LUNES Ť 12 Ť MARZO Ť 2001

Ť La mayoría carece de la documentación actualizada para operar: Cecilia Corona

Dejó gestión de Gertz unos mil 900 expedientes abiertos de empresas de seguridad privada

Ť Existen compañías que reclutan a su personal en las centrales de autobuses, señala

SUSANA GONZALEZ GUTIERREZ

A pesar que desde 1996 en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se creó un área especial que se encargara del registro y control de las empresas de seguridad privada que operan en el Distrito Federal, a la fecha existen decenas de compañías que carecen de la documentación necesaria y actualizada para funcionar.

De acuerdo con Cecilia Corona, titular de la Dirección Ejecutiva de Registro y Control de Empresas de Seguridad Privada, la pasada administración de la SSP, con Alejandro Gertz Manero al frente, dejó "abiertos" cerca mil 900 expedientes de empresas de seguridad privada, de los cuales la mayoría carece de la documentación necesaria y actualizada para operar conforme a la ley y sólo 780 tienen registro.

Manifestó que "hay una deficiencia en la integración de los documentos" y reveló como uno de los problemas principales el que las empresas han omitido informar oportunamente a las autoridades sobre las altas y bajas de sus elementos.

En entrevista, la funcionaria aseguró que al llegar a la dependencia, se hizo un muestro aleatorio sobre la documentación de las empresas privadas supuestamente registradas y se encontraron dichos errores por lo que se emprendió una campaña de "rigurosa revisión para invitarlas a cotejar sus expedientes a fin de que cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley".

Aseguró que hay compañías que ofrecen sus servicios en las calles e incluso "casa por casa" mientras el personal de otras no cuentan con ninguna experiencia ni preparación especial y refirió que hay operadores que les han revelado que "en las centrales camioneras se dan a la tarea de reclutar a sus futuros elementos".

Hasta la fecha de un centenar de expedientes cotejados, el 35 por ciento no reúne en su totalidad los 18 requisitos que las autoridades exigen y que van desde escritura constitutiva hasta la licencia de portación de armas y del manejo de perros si los tiene; los planes y manuales de capacitación y adiestramiento para el personal; la copia del reglamento interior; inventarios de bienes muebles e inmuebles; fotografía sobre el uniforme de la empresa; visitas de inspección entre otros.

Remarcó que a las nueve empresas que cuentan con permiso de portación de armas - entre ellas Seguritec, Servicio Panamericana, Bancomer y Banco Inverlat se les ha solicitado que informen "a detalle" el armamento que poseen. "Son cosas que no se venían haciendo y que ahora nosotros estamos implementando", dijo.

La funcionaria precisó que con "expedientes abiertos" se refiere a todas aquellas empresas que iniciaron trámites a partir de 1996 cuando se creó la citada dirección en la SSP para obtener la autorización correspondiente pero indicó que ni siquiera se cuenta con un directorio actualizado de las supuestas firmas existentes.

La ciudadanía, dijo debe tener la confianza y la certeza de que una empresa de seguridad privada está debidamente registrada y controlada por las autoridades para poder contratar sus servicios. De ahí, dijo, que las autoridades dieron como plazo hasta mayo para que todas las empresas regularicen su situación y puedan recibir una certificación expedida por la dirección de que han cumplido con los requisitos y en caso de que no lo hagan "tenemos como facultad amonestarlas con cinco mil salarios mínimos, suspenderles el registro y clausurarlas".

Según Cecilia Corona la mayoría de las empresas de seguridad privada en activo están de acuerdo con la intención de las autoridades de que se tenga un mayor control en el área porque a la larga les beneficia al eliminar la competencia desleal.

No obstante, reconoció que "ha habido casos, los mínimos, que se oponen a estas disposiciones, pero ha sido fundamentalmente por una falta de conocimiento y nos han dicho que nosotros no tenemos porque volver a pedirles la documentación cuando la ley dice que en cualquier momento estamos facultados para revisar y eso implica desde la forma en que operan, cómo están constituidos o sus cursos de capacitación, es decir absolutamente todo".