servicio del crimen organizado.

Y si esto ocurre en Culiacán, en las rancherías de la sierra la presencia del narcotráfico es aún más evidente.

Un anciano de La Ilama, por ejemplo, cuenta que la masacre de El Limoncito les causó un doble problema: los tranvías (camiones) suspendieron sus corridas, con lo cual quedaron prácticamente aislados, y además, la fuga del ganadero Javier Torres Félix dejó sin empleo a por lo menos un centenar de personas.

-¿En qué trabajaban?

-Cuidando el ganado, haciendo cercas allá en los cerros o en la siembra de maíz. Todos los días llegaba la camioneta por los trabajadores; nomás de La Ilama se iban unos 20, pero el señor Javier mandaba carros a todos los ranchos.

El anciano confiesa que a lo mejor no todos los empleos que ofrecían los Torres Félix eran lícitos ?"eso no lo sé"?, pero a mitad de la sierra las opciones son escasas. Más en estos días, cuando la sequía se ha adelantado.

"Si tuviéramos una empresa no tendríamos que dedicarnos a la droga", confiesa una vecina de La Huerta.

"A nadie le gusta arriesgar la vida, pero la verdad es que no hay de otra; mire, ya hasta el pozo se nos secó", cuenta, mientras señala el fondo oscuro de la noria, donde reposan unos cuantos hectolitros de agua.

"De aquí agarramos para nosotros y los animales. Y esa agua nos tiene que durar hasta julio".

Quejas como esta se repiten en todos los ranchos de la sierra. De Las Milpas a Alayá; de Santa Cruz al Higueral y llegan incluso a la cabecera municipal, en Cosalá.

En este páramo, el contraste es el rancho de los Torres Félix, Los Llanos del Refugio.

Ubicado en la sindicatura de La Ilama, a 500 metros de un centro de adiestramiento de la policía estatal, la construcción de media hectárea cuenta con pozo propio, caballerizas, troje, televisión por cable y jardines con árboles de pingüica para las fiestas, que según los lugareños solían durar hasta tres días y eran amenizadas por bandas como Tierra Blanca o El Coyote.

En los días posteriores a la masacre de El Limoncito algunos familiares de Javier Torres argumentaron que la riqueza les viene de abolengo, herencia de unos antepasados muy ricos.

Pero en La Ilama, algunos de los ex empleados de don Javier no pueden ocultar el secreto de su profesión: sus manos tienen manchas negras, igualitas a las que, dice un pescador de la presa El Comedero, se forman al cosechar la goma de amapola.

*La vida en rosa

El gobernador Juan S. Millán dice que no quiere minimizar el problema de la violencia. Pero, asegura, los multihomicidios no son fenómeno nuevo en Sinaloa.

"Si tuviéramos una relación de todos los asesinatos masivos, enfrentamientos en las calles donde han caído más de cuatro o cinco personas, o las ejecuciones donde un grupo mata a siete, ocho o 10 personas, veríamos que desde hace muchos años vienen ocurriendo en nuestro estado".

Cuenta que, por ejemplo, en la década de los setenta los enfrentamientos ocurrían incluso durante los sepelios ?"hubo uno en el que la balacera duró 40 minutos"?, lo que motivó a que se pusiera en marcha la Operación Cóndor.

"No es por minimizar lo que está ocurriendo ?advierte el gobernador?, pero hoy no es como antes. Fue terrible".

Sin embargo, a pesar del optimismo de Millán lo cierto es que para algunos, como Oscar Loza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), el problema de la violencia está fuera de control. Y cada vez es peor.

"Hay tres elementos nuevos que son preocupantes ?advierte?. Uno es que cada vez son más las mujeres que son ejecutadas, otro es que los homicidios se cometen con mayor crueldad, y el tercero es que las masacres van en aumento".

Un problema adicional, añade por su parte Jaime Cinco Soto, presidente de la CEDH, es que hasta ahora ni el gobierno estatal ni el federal tienen una política criminológica para combatir eficientemente a la delincuencia.

