Nurío, Michoacán

El ochenta por ciento de la superficie silvícola de Guerrero pertenece a ejidos y comunidades; sin embargo desde hace más de medio siglo son las grandes compañías madereras, principalmente las trasnacionales, quienes se han enriquecido a costa del bosque y sus pobladores, amparadas por generosas concesiones gubernamentales y contratos leoninos negociados a nombre de los auténticos poseedores por los sempiternos caciques serranos.
En los cincuenta monopolizaban la extracción de madera un puñado de empresas: Industria Forestal Cacho de Oro; Compañía Maderera de Guerrero; Aserradero la Providencia y Anexas; Compañía Explotadora e Industrializadora de Madera; Compañía Reginaldo Sánchez, Compañía del ingeniero José López Huesca, etcétera.
Destacaba Maderas Papanoa sa, propiedad de Melchor Ortega, un político empresario de los de entonces; de los que empezaban en la grilla y terminaban en los negocios (camino inverso al de la nueva generación de empresarios políticos que comienzan en el business y terminan como gerentes de una secretaría de Estado). Callista, padillista y seguidor de Miguel Alemán, Melchor Ortega combinaba sus funciones como dirigente del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, con el manejo de sus negocios --entre ellos Maderas Papanoa-- que desde mediados de los cuarenta explotaba los bosques de la exhacienda del mismo nombre, propiedad de la señora Felícitas Soberanes.
La compañía del revolucionario Ortega funcionaba como las viejas monterías del porfiriato. En una denuncia periodística de 1945 los trabajadores "se quejan de recibir bajos salarios y sufrir la ausencia de la más elemental seguridad en el desempeño de sus labores", pero también reclaman que "... la empresa tiene incluso una tienda de raya..."
Los asalariados de Ortega intentan sindicalizarse para exigir sus derechos laborales, pero el gobierno prefiere entregarles las tierras de la exhacienda y transformarlos en ejidatarios. Este cambio parece drástico pero sirve para que todo siga igual: el flamante ejido El Mameyal, como antes doña Felícitas, cede sus derechos a la compañía maderera. La diferencia es que ahora los cortadores trabajan en su propio bosque y formalmente no tienen patrón a quién reclamar.
En 1962, una nueva generación de serranos retoma la lucha fundadora de los cuarenta. Las reclamaciones son muy parecidas a las de dos décadas atrás: "No se pagó ni siquiera el salario mínimo. No se hicieron liquidaciones mensuales ni anuales. Nunca se envió al pasante de medicina para atender a los enfermos..." La siguiente denuncia testimonia lo añejo de los modos represivos en Guerrero: "Melchor Ortega...ha establecido una era de terror en distintos municipios guerrerenses en cuya jurisdicción existen ejidos forestales, para lo cual se vale no sólo de las influencias que tiene en ... [el gobierno]... sino de pistoleros a sueldo y hasta de algunos destacamentos de tropas federales..." Reclamos idénticos a los del porfiriato y los de la inmediata posrevolución, indiscernibles de los que se repetirán en la guerra sucia de los años setenta contra el Partido de los Pobres y en los noventa contra el EPR y el ERPI.
Pese a que los ejidatarios serranos acuerdan cancelar el contrato, su decisión no surte efecto y Ortega sigue saqueando los bosques. A principios de los setenta se reanima la rebeldía; contra Maderas Papanoa y contra Chapas y Triplay, administrada por Nacional Financiera. La lucha deriva en una virtual suspensión del corte de madera, y se combina con la eclosión de la lucha armada revolucionaria en La Costa Grande. Desde 1965 Lucio Cabañas anda en el monte organizando una guerrilla, y a principios de los setenta las acciones del Partido de los Pobres traen asoleado al ejército federal.

Para 1972, el ochenta por ciento de la explotación maderera guerrerense está en manos de cuatro compañías. Socialmente la situación es insostenible. Además de las luchas de resistencia de los ejidos poseedores de los bosques, la zona más rica --la sierra de Tecpan y Atoyac-- está inmersa en una cruenta guerra.
Si en el medio siglo agrarista la respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores de las empresas madereras fue una dotación ejidal que dejaba las cosas como estaban, en los populistas setenta la fórmula mágica es la estatización. Así, lo que el Inmecafé es a los productores del grano aromático y la Impulsora Guerrerense del Cocotero a los copreros, es la Forestal Vicente Guerrero para los silvicultores.
Creado por decreto presidencial el 2 de agosto de 1972, el organismo descentralizado del gobierno federal es un aparato contrainsurgente destinado a enfriarle el agua a la guerrilla del Partido de los Pobres, sobre todo en los ejidos serranos de La Costa Grande donde tiene sus más firmes bases de apoyo.

