JUEVES Ť 12 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Las acciones, resultado de auditorías de los periodos 1999 y 2000
La Contraloría del DF ha sancionado a 95 funcionarios de la administración anterior
Ť Este mes la dependencia efectuará visitas sorpresa en oficinas de expedición de licencias y de la Tesorería para detectar casos de corrupción, anuncia Bertha Luján
GABRIELA ROMERO Y ELIA BALTAZAR
Por faltas administrativas de diversa índole, la Contraloría capitalina ha sancionado a 95 funcionarios de la gestión pasada, a partir de los resultados de las auditorías aplicadas durante 1999 y 2000.
Las sanciones incluyen amonestaciones, destitución e inhabilitación para ocupar un cargo público, como ocurrió en el caso de Carlos Albert, ex director del Instituto del Deporte, quien no podrá emplearse como funcionario en los próximos 25 años.
La titular de la Contraloría capitalina, Bertha Luján, anunció que este mes la dependencia llevará a cabo una serie de operativos sorpresa en distintas oficinas de la administración local, entre ellas las dedicadas a la expedición de licencias y en la Tesorería, debido a las denuncias relacionadas con la expedición de documentos apócrifos en el pago de tenencia, predial y otros derechos.
Según informes de la Contraloría, entre 1999 y 2000 se presentaron 257 quejas y denuncias relacionadas con labores de la Tesorería, de las cuales se han fincado 127 casos de responsabilidad administrativa, y "66 están ligados con corrupción".
Luján aseguró que para su dependencia no hay "intocables", y que se perseguirá el delito, independientemente del partido a que pertenezca el funcionario.
Dijo que después de su comparecencia ante el pleno de la ALDF, que se llevará a cabo el próximo martes, ampliará la información sobre funcionarios que podrían ser sancionados y explicará los motivos.
Casos pendientes
Según el informe que la Contraloría envió a la Asamblea Legislativa, de los dos últimos años están pendientes de aclaración 3 mil 243 observaciones, que implican un posible desvío de recursos por 5 mil 984.6 millones de pesos.
Sólo en lo que corresponde al año 2000, este órgano de fiscalización emitió 7 mil 333 observaciones a las diferentes áreas de la administración pública local, de las cuales ya fueron atendidas 4 mil 369, que explicaron el destino de 10 mil 927.7 millones de pesos, y quedan pendientes de respuesta 2 mil 964 observaciones más, por un monto de 4 mil 123 millones de pesos, ejercidos en 2000. El resto corresponde a 1999.
La Contraloría advierte en su informe que se redujo el número de observaciones y se mejoró la calidad de la administración pública capitalina, "al incrementar su eficiencia y eficacia". Destaca el caso de la Secretaría de Transporte y Vialidad, donde se reportó un daño al erario por 137.05 millones de pesos a causa del emplacamiento indebido de 85 vehículos de procedencia extranjera.
Respecto de la Procuraduría General de Justicia del DF, la Contraloría detectó contratos pendientes de finiquitar y compras de materiales de construcción sin comprobar en el rubro de obra pública. En el caso de almacenes e inventarios, se encontró que hay diferencias entre las armas entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la reportadas por el departamento de armamento y municiones de la dependencia.
En el proceso de adquisiciones se encontraron "pagos en exceso" a la Policía Bancaria e Industrial durante el periodo enero-julio de 1999, por un monto de 4 millones 158 mil pesos, por los servicios que presta a la PGJDF.
Se advierte que la aplicación del plan de austeridad en esta dependencia ha significado un ahorro de un millón 226 mil pesos, gracias a la puesta en marcha de medidas como la entrega de 50 por ciento de vehículos disponibles, restricciones en el uso de gasolina y mantenimiento, así como la cancelación de líneas telefónicas y teléfonos celulares, y servicio de fotocopiado.
Por otra parte, diputados locales de PRD, PAN, PVEM y PRI realizaron ayer visitas sorpresa a establecimientos mercantiles conocidos como giros negros.
El grupo estuvo integrado por la priísta Margarita González Gamio, los perredistas Adolfo López Villanueva y Gilberto Ensástiga, el panista Miguel Angel Toscano y la pevemista Jacqueline Argüelles.
El objetivo fue corroborar que las propuestas que se plantean en la iniciativa de ley de establecimientos mercantiles se adaptan a la realidad de los antros.
González Gamio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea, dijo que durante el recorrido corroboraron que este tipo de establecimientos no cumple con el horario de ley, ya que la mayoría excede el límite marcado, de la una de la mañana, y algunos incluso cierran hasta las 4.