El acto multitudinario realizado ayer en el Zócalo capitalino marca la culminación de la movilización zapatista hacia la ciudad de México y el inicio de una nueva lucha cívica que habrá de desarrollarse en el Congreso de la Unión, con el objetivo de lograr la inclusión de los indígenas mexicanos, sus derechos y sus especificidades, en el marco constitucional del país. 

Las clamorosas adhesiones conseguidas por los comandantes rebeldes en más de diez entidades, en su lucha por obtener un estatuto de dignidad, inclusión y justicia para las comunidades indígenas, se vieron coronadas por la muchedumbre que ayer se dio cita en la Plaza de la Constitución para escuchar con respeto y emoción las lenguas más antiguas del territorio nacional, las cuales tuvieron, por vez primera en cinco siglos, un lugar protagónico en ese espacio urbano de centralidad histórica y política. 

Con este buen augurio habrá de dar inicio el debate legislativo tendente a la aprobación de la iniciativa de reformas legales elaborada por la Cocopa en materia de derecho y cultura indígenas. En ese proceso, la nación asiste a la oportunidad más promisoria que se haya presentado jamás para saldar su deuda histórica con los indígenas, un oprobio que es y ha sido fuente de inestabilidad, violencia, ilegalidad y marginación. La determinación de las comunidades chiapanecas ha ganado, en los siete años transcurridos desde su alzamiento, una amplia legitimidad y un claro respaldo de los pueblos indígenas de otras entidades. A ello ha de agregarse la disposición del Ejecutivo federal a pugnar por la aprobación de la Cocopa de los acuerdos de San Andrés, así como la movilización de fuerzas políticas y sociales de la sociedad mestiza en esa misma dirección. 

No debe olvidarse, sin embargo, que los intereses contrarios a ese acto de elemental justicia no se reducían a las cúpulas tecnocráticas que ostentaron el poder público durante los últimos sexenios priístas, sino que persisten en las corporaciones empresariales, en los cacicazgos ancestrales, en el propio Legislativo e incluso en el círculo del presidente Vicente Fox. En esa medida, conseguir la aprobación de la "ley Cocopa" y sentar, así, las bases para la reactivación del proceso pacificador en Chiapas, implica lograr la derrota política y parlamentaria de fuerzas reaccionarias racistas, intolerantes y antidemocráticas que no sólo pretenden perpetuar las actuales condiciones de opresión y marginación de los indígenas sino que constituyen el principal obstáculo para la transición democrática en la que están empeñados la sociedad y el Ejecutivo federal. 

Desde esta perspectiva, la travesía zapatista que culminó ayer en el Zócalo no sólo es un parteaguas de la lucha indígena sino también del difícil proceso de democratización nacional que empezó en 1988 (o en 1968) y que se ha robustecido con los aportes de incontables luchadores sociales y políticos, numerosos movimientos cívicos, los propios zapatistas y el propio presidente Fox. En esa lógica, el EZLN, el Ejecutivo federal y las fuerzas partidarias democráticas que reivindican la justicia social, están del mismo lado ante la aprobación de la "ley Cocopa" --una de las tres "señales" pedidas por los zapatistas para retomar el diálogo, además del retiro de tres posiciones militares en Chiapas y la liberación de los presos zapatistas aún encarcelados--, la materialización de una paz justa y digna, la consecución de un estatuto de igualdad y respeto para los indígenas del país y, en general, la construcción de una nación más libre, más equitativa y más incluyente.