Formalmente, la función de la Forestal es absorber las distintas compañías madereras. Se le concede la explotación exclusiva de los bosques de la entidad. En 1973, Enrique Santoyo, primer director de la empresa, se queja de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería "...no cancela las concesiones a los viejos empresarios particulares, nulificando de hecho al organismo..." El director deja constancia de la resistencia campesina: "...como respuesta, hace cuatro meses no cortan un árbol. Tampoco permiten la entrada a los bosques al personal de esas empresas..."
La beligerancia declarativa de Santoyo es recompensada con su destitución. El gobierno pone al frente a Fernando Ojesto, personero de Rubén Figueroa Figueroa, vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas y cacique guerrerense por antonomasia, quien ocupa el cargo de presidente del Consejo Administrativo y dos años después será gobernador del estado.
La muerte en combate de Lucio Cabañas y el desmantelamiento de la guerrilla serrana, atenúan la preocupación contrainsurgente del gobierno. Los aparatos económicos de Estado, que desde principios de los setenta repartían dinero y compraban conciencias en el campo guerrerense, pasan de apagafuegos coyunturales a administradores burocráticos de la producción campesina comercial e instrumentos del nuevo clientelismo económico paraestatal.
Comparada con la descarnada explotación de las empresas privadas, los coyotes y los caciques locales, la operación de las paraestatales es un bálsamo. Pasada la corta luna de miel, los campesinos descubren que el gobierno es un patrón tan torpe y atrabiliario como los demás, y en 1980 los ejidos silvícolas de Las Compuertas, Bajos de Balsamar, El Balcón y Cordón Grande se agrupan para demandar mayor precio de la madera y cumplimiento de compromisos. Para 1985 el movimiento se extiende a El Molote, Toro Muerto, Puerto del Gallo, Vallecitos de Zaragoza, Pitos Pitales y Letrados, Corrales del Río Chiquito, entre otros pueblos. Se funda la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Grande de Guerrero, que agrupa a catorce comunidades silvícolas. La lucha se centra en el control de los fondos comunales generados por la madera, porque los permisos de corte se expidan con oportunidad y contra el alto costo de los servicios técnicos.
En 1988 la Coordinadora se transforma en Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria General Hermenegildo Galeana, que a principios de los noventa desarrolla en el ejido de El Balcón una interesante experiencia autogestionaria en industrialización y comercialización de la madera. La organización silvícola autónoma no es la única del estado. En la Costa Grande opera la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, que en su nombre lleva la fama.

Estos dos luchadores encarcelados se han convertido en paradigma del ecologismo rústico. Son emblema de la persecución, tortura y cárcel que acosan a los campesinos guerrerenses combativos, sean ambientalistas como Cabrera y Montiel o justicieros como Benigno Guzmán, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
Sin embargo la OCESP no es la única organización campesina que en la entidad defiende el bosque.
Las zonas serranas de Tecpan y Atoyac son territorio de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana, organización ecologista campesina que surge en Petatlán y Coyuca de Catalán, ámbito de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, dominado a la mala por el cacique Bernardino Bautista.
Mientras la Hermenegildo Galeana impulsa un proyecto silvícola justiciero autogestionado por las comunidades, la organización de campesinos ecologistas lucha por preservar el medio ambiente y en primera instancia detener el saqueo del bosque.
Ópticas divergentes, que al principio derivaron en desencuentros. Los ambientalistas campesinos, enfrentados a una unión de ejidos caciquil dispuesta a sacrificar el bosque a cambio de migajas, observaban en el proyecto de la otra unión no tanto los aspectos de equidad y autonomía como los riesgos de ecocidio. Por su parte la Hermenegildo Galeana veía en la lucha de sus vecinos ambientalistas el peligro de un conservacionismo a ultranza, que en nombre de preservar la naturaleza dejara sin opciones productivas a las comunidades.
El dilema entre conservar o aprovechar es falso. Con el tiempo, el desencuentro de los campesinos que luchan por una producción silvícola autogestionaria y socialmente justa y los que reivindican la preservación de la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema, se ha atenuado. En los ejidos de la Hermenegildo hace falta una buena dosis de conciencia ecológica; darse cuenta de que pelear por altas cuotas de extracción es suicida y que el bosque se puede aprovechar de muchas maneras, no sólo sacando madera. Es cierto que la lucha por la vida de todos mediante la defensa del bosque, encabezada por los campesinos ecologistas, no prosperará si no ofrece a las comunidades alternativas de producción e ingreso amigables con la naturaleza. Es necesario encontrar una senda que combine salud ecológica con justicia social y viabilidad económica. En el trazo de este camino, tan importante es la experiencia productiva de la Hermenegildo Galeana como el heroico ambientalismo de la Organización de Campesinos Ecologistas. Habitar, proteger y aprovechar son aspectos inseparables y complementarios de la sustentabilidad.