En el caso de las autoridades locales existen "fallas estructurales" que prácticamente paralizan la investigación de los delitos.

"Es paradójico que en una entidad donde los homicidios van en aumento el Servicio Médico Forense sea virtualmente inexistente ?se queja?. Ni siquiera en los casos relevantes, donde el gobierno destinó sus mejores elementos y se comprometió a castigar a los responsables, han podido integrar correctamente una averiguación previa".

Ejemplos son, subraya Jaime Cinco, los homicidios del vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Ignacio del Valle Lucero, y del presidente de la Federación de Abogados, Jorge Aguirre Meza.

En ambos casos las deficiencias en la investigación motivaron dos recomendaciones de la CEDH para que se corrigieran.

"Si actuaron así con estos dos personajes, imagínese lo que pasa con un ciudadano cualquiera. No hacen nada".

Pero quizá el elemento más difícil de vencer, reconocen Oscar Loza y Jaime Cinco, es la penetración que el narcotráfico y el resto del crimen organizado tienen en la sociedad sinaloense.

"La delincuencia hay que atacarla desde varias perspectivas ?dice el presidente de la CEDH?. Por ejemplo hay un alto consumo de alcohol, pero cuando planteas que se reduzca el horario de venta de inmediato protesta la Cámara de Comercio. Tampoco dicen nada los concesionarios que venden automóviles cuando llegan los tipos a comprarles flotillas y les pagan en dólares".

Sentencia: "La verdad, cuando se trata de negocios se olvidan los compromisos".

¿Están condenados los sinaloenses a vivir en la violencia?

"No es un destino manifiesto", dice Jaime Cinco, quien de entrada propone combatir el tráfico de armas ("sin pistola los delincuentes no hacen nada"), y después establecer una legislación eficiente para combatir el lavado de dinero.

El gobernador Millán, por su parte, insiste en que la guerra a los criminales no la pueden librar solos, pues se necesita el apoyo del gobierno federal además de la coordinación entre los estados que padecen el problema.

Y es que el poder del narcotráfico no es minucia.

El 28 de febrero el procurador Rafael Macedo de la Concha reconoció en Los Pinos que existen amenazas contra gobernadores y secretarios de Estado.

"Los narcotraficantes y el crimen organizado están buscando cómo intimidar, cómo provocar que la autoridad se aparte de su responsabilidad ?dijo?. Pero el objetivo es claro: no declinaremos, iremos con todo" en contra de ellos.

¿Es Juan S. Millán uno de los amenazados?

El gobernador sonríe cuando se le formula la pregunta. "He dicho, con todo respeto a los compañeros de los medios, que esa pregunta no se las voy a responder".

-¿Por qué?

-Porque no voy a ponerme de mártir ni decir que soy un superhombre o que las amenazas del narco no me van a amedrentar. Es la responsabilidad que tengo como gobernador y asumo todos los riesgos.

El procurador general de la República, en todo caso, ya ha admitido los riesgos. Y en esa ruta anunció, el 1o. de marzo, que muy pronto se hará realidad el tratado de extradición "temporal" con Estados Unidos, país que, por cierto, ya reclamó a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

¿Son ellos, los extraditables mexicanos, quienes buscan que las autoridades mexicanas "se aparten de su responsabilidad"?

En la capilla de Malverde, un veinteañero no quita la mano a la efigie del santo.

Lleva rato en la misma posición, medio inclinado sobre el altar, la mano libre en un puño y los labios apenas en movimiento, como si rezara.

Visto de perfil, el rostro del joven parece familiar.

De pronto se incorpora y coloca en la cabeza del santo el crucifijo que llevaba colgado al cuello.

Y entonces se aclaran las dudas. El veinteañero es el mismo que aparece en las fotos del sepelio de las víctimas de El Limoncito que aparecieron en algunos diarios locales.

Quién sabe que le habrá pedido al santo, pero la historia deja pocas alternativas.

Tal vez, dentro de unas semanas, en las brechas de la sierra sinaloense aparezcan nuevas cruces.*